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Un flagelo que parece no tener fin

Este domingo arranca en Cartagena Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal.

Colombia es uno de los países con más víctimas mortales a causa de las minas antipersonal (Map), con una escalofriante cifra de cerca de 6.696 personas afectadas en los últimos diez años.

Esta preocupante situación será uno de los principales temas que se pondrán sobre la mesa durante la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, que se realizará del 29 de noviembre al 4 de diciembre en Cartagena y que estará presidida por la embajadora de Noruega, Susan Eckey. El encuentro servirá para plantear modificaciones a la actual convención, que parece haberse quedado corta especialmente en los temas de asistencia social a las víctimas.

Delegados de diferentes naciones del mundo analizarán el papel de los 156 Estados que hacen parte de la Convención en el desminado humanitario y la asistencia a las víctimas. Asimismo, mediante una declaración política, los países miembros reafirmarán su compromiso con los objetivos humanitarios de la Convención y diseñarán el Plan de Acción de Cartagena, para el período de 2010 a 2014.

Diez años después de haber entrado en vigencia el Tratado de Ottawa (convenio internacional de desarme que prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y utilización de minas antipersonal), los países firmantes han logrado una significativa disminución en el uso de dichos artefactos y avances en asistencia a las víctimas. Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Macedonia, Malawi, Surinam, Swaziland y Túnez han despejado todas las zonas minadas de su territorio. Sin embargo, los logros resultan opacados por el alarmante número de víctimas de minas en otras tantas naciones.

Colombia, por ejemplo, ocupa el primer puesto en la clasificación mundial de países con víctimas de minas antipersonal, seguida de Sudán, Irak y Afganistán, de acuerdo con un documento publicado en febrero por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

Una situación similar reflejó el último informe anual del Monitor de Minas Terrestres (Landmine Monitor), publicado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, según el cual durante 2008 se registraron 54 víctimas fatales y 212 heridos, todos civiles.

Militares, los más afectados

“Fue en 2003. Estaba acompañando a unos campesinos que regresaban a sus tierras, luego de que habían sido tomadas por las Farc. Todo el terreno estaba minado. Iba a saltar un charco y pisé un tronco de palo seco donde había una mina. Me quitó el tobillo”, relata Rubén Blandón, un profesor oriundo de la zona de Urabá (Antioquia), que al sufrir el accidente se encontraba en el municipio de Belén de Bajirá (Chocó), en cuya escuela dictaba clases de sistemas y religión.

Pero el mismo informe Landmine Monitor señala que el blanco más propenso a las minas terrestres es el personal militar. Tan sólo el año pasado, 507 miembros de la Fuerza Pública resultaron afectados.

Casos como el de Luis Alfredo España, un joven de 21 años que perdió ambas piernas luego de pisar una mina, se ven a diario en el Hospital Militar Central de Bogotá , donde se trata gran parte de los casos de heridos en combate.

En Colombia, los departamentos con mayor registro de minas son: Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá, Cauca, Nariño, Tolima, Bolívar, Norte de Santander y Meta. Y el municipio de Vista Hermosa (Meta), desde 2006, es la zona donde más se presentan casos de lesionados por las minas.

Según el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Andrés Dávila, Antioquia ha sido históricamente el departamento más afectado.

“De los 32 departamentos, 31 tienen alguna víctima. Más de 650 municipios han sido afectados y en 100 de éstos la situación es complicada”, manifiesta Dávila.

De acuerdo con el informe Landmine Monitor, en el país todavía existen 14 bases militares en Amazonas, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Putumayo y Valle sospechosas de tener campos minados a sus alrededores. Sin embargo, Dávila destaca el proceso de desminado que está realizando Colombia.

Con el Plan de Acción de Cartagena, que se acordará durante la Conferencia de Examen, se espera diseñar una gestión efectiva para mejorar la situación de los países más afectados por este flagelo.

Costos sociales y económicos

Las minas antipersonal se han convertido en uno de los más grandes impedimentos para el normal desarrollo social y económico del país, pues deterioran las condiciones de vida de la población campesina, que pierde el acceso a las tierras cultivables. De esto se derivan los problemas de desnutrición y desplazamientos masivos a las grandes ciudades, contribuyendo al ensanchamiento de los cordones de miseria, además de los altos costos que genera mantener los programas de desminado.

Según Andrés Dávila, “crear un pelotón de desminado, con 40 hombres capacitados, dotados, nos cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos. Y mantener ese pelotón activo cuesta alrededor de $100 millones”, estima el funcionario.

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