El careo entre Arias y Gómez

Exdirector de AIS Julián Gómez sostuvo que cree que decisiones del programa fueron adoptadas en el Ministerio de Agricultura y aportó 52 correos inéditos. El exministro Arias replicó diciendo que Gómez especula y que nunca intervino.

El escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ya tiene en prisión a varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y ha visto pasar en audiencia pública a algunos de los empresarios que fueron beneficiarios del controvertido programa. Pero la expectativa se centra en saber qué va a pasar con el exministro Andrés Felipe Arias, quien por ahora despliega toda su artillería jurídica en la Procuraduría para argumentar que nunca intervino en la selección, evaluación o adjudicación de los proyectos y subsidios del convenio AIS.

Los pasados días 19 y 25 de mayo, en extensas jornadas de versión libre, amplió su declaración para expresar, una y otra vez, que no participó en asuntos contractuales y que los temas técnicos y jurídicos de los convenios y de las condiciones de acceso al programa siempre los delegó en el viceministro, en los directores de AIS y en los jefes de la oficina jurídica. Lo peculiar de su nuevo testimonio es que prácticamente está referido a la declaración juramentada de una sola persona: el último exdirector de AIS, Julián Alfredo Gómez Díaz.

¿Pero quién es Julián Gómez y que dijo en la Procuraduría para que el exministro Arias le dedicara dos largas sesiones para replicar o resaltar aspectos puntuales de su declaración? Se trata de un abogado que mediante contrato de prestación de servicios con el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) formó parte de la unidad coordinadora del programa AIS y entre junio y diciembre de 2009 ofició como su director. Es además hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero.

Precisamente, por este último aspecto su nombre ha sido fuente de toda clase de suspicacias, que van desde el rumor de que nada puede pasarle o que fue uno de los cerebros del programa, hasta que algunos de los implicados creen que acusándolo están a salvo. Aún así, el pasado 23 de marzo, Julián Gómez compareció ante el Ministerio Público y en una extensa declaración no sólo se declaró ajeno al escándalo, sino que ha sido el primer funcionario que indirectamente señaló al exministro Arias de haber impartido las instrucciones de AIS.

En concreto, Gómez precisó que si bien el borrador de los términos de referencia del programa fue producto del trabajo entre funcionarios del IICA y el Ministerio de Agricultura, los aspectos pertinentes a potenciales beneficiarios, criterios de calificación o monto de subsidios, entre otros asuntos, los decidía el Ministerio. Cuando fue interrogado por nombres, añadió: “Tales instrucciones las recibió Iván Esteban y creería que fueron impartidas directamente por el ministro Andrés Felipe Arias o el viceministro Juan Camilo Salazar”.

No fue la única vez que los mencionó. Más adelante agregó que en cuanto a la definición del presupuesto y la distribución del mismo entre los distintos componentes del programa, “dichas decisiones también le fueron comunicadas al entonces director de la unidad, Iván Esteban, por los funcionarios del Ministerio, que nuevamente creería que corresponden al ministro Andrés Felipe Arias, Andrés Fernández o al viceministro Juan Camilo Salazar”. Y destacó que al menos cuando él fue director de AIS, siempre fueron impartidas por Salazar.

En esencia, el abogado Julián Gómez manifestó que sus labores en AIS no obedecieron a su iniciativa, como tampoco lo fueron los aspectos propios de la contratación, y que todas estas decisiones fueron adoptadas por los funcionarios competentes del Ministerio. Y para consolidar sus argumentos, entregó a la Procuraduría una selección de correos electrónicos que recibió durante su gestión en AIS, con los cuales pretende probar que altos funcionarios del Ministerio participaron en aspectos claves del proceso precontractual.

Fueron 52 correos electrónicos que partieron de la Dirección de Planeación, la Dirección de Comercio y Financiamiento, la Dirección de Desarrollo Rural, el despacho del exviceministro Salazar y la secretaría privada del ex ministro Andrés Felipe Arias, a través de los cuales recibió instrucciones puntuales sobre la forma en que debían suscribirse los convenios, los términos de referencia para la adjudicación de los subsidios de riego e incluso sobre porcentajes de reconocimiento al IICA por gastos de administración y operación.

Hoy esos correos forman parte de su defensa, que Gómez ha complementado diciendo que no seleccionó la modalidad de contratación y que los borradores que realizó por instrucciones del Ministerio, una vez los remitía a la oficina jurídica nunca intervino en los trámites posteriores. En otras palabras, que nunca ordenó gastos ni asignó subsidios, ni evaluó proyectos para las convocatorias de riego. Según Gómez, estos aspectos no los definían ni la unidad coordinadora de AIS ni tampoco los funcionarios que trabajaban en el IICA.

