La Unión Europea no quiere inmigrantes

El Parlamento Europeo aprobó nuevas normas para expulsar a los inmigrantes ilegales. Latinoamericanos protestan por las medidas.

Los ocho millones de inmigrantes ilegales repartidos en los 27 países de la Unión Europea están, a partir de este jueves, a las puertas de la expulsión. Así lo determinó el miércoles el Parlamento Europeo (PE) que aprobó un duro paquete de medidas, que entrará en vigencia en unos días.

La llamada “Directiva de Retorno” tiene como objetivo unificar los criterios de repatriación de indocumentados en todos los estados miembros de la Unión. Antes de ser aprobada la nueva medida, existían grandes diferencias entre los métodos de detención, interrogatorios y expulsión de inmigrantes.

A partir de hoy todos los países deberán seguir al pie de la letra las directivas aprobadas. Los inmigrantes más afectados serían los africanos. Según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la primera comunidad de inmigrantes en Europa es la de rumanos, seguida en su orden de los marroquíes y luego ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos y, en los últimos tiempos, brasileños.

Las nuevas medidas

Los puntos clave de la directiva son:

1 Retorno: se contempla la repatriación al país de origen del inmigrante, a un país de tránsito con el que la UE tenga acuerdo de repatriación o a otro país al que el inmigrante decida ir, siempre que sea admitido.

2 Regreso voluntario: una vez sea dictada la orden de expulsión, se establece un período para el retorno voluntario del inmigrante, de entre 7 y 30 días. El período puede extenderse en función de algunas circunstancias (hijos en edad escolar, lazos familiares, entre otras).

3 Detención: una vez se ordena la expulsión del ilegal, éste puede pasar a un centro de detención por dos motivos: que sea un inmigrante de alta peligrosidad o si rechaza la repatriación. La UE garantiza asistencia jurídica gratuita, según la legislación de cada país.

4 Tiempo de detención: el período máximo será de seis meses, ampliable a 18 en caso de “falta de cooperación” del inmigrante para su repatriación o problemas en el proceso (obtención del permiso del país implicado u otros). Tras esos 18 meses, si no se ha producido la expulsión, el inmigrante debe quedar libre.

5 Prohibición de entrada: tras su expulsión, el inmigrante no podrá entrar a ningún país de Europa en un plazo de cinco años.

6 Menores de edad: los pequeños que no estén acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante el menor tiempo posible”. No obstante, los menores no acompañados podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia. Mientras estén internados, se les garantiza el “acceso a la educación”. Las protestas por las medidas no se han hecho esperar. Pero ya no hay marcha atrás.

“Es un horror”

El creciente número de latinoamericanos que emigran a Europa hizo saltar las alarmas en la región por la nueva medida. El primero en protestar fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien aseguró que las nuevas medidas son “una barbaridad” y “una vergüenza”. La medida busca “criminalizar la migración”. No fue el único que protestó. Evo Morales, mandatario boliviano, propuso estudiar una medida a nivel regional para pedir visa a los visitantes europeos. “Lo que nos toca es estudiar detenidamente la norma aprobada y veremos las medidas que haya que adoptar de acuerdo con los intereses de los inmigrantes bolivianos”, aseguró.