Fujimori: 25 años tras las rejas

El ex mandatario peruano saldría libre el 10 de febrero de 2032, a los 93 años.

La sonrisa que el ex presidente peruano Alberto Fujimori dibujó en su rostro durante los 16 meses del juicio por violación a los Derechos Humanos se borró en un segundo. A las 9:05 minutos de la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Lima, César San Martín, declaró que el ex mandatario había sido encontrado culpable.

“El tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados. Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria”, dijo el magistrado San Martín.

De inmediato Fujimori cerró los ojos. La actitud desafiante —que asumió el 27 de diciembre de 2007 cuando comenzó el proceso y les gritó en la cara a los jueces: “Soy inocente”— era otra. No volvió a levantar la mirada. Durante las dos horas y media que duró la lectura de los 711 folios del veredicto sólo tomó nota. Incluso guardó silencio cuando le dijeron que pasaría 25 años tras las rejas por asesinato, secuestro y lesiones graves.

Se lo esperaba. Varias encuestas publicadas días antes señalaban que el 68% de los peruanos lo consideraban culpable. La fiscalía, incluso, había pedido 30 años de prisión para Fujimori por su responsabilidad en el asesinato de 15 personas —entre ellos un niño de 8 años— que asistieron a una fiesta en la zona de Barrios Altos en 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, en 1992. Las matanzas fueron cometidas por el grupo Colina, un escuadrón militar de aniquilamiento creado durante su gobierno.

Fujimori también fue condenado por el secuestro del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, cometido durante el autogolpe de 1992. El juez San Martín explicó que, “estos delitos constituyen crímenes de Estado y contra la humanidad, y que tuvieron el agravante del trato cruel”.

En ese momento Fujimori rompió su silencio: “Interpongo recurso de nulidad, apelaré la sentencia”, dijo antes de retirarse derrotado de la sala. Sus hijos, Keiko y Kenji, que lo acompañaron durante todo el proceso, contuvieron las lágrimas. Estaban convencidos de que su padre sería declarado inocente.

De inmediato, las calles de Lima se convirtieron en una batalla campal. Cientos de seguidores de Fujimori, que esperaban en las afueras del tribunal, atacaron e insultaron a varios activistas de Derechos Humanos que celebraban el fallo contra el ex mandatario. “Es una injusticia”, gritaban entre llanto varias mujeres.

“Esto es una aberración que destila odio y venganza”, aseguró Keiko Fujimori al salir de la sala. “Los fujimoristas vamos a salir a las calles pacíficamente a respaldar al mejor presidente que ha tenido el país, que venció al terrorismo. Millones se van a unir a nosotros para apoyar a Fujimori”, dijo Keiko notoriamente afectada. Y agregó: “Si piensan que esta condena nos van a debilitar, se equivocan. Los fujimoristas crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias. No en vano ocupamos los primeros lugares en las encuestas. Las elecciones del 2011 lo van a confirmar”.

El destino está marcado

Es posible que Alberto Fujimori pase el resto de su vida tras las rejas. El ex presidente, de 70 años, saldría libre el 10 de febrero de 2032, a los 93 años, ya que se tendrá en cuenta el tiempo que ha estado en la cárcel desde su captura en Chile —el 7 de noviembre de 2005—.

Su sentencia tiene gran repercusión. Es la primera vez que un ex presidente latinoamericano, constitucionalmente elegido, es condenado por violaciones a los Derechos Humanos en su propio país. “El fallo es ya un referente internacional, pues establece el precedente de que el poder no puede ejercerse en forma autocrática, violando los Derechos Humanos del ciudadano”, explicó desde Lima, Alfredo Molina, un abogado experto en derecho civil.

Según una reciente publicación sobre la persecución penal de jefes de Estado (Ellen L. Lutz y Caitlin Reiger), entre enero de 1990 y mayo de 2008 se han imputado o acusado por delitos graves —incluyendo actos de corrupción, abuso de poder o violaciones de Derechos Humanos— a 67 jefes de Estado en 43 países del mundo, la gran mayoría en América Latina, sin embargo, muy pocos han sido condenados y muchos menos han ido a parar a una cárcel.

