Dineros de Finagro para ‘Macaco’

Un millonario préstamo con dineros públicos que fomentó la inversión de un líder de las autodefensas. El municipio donde se ubica la finca fue escenario de la masacre de Mejor Esquina, allí murieron 36 campesinos.

A finales de agosto de 2007, cuando Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco llevaba unos pocos días detenido en un buque de la Armada Nacional y ya se rumoraba que iba a terminar extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, a través de sus abogados y como contribución al Fondo Nacional de Reparación de Víctimas, anunció la entrega de bienes por más de US$54 millones, entre ellos una próspera hacienda en el departamento de Córdoba, de 281 hectáreas de extensión y 800 cabezas de ganado.

El 9 de octubre de 2007, a la hora de firmar el acta de recibo de los bienes, con asistencia de los delegados de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Fondo para la Reparación de las Víctimas y Acción Social de la Presidencia de la República, se dejó constancia de un problema respecto a la hacienda ganadera. El predio rural llamado Hacienda Las Margaritas, realmente con 844 cabezas de ganado, no estaba debidamente saneado, es decir, era un bien afectado con un proceso de hipoteca.

Además del dilema bancario, el depositario nombrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes advirtió la imposibilidad de administrar el predio, por los gastos y costos fijos que se venían generando y ninguna posibilidad de ingresos. Asimismo, dio cuenta de que el ganado había quedado a disposición de Acción Social y que, dada la escasez de pasto y aguas, los riesgos eran extensivos incluso a los semovientes. En consecuencia, se dispuso emprender las averiguaciones para resolver dificultades y agilizar la destinación de la hacienda.

A los ocho días, la gerencia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en su sucursal del municipio de Caucasia (Antioquia), en carta dirigida a Acción Social, certificó que efectivamente la hacienda Las Margaritas estaba hipotecada en su favor, que en agosto de 2005 se le había hecho un avalúo comercial que fijó su precio en $2.528 millones, pero que seguía pendiente un crédito con saldo de $168 millones, incluyendo capital e intereses, por un crédito concedido por línea Finagro en septiembre de 2005.

En otras palabras, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y creada desde 1990 para la financiación del sector, le concedió un millonario crédito a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, el 13 de septiembre de 2005, cuatro meses antes de su desmovilización definitiva en el sur de Bolívar, para fortalecer económicamente una hacienda ganadera que dos años después entregó para reparar las víctimas sin haber cancelado el crédito.

Lo volvió a certificar el gerente del BBVA de la sucursal Caucasia, Héctor Eduardo García, el pasado 31 de enero, cuando en carta dirigida a la subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia, Marlene Mesa, señaló: “Carlos Mario Jiménez Naranjo tiene obligación bancaria (...) este es un crédito otorgado por línea Finagro en septiembre 13 de 2005 (...) queda un saldo de


$152.777.777 (...) le solicitamos nos informen la fecha en que será cancelada la cuota vencida o el total de la deuda (...) necesitamos saber el trámite a seguir en caso del no pago de esta operación de crédito en el corto tiempo para hacer valer nuestros derechos”.

Es decir, Macaco no sólo recibió un crédito de una entidad estatal, —Finagro—, y no pagó totalmente ese préstamo antes de entregarlo para reparar a sus víctimas, sino que le creó un problema al Estado. La prueba es una carta del 6 de febrero de 2008, enviada por la referida Marlene Mesa al fiscal 16 de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, en la que le pide acudir ante el magistrado de control de garantías para que autorice la venta del ganado de la hacienda para aportarlo como parte de pago de la acreencia hipotecaria, “con el fin de que no siga creciendo la deuda”.

El pasado 2 de abril, la misma funcionaria Marlene Mesa Sepúlveda le escribe al magistrado de control de garantías de Justicia y Paz Álvaro Cerón Coral para informarle que el problema económico sigue creciendo. Textualmente se lee: “Desde la fecha de recepción del inmueble hasta el presente, la obligación garantizada con hipoteca ha crecido en $10.340.341, en evidente desmedro de los derechos de las víctimas, fin último de toda la actividad de Acción Social y el Fondo de Reparación de Víctimas, y garantía del derecho a la reparación, como elemento fundante del sistema de Justicia y Paz.

A los problemas anotados se suma el hecho de que a través de una sentencia la Corte Suprema de Justicia dejó claro que los bienes entregados en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, suponen su licitud y saneamiento a cargo del victimario y que los bienes restituidos suponen la existencia del mejor título por parte de las víctimas. En concreto, Carlos Mario Jiménez, alias


Macaco, hoy en una cárcel de Estados Unidos tras su extradición el pasado 14 de mayo, fue beneficiario de un crédito que no merecía y lo entregó para sus víctimas incumpliendo su obligación de sanearlo ante la entidad bancaria.

