Se mueve caso DAS en el exterior

El escándalo de las chuzadas se debatirá la próxima semana en audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Espectador conoció los reparos a la investigación que tienen los representantes de las víctimas en el caso.

El próximo 28 de marzo la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) asistirán a una audiencia pública sobre las interceptaciones ilegales del DAS con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

Los documentos y las pruebas que conoce este bufete de abogados, que representa a las víctimas de las chuzadas y  también fue blanco de ellas, están desde el 22 de marzo en el despacho de la Comisión. El Espectador conoció algunos de los obstáculos que el Colectivo de Abogados expondrá en la audiencia la semana que viene.

El primer reparo será que si bien la Fiscalía ha encaminado su labor a la investigación de las interceptaciones ilegales del DAS, estas labores se caracterizan por una serie de debilidades: las pesquisas están aisladas porque no se desarrollan con el mismo sistema procesal (unas quedaron sometidas a la Ley 600 de 2000 y otras al nuevo sistema de 2004), lo cual impide que se identifiquen las alianzas y los máximos responsables en el caso.

A pesar de la información probatoria recaudada, según el Colectivo, aún no han sido vinculados formalmente a la investigación funcionarios de la Presidencia, directores del DAS ni directores seccionales. Incluso es conocido el caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien se exilió en Panamá antes de que la Fiscalía le imputara cargos.

El último de los elementos que expondrá el Colectivo de Abogados en Estados Unidos será que la Fiscalía se ha negado a reconocer que se ha producido un crimen de persecución política que por su gravedad podría ser de competencia de la Corte Penal Internacional. A la vez, que “tampoco se ha reconocido que se habría producido una tortura psicológica contra numerosas víctimas”

Todo esto apunta a que no ha existido una investigación profunda de parte de la Fiscalía en el caso de las chuzadas que complemente lo conocido desde 2009, cuando se desató el escándalo.

De la misma forma van a expresar la dificultad que tienen los representantes de las víctimas en este caso para conocer la información que tiene la Fiscalía en su poder sobre el caso.

Por último se resaltará que la única funcionaria investigada por el caso DAS que está actualmente detenida en una cárcel ordinaria es Jaqueline Sandoval. Los demás detenidos , cerca de 21, están repartidos entre la sede de la Escuela de Formación de Detectives del DAS Aquimindia y en instalaciones militares. Una condición “inconcebible”, según el colectivo, cuando por las condiciones y contexto en que se desarrollaron los hechos deberían estar en cárceles ordinarias.

A propósito del tema, El Espectador habló con Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo, a quien esta semana el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón al ordenar que la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación por las interceptaciones ilegales del DAS fuera pública.

¿Por qué insistió en que se hiciera público el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe?

Porque el primer dignatario de la nación tiene un fuero especial, que ampara el cumplimiento de sus altas responsabilidades. Si reprochan actos en la gestión del jefe de Estado y de gobierno que pudieran vulnerar la Constitución y la ley, el pueblo tiene derecho a ejercer control político sobre éstos y sobre la Comisión de Acusaciones de la Cámara que está obligada a actuar de cara a la nación.

¿Qué ha encontrado de nuevo en los expedientes del DAS?

Que las víctimas del DAS lo fueron de una concertación de alto nivel. Que se utilizó no solamente al Grupo Especial de Inteligencia G-3 para perseguir a sus víctimas, sino toda la entidad, las subdirecciones y seccionales del DAS. En el extranjero, pese a que el Estado cuenta con consulados y embajadas en los países donde viajaron o residen sus “blancos”, se reclutó una red de informantes o se utilizó servicios secretos de otros Estados para perseguir a sus víctimas.

¿Qué pretende defendiendo a las víctimas de las chuzadas?

Conseguir que los más altos responsables tengan sanciones penales, disciplinarias y políticas. Aquí hay decenas de víctimas nacionales y extranjeras, fundamentalmente magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos. Más allá se ha lesionado profundamente la institucionalidad democrática, al convertir un organismo civil de inteligencia en policía política. Por mucho menos se cayó Nixon con el escándalo del Watergate.

¿Cuánto tiempo vivió en el exterior y cómo se sintió alejado de Colombia?

Estuve en Bélgica entre 2002 y agosto de 2010. Tuve que irme en el momento en que representaba a las víctimas de las masacres de Mapiripán, la Rochela y a Wilson Borja, víctima de un atentado contra su vida. Pero a pesar de estar lejos no se me dejó tranquilo, tampoco a mi familia. El DAS me persiguió en Europa. Entre tanto se me eligió como Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

¿Cómo ve el panorama de los defensores de derechos humanos?

Colombia sigue siendo el peor lugar del planeta para la defensa de los derechos humanos, las estadísticas así lo demuestran.

¿En qué otros casos va a participar directamente?

Me dedico, exclusivamente, a representar a víctimas en el caso del DAS, también siguiendo de cerca los procesos sobre el particular en Bélgica, España, Panamá y Estados Unidos.

¿Cuál es la filosofía de trabajo del Colectivo de Abogados y qué pretende en el contexto actual de la crisis colombiana?

El Colectivo lleva 30 años luchando para que haya justicia en Colombia, por la paz y para que la democracia no sea un concepto vacuo que esconda una de las tragedias humanitarias más graves del planeta.

¿En qué terminará todo esto?

Los defensores de derechos humanos nos jugamos nuestras vidas, como muchos fiscales y jueces honestos, para que en Colombia el ejercicio de la justicia contribuya a desarticular muchos factores de violencia. Colombia es un país de gente emprendedora, pero tenemos el reto de quitarle espacios políticos al crimen y de asegurar un Estado que funcione.

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2011-03-25T22:46:50-05:00

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2013-07-25T06:31:09-05:00

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Redacción Judicial

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