Boicot, bloqueo. Estas dos palabras se están pronunciando a menudo entre la comunidad latina de Arizona, Estados Unidos, desde que se promulgó la ley estatal contra migrantes. Un bloque latino, que enseñaría al estado que ellos merecen respeto y que facultar a un policía para apresar a quien a primera vista parezca un indocumentado es una medida tan radical como violatoria de los derechos civiles, una determinación que aviva las ya calmadas aguas que dejaron precedentes como el Apartheid.
¿Qué tal si en un gesto de solidaridad los más de dos millones de hispanos que residen en Arizona (el 30 % del total de la población) decidieran hacer un cese de actividades para que la gobernadora Jan Brewer reevalúe la decisión de firmar la ley? Esa es una propuesta que se baraja en diversas facciones de este grupo, que ya anunció que demandará la promulgación de la ley ante la Corte Federal.
Sin embargo, de no lograr el apoyo de toda la comunidad, algunos sectores como el de los camioneros ya oficializaron su intención de excluir al estado de sus rutas o sencillamente omitir sus paradas. Cerca del 40% de las frutas y verduras que se importan desde México hasta Estados Unidos tiene un paso obligado por Nogales, una ciudad en Arizona cerca de la frontera. Cientos de toneladas de alimentos se represarían en esa localidad, mientras los anaqueles de los supermercados estarían vacíos y con muchos clientes en fila de espera.
El congresista Raúl Grijalva, demócrata por el estado de Arizona, fue más lejos y propuso que al boicot se sumaran todas las empresas latinas, no sólo del estado sino de todo el país. Más allá de que los anuncios se materialicen, es posible que la administración del estado esté preocupada, como lo está el alcalde de Phoenix (la ciudad más importante), Phil Gordon. Así como desde el año 2000 la población hispana en Arizona ha crecido alrededor del 11%, su poder adquisitivo lo ha hecho desde entonces: en 2009 se estableció la cifra total en US$31.100 millones.
Por esta razón, ayer, Gordon demandó la ley a título personal, porque a su juicio el temor que acompaña a la norma desencadenaría no sólo un éxodo de trabajadores, sino una gran austeridad en el turismo. “La ley pone a niños y a ancianos en peligro de ser arrestados”, sentenció el alcalde.
A pesar de la aparente unión de los latinos y el llamado de alianza en contra de la norma, la preocupación campea en las poblaciones de Arizona. Desde que el pasado viernes Brewer la firmó, las consultas en las oficinas de asesoría jurídica se han multiplicado considerablemente. Nick Suriel, abogado especializado en migración comenta que nunca había visto tanto temor entre los pobladores hispanos, les da la razón y se pregunta: ¿cuáles serán los criterios para que un policía considere sospechoso a alguien?, ¿el color de la piel?, ¿sus rasgos físicos?, ¿la forma en la que habla?”.
Suriel considera que de todos los Estados Unidos, Arizona es el que más recio se ha mostrado en el último tiempo en sus políticas hacia los inmigrantes. “Desde 2002 se han aprobado 12 leyes que de a poco han ido convirtiendo la legislación en algo hostil contra ellos”. La explicación del abogado se halla en el sentimiento de inconformidad que crece entre los arizonianos por cuenta del incremento en los impuestos para la cobertura de salud y el aumento de presos en las cárceles estatales, en su mayoría latinos.
Al grupo de los inmigrantes lo han apoyado desde diferentes frentes, desde el Concejo de los Ángeles Ed Reyes y Janice Hahn promovieron el boicot al tiempo que comienzan a aflorar las críticas en torno al presidente Barack Obama. De la reforma migratoria, que prometió emprender en los primeros 100 días de su gobierno, no se ve avance alguno.