El Espectador intentó consultar los pormenores de la concesión del crédito por línea Finagro a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, pero las reservas legales lo impiden. Lo que sí es evidente es que el BBVA tiene claro que la obligación bancaria de Macaco tiene la codificación 271-9600031494. Cuando este crédito se otorgó en septiembre 13 de 2005, concluía su administración como presidente de Finagro el ingeniero agrónomo César Pardo Villalba, quien según información de la Presidencia de la República, el 11 de noviembre de 2005, se posesionó como presidente del Banco Agrario.

Zona de conflicto

En cuanto al predio del dilema, la hacienda Las Margaritas, está ubicado en la vereda Tierra Santa del municipio de Buenavista (Córdoba). Es un bien de 281 hectáreas y 3.593 metros cuadrados, próximo al río San Jorge. Según escritura pública número 6933 de la Notaría 15 de Medellín, el 8 de septiembre de 1997, la sociedad Inversiones Herrera Goez lo vendió a Carlos Mario Jiménez Naranjo, de quien para la época poco se sabía de sus vinculaciones con el paramilitarismo. El predio antes se denominaba Santa Lucía, pero después de un englobamiento de terrenos formalizado en Ayapel (Córdoba), pasó a llamarse Las Margaritas.

En la revisión del folio de matrícula inmobiliaria del predio se encuentra otra escritura suscrita en el municipio de Cáceres (Antioquia), fechada el 18 de septiembre de 1998, a través de la cual Carlos Mario Jiménez Naranjo constituyó una hipoteca abierta de primer grado a favor del Banco Ganadero por valor de $80 millones. Esta es la última referencia sobre una propiedad que tuvo por primer dueño a Salim Abifadel en 1945. A través de los años, el predio tuvo cuatro dueños antes de que Luis Gabriel Segura lo vendiera a Inversiones Herrera Goez, que a su vez lo negoció con Carlos Mario Jiménez.

En el devenir del conflicto armado, se tiene que la región de Buenavista, situada al sur de Córdoba, fue a lo largo de los años 70 y 80 área de influjo militar de la entonces denominada guerrilla del Ejército Popular de Liberación (Epl) y también de las Farc, que a través del secuestro azotó a los ganaderos y agricultores de la zona. No obstante, a finales de los años 80, el paramilitarismo entró con inusitada fuerza a disputar la hegemonía ilegal de la región y, particularmente a punta de masacres y asesinatos selectivos, impuso su dominio.

Y una de las primeras acciones fue precisamente en Buenavista (Córdoba) en abril de 1988. En el Domingo de Resurrección, en la vereda de Mejor Esquina, mientras un grupo de labriegos celebraba un fandango amenizado por una papayera que


resultó contratada por el narcotraficante César Cura, un grupo de sujetos fuertemente armados irrumpió en el lugar y a bala asesinó a 36 campesinos. Días después la justicia aclaró que detrás de esta y otras masacres perpetradas en la misma región estaba un grupo paramilitar dirigido por un antiguo socio de Pablo Escobar conocido como Rambo e identificado como Fidel Castaño.

Este antecedente coincide con el historial de Macaco, de quien se sabe empezó delinquiendo con el narcotráfico en el Norte del Valle, pero se vinculó con el paramilitarismo a través de Vicente Castaño. Por su conducto llegó a la zona del Bajo Cauca Antioqueño, no muy distante del sur de Córdoba, y desplegó en la región su dominio ilegal armado.

Hoy es claro que Macaco se movió a sus anchas por Cáceres, Tarazá o Caucasia en Antioquia, donde aún hoy se siente el influjo de la economía coquera y que, al constituir el Bloque Central Bolívar, extendió su poder hacia el sur de Bolívar, mientras los Castaño se acuartelaban en Córdoba.

Esta cronología puede explicar por qué antes de su extradición a Estados Unidos los pocos, aunque millonarios bienes, entregados por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, para reparar a sus víctimas, están precisamente ubicados en áreas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia) y en Buenavista (Córdoba).

 En esta última región entregó dos inmuebles más, además de la hacienda Las Margaritas. Y lo que más sorprende: entregó la urbanización Juan Carlos J., también ubicada en área rural de Buenavista, distante a pocos kilómetros de la vereda Mejor Esquina, donde hace 20 años el paramilitarismo inició su sangrienta cruzada expansionista.

En síntesis, frente al tema de Macaco, aún hay mucha tela por cortar. De hecho, el pasado 7 de mayo la Policía informó que ha intervenido más de medio centenar de bienes del narcotraficante y jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez y que sus propiedades pueden alcanzar una cifra superior a los $900.000 millones o su equivalente a US$420 millones.

Un imperio económico tan descomunal que no deja claro por qué terminó entregando para reparar a sus víctimas un predio hipotecado y, menos aún, cómo resultó beneficiario de un crédito por línea Finagro, habitualmente destinado para fortalecer los avances legales del pujante sector agropecuario.