Por eso la sentencia contra Fujimori es trascendental. Voceros de Derechos Humanos dijeron que este fallo tiene un alto valor simbólico en un país como Perú, “que no ha cerrado sus heridas de la época de violencia durante la cual murieron 70.000 personas”. El proceso judicial también fue calificado de “ejemplar”. La directora de Amnistía Internacional en Perú, Silvia Loli Espinoza, consideró que el juicio al ex mandatario fue “un ejemplo de innegable objetividad y pulcritud”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Movimiento Ciudadano “Para que no se repita”, Rosa Villarán, resaltó que “el veredicto es reconfortante para las víctimas y miles de personas que aún no acceden a la justicia. Es una primera luz de esperanza, una voz de aliento de parte de un Estado que no estuvo en las épocas más negras del país”.

Todopoderoso

Desde que Alberto Fujimori llegó al poder (1990-2000), su gobierno estuvo lleno de escándalos. Junto con su asesor, Vladimiro Lenin Montesinos Torres, Fujimori organizó una compleja red de corrupción que involucró a actores privados y funcionarios públicos, usó la desaparición forzada y la tortura como parte de su estrategia antisubversiva, persiguió a la oposición política y fue cómplice de violación constante de los Derechos Humanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ya había encontrado responsable a Fujimori de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. En un informe presentado en Perú, encontró que estas conductas fueron cometidas de manera sistemática y selectiva durante su primer mandato. El documento concluyó que Fujimori fue responsable, junto con su oscuro asesor Vladimiro Montesinos —como jefe de hecho del Servicio de Inteligencia Nacional—, de auspiciar la comisión de atrocidades y de encubrirlas.

Fujimori argumentó ante el tribunal que gobernó en una etapa difícil y que llegó al poder cuando Perú era “un desastre”. “Estuve en el infierno que instaló el terrorismo y tuve que gobernar desde allá; espero que los que me sentencien se imaginen ese infierno desde el que tuve que organizar el país”, dijo.

En la última sesión del juicio, el viernes pasado, Fujimori se mostró de nuevo confiado. No permitió a su abogado defensor, César Nakasaki, hablar. Tampoco siguió la estrategia que el letrado le había diseñado, basada en el argumento de que el ex presidente no estaba enterado de lo que hacían sus subalternos. El ex presidente habló de más y echó por tierra la jugada judicial: “Yo ideé la nueva estrategia contra el terrorismo”, “yo recuperé las cárceles”, “yo terminé con los rastrillajes”, “yo puse orden en las universidades”, “yo organicé y armé las rondas campesinas”...  Fujimori quedó preso de sus propias palabras.

¿Qué era el grupo Colina?

Fue un escuadrón de la muerte que operó en el Perú desde 1991, cuando fue creado. Este destacamento estaba conformado por varios militares y su organización fue autorizada por el entonces presidente Alberto Fujimori. La idea era que el grupo desarrollara operaciones de inteligencia para la lucha contra la subversión. Pero se convirtió en una organización que operaba secretamente y que tenía licencia para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Operó hasta 1992, cuando los secuestros y asesinatos selectivos comenzaron a salir a la luz pública.

La última esperanza

La segunda parte del juicio contra el ex mandatari peruano comenzó este martes, una vez conocida la condena en su contra.

El recurso de nulidad que Fujimori anunció ayer será visto en una segunda y definitiva instancia, cuya fecha aún no se ha determinado.

Expertos prevén que el proceso de instauración del recurso y revisión del caso puede tardar cuatro meses en completarse.

Pero los problemas para Fujimori no se detienen. El próximo 11 de mayo comienza un nuevo juicio en su contra por corrupción, donde la Fiscalía intentará probar que usó dineros del Estado para pagarle a Vladimiro Montesinos una millonaria indemnización. Para ese momento, el polémico asesor ya era investigado.

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