El triunfo de una condena

La decisión de la Corte Suprema peruana de declarar culpable al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos deja un claro mensaje de que ninguna finalidad puede justificar la comisión de graves crímenes.

La decisión de la Corte Suprema peruana de declarar culpable al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, en cuatro casos, y determinar que se trataba de “crímenes de estado y de lesa humanidad”, es histórica y deja un claro mensaje de que ninguna finalidad puede justificar la comisión de graves crímenes y que no hay impunidad que resista la plena y recta aplicación de la ley. 

La sentencia fue proclamada por un tribunal nacional al que todas las partes reconocieron su debida actuación, incluso la defensa de Fujimori. Después de 15 meses de juicio público, muestra cómo un poder judicial independiente puede juzgar a los más poderosos. Fueron necesarios 17 años desde la comisión de los delitos y múltiples esfuerzos de la sociedad civil y las instituciones peruanas, para que Fujimori se sentara en el banquillo de los acusados y escuchara de boca de magistrados probos e independientes aquello que negó con vehemencia durante el juicio.

La providencia del alto tribunal peruano dejó claro que Fujimori debía cumplir una condena de 25 años (la máxima permitida por la legislación peruana para esos delitos), al asumir la conducción directa de los aparatos de seguridad y ser autor mediato de las operaciones del grupo Colina, escuadrón de la muerte que cometió más de 50 crímenes, entre los que se encuentran los delitos por los que fue condenado el ex presidente.

Se trató de una política de estado en un contexto en el que Fujimori controlaba todas las instancias, particularmente las labores del Servicio de Inteligencia Nacional. Una de las evidencias más importantes para llegar a esta conclusión, fue la concentración de poderes que Fujimori impulsó a través de legislación especial y del golpe de estado dado el 5 de abril de 1992.

La condena, que será materia de apelación ante otra sala de la Corte Suprema, constituye una reivindicación moral de las víctimas de estos graves crímenes, así como un reconocimiento a las múltiples voces que exigieron justicia y señalaron el patrón sistemático de los delitos cometidos en la década de los noventa. Pero sin duda, lo más importante es contribuye a consolidar la democracia en el Perú y en América Latina, demostrando que la ley se aplica independientemente del poder y lejos del ruido político.

*Presidente del Centro Internacional para Justicia Transicional.

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