Vivir con miedo en un país extraño

Con la nueva Ley de Inmigración, aprobada por la Unión Europea esta semana, se estableció una nueva categoría: ser un humano ilegal. Así lo denuncian organizaciones sociales.

Juan Carlos Rocha es un arquitecto boliviano que llegó a España a principios del año pasado, antes de la entrada en vigor del visado que la Unión Europea impuso para los ciudadanos de su país, el 1º de abril de 2007. Viajó como un turista más pero dispuesto a quedarse a pesar de no tener papeles. La ilusión de encontrar aquí un buen trabajo, de alcanzar estabilidad económica y de mejorar sus condiciones de vida eran razones más que suficientes para asumir los riesgos. La aventura, sin embargo, tiene un precio muy alto.

Los sueños de Juan Carlos se estrellaron contra el fenómeno de desaceleración económica que desde finales del año pasado se registra en España, y que colapsó el sector de la construcción, disparando el desempleo entre los extranjeros.

Juan Carlos no sólo no consiguió trabajo sino que comenzó a sentir, en carne propia, el viraje que ha dado Europa, y la propia España, hacia una política migratoria cada vez más represiva frente a los inmigrantes sin documentos, una política que, aseguran los gobiernos, tiene su origen en la situación social y económica de los Estados de la Unión.

Hoy los inmigrantes sin papeles como Juan Carlos, no sólo están desempleados, sino que además viven con el miedo metido en la piel. “A partir de marzo de este año, luego de las elecciones presidenciales, empecé a sentir la presión policial, el endurecimiento de los controles migratorios en las calles. Ya no bastaba con evadir zonas en las que sabías se llevaban a cabo esos controles. Ahora, ni siquiera los agentes están uniformados, cualquier persona te puede parar. Evitamos encontrarnos con las patrullas, con la policía, cambiamos nuestras rutas, los lugares donde tomamos el metro o las paradas del autobús. No quieres salir de casa, ves a alguien extraño que te mira y ya estás asustado”.

Para Juan Carlos, la estocada final llegó esta semana con la aprobación en el Parlamento Europeo de la directiva de retorno, que contempla el internamiento de los inmigrantes sin papeles hasta por un máximo de 18 meses en centros especializados mientras se tramita su expulsión a sus lugares de origen. Volver a sus países, a pesar de que en muchos de ellos no existen las condiciones económicas, sociales o políticas, es una opción que los inmigrantes tienen ahora que evaluar. La incertidumbre sobre el futuro es un peso muy grande que hace daño, señala Juan Carlos, quien dice sentirse cansado de la persecución.

“Para vivir así, sintiéndote perseguido, sin poder salir a la calle, escondiéndote de la policía, preferimos regresarnos a nuestros países. Yo no soy ningún delincuente, no quiero estar en ninguna de esas cárceles. Por el simple hecho de no tener papeles te hacen sentir como un delincuente, no eres persona, no existes”.

En este mes, cuatro amigos de Juan Carlos compraron sus tiquetes para devolverse a sus países. No se llevan nada, en los pasajes invirtieron el último euro de sus escasos ahorros obtenidos en trabajos precarios. Ya nadie emplea a un irregular.

“Nadie sabe ni te pregunta lo doloroso que es estar aquí solo. No puedes pensar en traer a tu familia porque estás irregular. A muchos de mis amigos se les han enfermado o muerto sus padres y por no tener papeles no han podido viajar para ir a verlos o para asistir a sus entierros. Te dicen que no aguantan más, que quieren volver a ver a sus familiares, estar con ellos un tiempo. Nadie sabe lo duro que es vivir así”.

Juan Carlos y los casi 8 millones de inmigrantes irregulares que hoy residen en Europa no son los únicos preocupados por los alcances de esta directiva, que empezará a ser aplicada en un plazo de dos años. Organizaciones sociales y políticas han levantado su voz porque consideran que se dio un paso atrás en la protección de los derechos humanos en la Unión, al


tiempo que se estableció la subcategoría de ser humano ilegal. En pocas palabras, se intenta regular la migración ilegal como un problema de seguridad pública.

