La diáspora de Eta

Venezuela y España firmaron un acuerdo de exilio en 1989.

Los dos hombres se miran con cierta distancia. Los separa un arreglo floral en la mesa. A su lado izquierdo, el rey Juan Carlos tiene a la primera dama de Francia, con la mirada perdida en el suelo; a su derecha, la reina doña Sofía, con las manos en el regazo, observa el rostro sobrio de presidente François Mitterrand. Los jefes de Estado han llamado a esta discretísima cena “cumbre matrimonial”. Es la noche del miércoles 2 de noviembre de 1983. Al otro día, los diarios pasan trabajo para contar lo que se conversó a puerta cerrada.

Quizá nadie se lo diga. Pero la crisis diplomática y judicial que vive hoy el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno bolivariano de Hugo Chávez viene siendo en parte responsabilidad del rey Juan Carlos de España. Quizá ni valga la pena recordárselo: pero él, aquella noche de invierno de 1983, logró llevar a buen término el largo proceso emprendido por la diplomacia española (con el mismísimo presidente Felipe González a la cabeza) para poner a París del lado de Madrid en la lucha contra la organización vasca Eta. Con eso, el Rey lograba que Francia dejara de considerar a los terroristas vascos como refugiados políticos.

El cambio fue inmediato. Hasta 1983, París no había capturado ni deportado a un solo miembro de la banda, a la que trató con solidaridad durante los años de la dictadura de Franco (a despecho de ser catalogada la “tierra del asilo” por parte de España). Nueve meses después, el panorama era otro: 26 miembros de Eta habían sido “confinados” y otros 16 deportados por las autoridades francesas, según los archivos del diario El País. El trato se había ejecutado en busca de una vía media: los militantes no serían devueltos a España, sino exiliados a un tercer país, escogido en común acuerdo.

El lunes de esta semana, a dos de esos hombres —pertenecientes al primer grupo de exiliados etarras que salieron expulsados en 1984 de Francia— les fue emitida una nueva orden de captura en Madrid. En el auto de procesamiento conocido a comienzos de marzo por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, José Miguel Arrugaeta y José Ángel Urtiaga son acusados de haber seguido delinquiendo en nombre de Eta cuando llegaron a sus lugares de exilio. Aún peor: el juez los responsabiliza de haber hecho contactos en Cuba durante los años noventa con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con miras a establecer una relación oficial con la guerrilla colombiana.

Sus crímenes son un efecto colateral, casi tres décadas después, de la política de deportación que durante todos los años ochenta promovieron el gobierno español y el francés. De 1984 a 1990, entre 67 y 153 miembros de Eta (los números varían según las fuentes) fueron enviados por las autoridades francesas a una nueva vida en América Latina, especialmente a México, Cuba, República Dominicana y Venezuela, donde en los últimos años, según el mismo juez, un vasco original de San Sebastián, de nombre Arturo Cubillas, promovió el intercambio técnico y militar entre guerrilleros de las Farc y Eta en campamentos de la guerrilla en los estados venezolanos de Apure y Zulia, mientras trabajaba para el gobierno de Hugo Chávez.

Las oleadas

Arturo Cubillas llegó a Venezuela un día de mayo de 1989. Hacía un mes que se habían dado por terminados los tres años de infructuosas conversaciones entre Madrid y un grupo numeroso de deportados etarras en Argelia (provenientes, como se había pactado, de Francia). “Al fracasar las negociaciones, España presionó a los argelinos para que deportaran a los miembros de Eta. Muchos salieron por esos días a Venezuela”, explica  Florencio Domínguez, uno de los periodistas vascos que más ha estudiado a la organización y que en mayo publica un libro sobre los nexos Eta-Farc.

Por ese entonces, el gobierno de Carlos Andrés Pérez se mostró dispuesto a recibir a los militantes provenientes de Argelia. El exilio vasco no era un tema nuevo para los venezolanos: desde la Guerra Civil Española, huyendo tras la victoria del franquismo, cientos de ellos se asentaron en Venezuela. Contaban con centros culturales y pesaban incluso dentro de la economía local. Paralelamente, ya desde 1959, según lo investigado por Domínguez, operaba en Caracas, de manera clandestina, una célula de Eta. Pérez, sin embargo, aceptó la llegada de los militantes, de la misma manera que antes lo hicieron Panamá, México, Cuba, entre otros.

Pero las reglas de juego eran distintas de país a país a lo largo de las dos grandes oleadas de deportación de militantes de Eta al continente. “En Panamá, los deportados se habían quedado poco tiempo”, explica Domínguez. “De ahí salieron para Cuba (es el caso de Arrugaeta y Urtiaga), donde Castro les impuso fuertes restricciones, entre ellas, que no podían salir de la isla. En Venezuela, sin embargo, la cosa fue distinta: quienes llegaban podían ir y venir, y ese fue uno de los problemas…”.

Los primeros contactos de los deportados con las Farc, al menos según lo especificado por el juez Velasco, se llevaron a cabo desde Cuba. José Ignacio Echarte, expulsado por Francia en 1986 a Cabo Verde, se conoció allí con militares cubanos enviados Angola y se fugó a Cuba, “donde se ha movido con total impunidad”, según el diario ABC. En el auto de la Audiencia española, Echarte aparece en una carta solicitando la autorización de Eta para realizar pruebas con morteros en Venezuela. También en Cuba aparecen Urtiaga y Arrugaeta, el primero como coordinador de Eta en la isla entre 1984 y 1998 y el segundo como su sucesor, quienes tuvieron contactos con comandantes de las Farc desde 1993.

En Venezuela, sin embargo, son los puestos gubernamentales ocupados por Cubillas (hoy es jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras) lo que tiene en aprietos a Chávez. El presidente venezolano, sin embargo, negó de nuevo esta semana que el vasco —quien tiene una relación cercana con el vicepresidente Elías Jaua— esté involucrado en actividades terroristas. Las muchas veces que lo ha defendido, Chávez se remonta al acuerdo que los presidente Pérez y González firmaron en el 89.

El deportado, entre tanto, permanece silencioso, mientras que los periodistas hurgan en su pasado y encuentran que, como otros miembros del exilio en este continente, Cubillas vivió en Caracas por muchos años al frente a Oker’s, un restaurante de sabores vascos. Según la prensa española, el nombre del local se refiere al comando que dirigió antes de ser expulsado por Francia en 1987.

Los maestros

Adicionalmente a los deportados, las autoridades le siguen la pista a decenas de militantes de Eta que desde los ochenta se han refugiado en Suramérica. Este parecería ser el caso de Ignacio Domínguez y José María Zaldúa, requeridos también por el juez Velasco por presuntamente impartir cursos en explosivos a miembros de las Farc, en los estados de Apure y Zulia, en Venezuela.

 

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