La UE, en manos de Irlanda

Europa espera con incertidumbre y suspenso el resultado del referendo en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa.

Aunque los irlandeses fueron ayer a las urnas, el recuento de votos sólo comienza hoy y los resultados se conocerán en las horas de la tarde. El Tratado ya ha sido aprobado por los Parlamentos de 27 países de la Unión Europea. Irlanda fue el único que sometió la aprobación a referendo popular, pues la iniciativa despertó mucho rechazo en buena parte de la población.

Las encuestas señalan el triunfo del Sí. Sin embargo, las autoridades no se atreven a dar un resultado, porque los promotores del No guardan la esperanza de bloquear el Tratado, cosa que preocupa mucho a Bruselas, ya que este acuerdo debe ser aprobado por todos los países de la Unión Europea.

Este país ha sido una de las naciones que más se ha beneficiado con el ingreso a la Unión Europea, en 1973. Antes de hacerlo, era una de las más pobres del continente: sin infraestructura y tenía serios problemas económicos. Hoy, 35 años después, Irlanda se consolida como la segunda economía más grande de la Unión Europea. A pesar de eso, son muchos los irlandeses que ven con miedo la injerencia de la UE en la economía y la política exterior. Aunque no faltan las razones domésticas que fomentaron el temor: los escándalos de corrupción del ex ministro Bertie Ahern y el estancamiento del sector de la construcción, uno de los que registró mayor progreso en los últimos años.

¡Qué es el Tratado de Lisboa?

Lo que los irlandeses votaron ayer fue el Tratado de Lisboa, un acuerdo firmado en diciembre y que se basa en tres principios básicos: coherencia política, democracia y más eficacia en las decisiones. El texto, que reemplazó a la Constitución Europea, trata de darles agilidad a los mecanismos de decisión de la Unión Europea. Gracias al documento, se creó la figura del presidente del Consejo Europeo, con dos años y medio de mandato. También se modifica el método de votación, en el que una iniciativa debe ser aprobada por el 55% de los votantes.

El Tratado también inaugura la iniciativa ciudadana: un millón de firmas de ciudadanos de varios gobiernos serían suficientes para pedir que la Comisión tramite una iniciativa popular.

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