Critican que privar de la libertad a las personas por no tener sus papeles en regla, por ser un extranjero en condición de irregularidad administrativa, es una medida muy dura que los deja indefensos, porque la norma, advierten, no ofrece garantías judiciales suficientes.

Amnistía Internacional, una de las ONG de derechos humanos más respetada de Europa, precisó que la directiva “no garantiza el retorno, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes irregulares” y que a través de las medidas que contempla “se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembros, mientras se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo”.

Por su parte, el investigador y sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Lorenzo Cachón, señaló que Europa se equivoca en la defensa de sus intereses al favorecer discursos demagógicos y populistas que son extremadamente peligrosos en tiempos de crisis. “Europa no está dando pasos en la buena dirección al adoptar una directiva bajo el modelo más restrictivo del continente, que es el alemán, y eso atenta contra los valores y los derechos humanos que todos nos hemos esforzado por construir”.

Latinos en la mira

Un estudio de la Universidad de La Coruña realizado entre 2001 y 2003 registró un aumento importante en la inmigración de latinoamericanos a España.  Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): “La crisis económica de Argentina en el año 2002, la fragilidad de la economía brasileña, la inestabilidad en Venezuela y el conflicto interno de Colombia han impulsado fundamentalmente a los jóvenes y personas relativamente bien educadas a buscar una vida mejor en Europa”. Para 2003, en España había 1’047.564 inmigrantes latinos; 200.136, en Italia y 97.800, en Alemania. España es el destino más popular, seguido por Italia y Portugal.

“El irregular no es el culpable”

En diálogo con El Espectador, el ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, precisó que es una directiva equilibrada que armoniza las legislaciones europeas y fija unos mínimos, sobre todo en países donde no había ninguna de estas garantías para los inmigrantes irregulares.

Corbacho matizó que la directiva tiene, en general, aspectos positivos, pero también expresó sus reservas, “Europa tiene hoy una directiva que antes no tenía, eso es positivo. Sin embargo, a mí me parece que detener a alguien 18 meses es excesivo”.

El ministro confirmó que se modificará el período de retención de los inmigrantes irregulares a la espera de ser expulsados; pasará de los actuales 40 días a 60 para facilitar el proceso jurídico-administrativo de repatriación en coordinación con el país de origen.


Asimismo, reconoció que en Europa “corren vientos diferentes a los que corren en España”. Y se mostró inquieto frente a la posibilidad de que esos discursos políticos de corto plazo, que se escuchan en Italia o Francia, puedan generar, incluso en su país, tensiones sociales.

Corbacho pidió no pasar por alto esta reflexión, “no podemos equivocar el objetivo. No es el inmigrante irregular el culpable de la situación. A veces, el culpable es el que se aprovecha de él. No cometamos el error de ir a buscar solamente al que está en condición de ilegalidad y olvidemos al que se ha beneficiado de ello”. El ministro defendió el modelo migratorio de España.

Reacciones

América Latina se  moviliza para rechazar la polémica ley de expulsión de indocumentados.

Venezuela

Telesur, el canal continental que financia el presidente Hugo Chávez, inicia su programación con esta frase: “Latinoamérica de pie contra ley migratoria”.

Ecuador

El presidente, Rafael Correa, mostró su disgusto y dijo que promoverá un frente común. “Unidos somos más fuertes y podemos exigir nuestros derechos frente a una ley que es una vergüenza”, aseguró.

Mercosur

Los cancilleres de los países que integran el grupo -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- promueven un pronunciamiento conjunto ante la UE, que se suscribiría el 1º de julio.

Brasil

El Gobierno de este país lamentó “una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la emigración y va en el sentido contrario a la libre circulación de personas”.

Bolivia

El presidente Evo Morales recriminó a los políticos europeos por haber usado a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora los condenan a volver al hambre y a la desesperación. “Vamos a estudiar una respuesta”.

Argentina

Argentina rechazó con firmeza la nueva directiva de la UE: “Emigrar no puede ser considerado como un delito. Esta norma es terrible".

Uruguay

En Montevideo, la Cámara de Senadores declaró su rechazo a la norma porque aseguró “es una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica”.

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