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Lo que la justicia no vio en Antioquia

El IPC y la Corporación Jurídica Libertad le pasan cuenta de cobro al Poder Judicial.

“Antioquia vivió una parálisis institucional a favor del paramilitarismo”. Así comienza el explosivo informe preparado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín y la Corporación Jurídica Libertad, para evaluar de qué manera esta expresión ilegal de violencia se enquistó por muchos años en el departamento, a partir de la documentación de un escenario inédito de su reproducción: “Las prácticas administrativas de obstrucción de la justicia por parte de sectores judiciales que estaban articulados a facciones paramilitares”.

En otras palabras, en su informe titulado “Memoria de la impunidad en Antioquia”, el IPC y la Corporación Jurídica Libertad decidieron recopilar “lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo” y que cobró forma a través de diversos mecanismos de inaplicación de la ley. La reasignación de expedientes, el nombramiento de funcionarios para favorecer investigaciones, la parcialidad judicial, el cambio de fiscales, la selectividad testimonial y los favorecimientos punitivos, todas fórmulas encaminadas a asegurar la impunidad.

Un documento que detalla episodios específicos de escandalosos casos. Como lo ocurrido con el empresario deportivo y mayor accionista del Envigado Fútbol Club, Gustavo Upegui López, de quien siempre se supo fue hombre de confianza de Pablo Escobar Gaviria, y tras su muerte fue pieza clave para conformar, junto con Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Daniel Alberto Mejía Ángel, más conocido como Danielito, la tenebrosa ‘Oficina de Envigado’, una estructura criminal íntimamente ligada al paramilitarismo en Antioquia.

 Entre los episodios referenciados, el informe describe cómo fue posible que el expediente por la investigación de la desaparición de tres personas y el asesinato de una cuarta en Medellín en noviembre de 1995, por el cual alcanzó a estar detenido en Bogotá el empresario Upegui y estuvo vinculado un coronel de la Policía, fue objeto de inexplicables traslados y separación de la fiscal que llevaba el caso, hasta que la impunidad se abrió paso. Ni siquiera importó que el principal investigador del caso fuera asesinado en el municipio de Sonsón, al oriente de Antioquia.

 Otro capítulo del informe aborda lo sucedido con el director del CTI en Medellín entre 1997 y 1998, Gregorio Oviedo, quien después de adelantar reveladoras investigaciones contra el paramilitarismo, fue declarado insubsistente por el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, y después de trasladarse a Bogotá en búsqueda de seguridad, apareció en una lista de 21 personas que fueron declaradas objetivo militar por los paramilitares. Por esta circunstancia tuvo que abandonar el país. No obstante, sus pesquisas le hubieran dado un vuelco a la lucha contra el paramilitarismo.

En especial, el IPC y la Corporación Jurídica Libertad detallan cómo el fiscal Oviedo, con el apoyo del director de Fiscalías de Antioquia, Iván Velásquez —hoy magistrado investigador de la parapolítica—, logró ubicar la central de información más significativa para entender la red criminal del paramilitarismo. El allanamiento del parqueadero Padilla en Medellín en abril de 1998, donde con nombres y apellidos estaba guardada toda la contabilidad de las autodefensas desde 1994, con reveladores disquetes y organigramas de sus estructuras.

En esa operación fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien cinco meses después ya estaba libre. Pero esa no fue la única omisión judicial. La información incautada detalló en su momento cómo a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización fundada por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, se manejaban millonarias sumas con la participación de personajes que han dado de qué hablar en el paramilitarismo. Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, Sor Teresa Gómez o Raúl Hasbún.

Pero así como esta investigación terminó sin consecuencias judiciales, el informe del IPC y la Corporación Jurídica Libertad detalla, entre otros casos, cómo a mediados de la década de los 90 en Urabá, durante el período del general Rito Alejo del Río como comandante de la Brigada XVII, uno de sus segundos, el coronel Jorge Eliécer Plazas, presionaba a los fiscales para que paramilitares que eran detenidos quedaran en libertad; y cómo también se nombraban fiscales que no guardaron imparcialidad, sino que terminaron favoreciendo al paramilitarismo.

Entre múltiples expedientes clasificados, el informe documenta cómo Daniel Ángel Mejía o Danielito, a pesar de que casi públicamente obraba como jefe del sicariato de la ‘Oficina de Envigado’, nunca fue tocado por la justicia hasta que fue asesinado en 2006. Lo mismo que sucedió con Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, quien reemplazó a Don Berna en la ‘Oficina de Envigado’ y también logró eludir a la justicia, a pesar de que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, lo exhortó varias veces a que se entregara.

Asimismo, se relata la impunidad que rodeó las investigaciones contra los empresarios ganaderos Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, a quienes se les probaron nexos con las autodefensas a través de interceptaciones telefónicas. El primero de ellos alcanzó a estar detenido y sindicado del delito de concierto para delinquir, pero recobró su libertad antes de ser asesinado. En cuanto a Gallón Henao, también fue investigado y absuelto, a pesar de que existían pruebas, entre ellas las recaudadas en el parqueadero Padilla, que mostraban sus vínculos.

Casos de omisiones estratégicas para desviar investigaciones, utilización de falsos testigos, denunciantes que terminaron denunciados, alteración de la cadena de custodia para garantizar impunidad y hasta la violencia ejercida contra abnegados investigadores de la justicia en Antioquia a finales de la década de los años 90 y comienzos del siglo XXI, quedaron documentados en este informe de 272 páginas que pretende probar cómo este departamento ha sido históricamente el de mayor número de víctimas de la llamada violencia contrainsurgente.

Mártires de la justicia

Mientras la justicia fallaba en múltiples casos, hubo funcionarios que dieron su vida en la lucha contra el paramilitarismo en Antioquia. Entre ellos Eduard Buitrago Torres, coordinador de comunicaciones del CTI en Rionegro, asesinado en mayo de 1995. John Jairo Ruiz, investigador del CTI, quien develó las estructuras del paramilitarismo en el oriente del departamento y cayó asesinado el 14 de marzo de 1997. Jaime Piedrahíta Morales, investigador contra la ‘Oficina de Envigado’, asesinado en Itagüí el 4 de julio de 1997. Manuel López Umaña, quien investigaba las acciones criminales de Gustavo Upegui y fue asesinado el 5 de septiembre de 1997. Luis Fernando González, investigador del CTI, asesinado en abril de 19 98. Augusto Botero Restrepo, quien investigaba el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y murió asesinado el 8 de mayo de 1998. Sergio Parra Ossa, acribillado por sicarios en junio de 1998, después de haber participado en el operativo del parqueadero de Padilla. Tomás Santa Cruz Calvache, Edilbrando Roa López, Julio César González, Diego Arcila Gómez y Arlí Giraldo Valderrama, todos asesinados por  investigar las acciones del paramilitarismo en Antioquia.

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2011-01-04T21:00:00-05:00

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Redacción Judicial

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