La percepción de la comunidad colombiana LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) es que el Congreso que legisla para este país se quedó corto a la hora de admitir sus derechos. “Retardatarios” y “retrógrados” son algunas de sus palabras favoritas al calificar a los parlamentarios que, en la última década, han negado una por una todas las pretensiones de los homosexuales por obtener condiciones de igualdad frente a los heterosexuales. No obstante, saben que al demandar tantas leyes para que el Congreso las estudiara, ganaron con la generación del debate público. E identifican a la que ha sido su aliada fundamental en este proceso durante los últimos tres años: la Corte Constitucional.
El último aporte de este alto tribunal para la comunidad LGBT lo dio el pasado 28 de enero, cuando, en horas de la noche, divulgó apartes de la sentencia C-029 de 2009, con la que 44 artículos de varias leyes fueron modificados. A partir de este pronunciamiento, en Colombia, las uniones homosexuales quedaron equiparadas a las heterosexuales. Exceptuando por la ceremonia matrimonial, a la que todavía no pueden acceder, derechos como tener un patrimonio de familia inembargable, la obligación de prestar alimentos, subsidios en servicios y vivienda y títulos de propiedad compartidos son, ahora, un terreno ganado.
A Juan Sebastián Romero, edil de la localidad de Chapinero (Bogotá), no le preocupa no poder celebrar una boda con su novio, con quien está desde el año 2000. “Para mí no es relevante la ceremonia, pero si para alguien lo fuese, debería tener derecho. Igual que con la adopción. ¿O es que no se ven, muchas veces, niños maltratados por parejas heterosexuales?”, dice. Blanca Inés Durán, alcaldesa menor de dicha localidad, tampoco cree que es tan trascendental el tema de la ceremonia. Luce, con orgullo, un anillo que representa el compromiso con su pareja, con la que convive desde hace varios años. “Resulta que el tema simbólico es muy fuerte. Y en un país como éste, la Iglesia todavía tiene mucha influencia”.
Uno de los apartes favoritos de la sentencia C-029 de 2009, para la dirigente local, es el de los subsidios. “A cualquier colombiano le es muy difícil conseguir vivienda por lo costoso. Había que hacerlo en pareja, pero como las parejas homosexuales no tenían ese derecho, la mayoría de las veces no se podía”. Blanca Inés también anota que, al ser aceptadas plenamente las uniones maritales de hecho entre personas de un mismo género, el cambio se reflejará en las comisarías de familia, en las que se tendrán que ubicar especialistas para atender casos, por ejemplo, de violencia familiar entre parejas homosexuales. “En nuestra comunidad también es un serio problema, pero no había una atención estatal adecuada para tratarlo”, señala.
La alcaldesa y el edil de Chapinero, sin embargo, coinciden en que ése no debe ser el derrotero a seguir en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. “Sigue faltando trabajar en derechos individuales”, expresa Blanca Inés. “Que se pueda sancionar la homofobia, los crímenes de odio, la discriminación laboral y en la escuela”, añade. “Nuestro Senado se quedó en la Constitución del 1886. Pero creo que los gobiernos locales y departamentales pueden implementar políticas públicas para que se acabe la discriminación en lo cotidiano. Ahí está la clave”, agrega Juan Sebastián, quien indica que en esta materia Bogotá está a “años luz” de ciudades latinoamericanas como Caracas o Lima.
Este par de representantes de la comunidad LGBT no oculta su enfado frente a las acciones del Congreso. Ambos dicen que todavía hay parlamentarios “en el clóset”, pero que no aprueban leyes a favor de homosexuales para no perder votos. “Al menos los senadores cristianos ya no se refieren a nosotros como los que viven en pecado”, comenta entre risas Blanca Inés. Un poco más seria, continúa: “Nosotros no queremos que se legisle sólo para que no nos discriminen, sino para que la gente entienda que la democracia gana cuando se protegen las minorías”. “Y seguiremos dando la lucha”, declara Juan Sebastián. “Así nos cierren las puertas acá y tengamos que hacerlo en cortes internacionales”.
No obstante, reconocen que el avance que ha dado la comunidad LGBT, de la mano de la Corte Constitucional, ha sido a pasos agigantados. El primer pronunciamiento de este alto tribunal se conoció en febrero de 2007, cuando se avalaron los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales. Ocho meses más tarde, la Corte se volvió a referir a este asunto y determinó que los homosexuales podían afiliar a su pareja en seguridad social. Ahora, con el reciente fallo, este grupo poblacional cuenta con todas las garantías para formar un hogar. No les importa que aún les nieguen la posibilidad de que un juez les diga, en un rito, que legalmente son pareja.
El reciente fallo de la Corte Constitucional
Con la sentencia C-029 de 2008, 44 artículos de 18 leyes fueron modificados. Si uno de los dos integrantes de la pareja homosexual reside en Colombia por dos años, podrá aspirar a la nacionalidad colombiana. Estas uniones tendrán el beneficio de eliminar una sanción penal contra su compañero en caso de un delito culposo que afecte a su pareja, y cuando son víctimas de crímenes atroces, tendrán acceso a la verdad, la justicia y la reparación, así como también podrán pedir medidas de protección.
La pensión de supervivencia, derecho ya ganado, se extendió al régimen especial de la Fuerza Pública. Las uniones entre personas del mismo género podrán ser beneficiarias del SOAT en caso de accidentes de tránsito y se limitará también la celebración de contratos estatales entre un funcionario público y su compañero.