La declaración de Julián Gómez fue respondida en la versión libre del exministro Arias, quien de entrada sostuvo que todo el proceso precontractual de AIS correspondió a funcionarios de la oficina jurídica y de las direcciones técnicas del Ministerio, y que nunca dio instrucción a funcionario alguno sobre la modalidad de contratación a emplear, así como tampoco se involucró en los procesos de identificación, selección, evaluación, puntuación, adjudicación e interventoría en terreno de los proyectos y subsidios de riego de AIS.

Al referirse a los comentarios del abogado Julián Gómez, el exministro Arias expresó que nunca le dio instrucción alguna para instrumentar decisiones del Ministerio de Agricultura y mucho menos para la elaboración de proyectos o documentos precontractuales. Y que, por el contrario, de la declaración de Gómez se deduce que la evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos, tanto técnicos como jurídicos, a la hora de implementar las convocatorias de riego de AIS, “correspondían exclusivamente al personal del IICA”.

Arias calificó como “muy valioso” el testimonio del abogado Gómez, pero agregó que como colombiano confía en que la Procuraduría haya hecho respetar el protocolo del levantamiento y cadena de custodia de los correos electrónicos que suministró, para que no exista riesgo de manipulación antes de haber sido aportados en la diligencia. Y recalcó que su interacción con la unidad coordinadora del IICA siempre se hizo a través de su director y en presencia del viceministro o los directores del Ministerio.

En cuanto a los comentarios de Gómez donde cita su nombre, Arias respondió que los verbos “creería” y “debió haber sido impartida”, utilizados por el exdirector de AIS, permiten deducir que no sabía ni tenía certeza del proceso que se surtía en el interior del Ministerio. Arias añadió que Gómez especula sobre lo que creyó percibir, pero que nunca interactuó con él ni le dio instrucción alguna. Su participación, insistió, se limitó a ser el orientador de la política en el diseño general y orientación conceptual de los programas de riego y drenaje.

La versión libre de Arias fue tan larga como la declaración de Gómez, y mientras el primero insistió en que siempre confió en su equipo, comenzando por el viceministro y los directores técnicos y jurídicos, y que nunca participó en la elaboración, revisión y aprobación de planes operativos, el segundo sostiene que las decisiones de fondo del programa AIS se tomaron en el Ministerio. ¿Quién tiene la razón? Por lo pronto, el abogado Gómez está citado el 28 de junio para imputación de cargos y en los próximos días la fiscal Viviane Morales deberá decidir la suerte del exministro Arias.

Los Dávila no pueden salir de Colombia

El pasado miércoles un juez de control de garantías ordenó que los miembros de la familia Dávila, procesados por beneficiarse presuntamente de manera irregular de subsidios de Agro Ingreso Seguro, seguirán libres mientras avanza el juicio en su contra.

La decisión cobija a Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto y sus hijos Juan Manuel y Ana María Dávila Fernández de Soto, así como a la exreina y actriz Valerie Domínguez, quienes tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Cargos que ninguno aceptó.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Martín Moreno, al referirse a los Dávila y a Valerie Domínguez, afirmó en la audiencia: “Los aquí imputados presentaron proyectos para obtener los beneficios económicos que vale decir fueron ilegalmente desembolsados en cumplimiento de los convenios por el IICA. Para ello, los imputados acudieron a la división de predios y generación de contratos de arrendamiento ficticios”.

El 28 de julio está citada la audiencia de imputación de cargos en contra de la familia Lacouture, otros beneficiarios  de AIS.

Exfuncionarios procesados por AIS

Después de estallar el escándalo por manejos irregulares en la entrega de subsidios del programa estatal Agro Ingreso Seguro (AIS) pasó cerca de un año y medio para que se conocieran las primeras acciones judiciales contra exfuncionarios de esa cartera.

Mientras avanza la investigación, sigue creciendo la lista de procesados. El último que se unió a ella fue  Iván Fernando Esteban Céspedes, excoordinador de la Unidad Ejecutora del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que fue llamado para audiencia de imputación de cargos. Con él, siete exfuncionarios y un excontratista del IICA y del Ministerio de Agricultura  ese mismo día tendrán la misma diligencia de imputación. 

Los primeros procesados por la Fiscalía en el caso de Agro Ingreso Seguro fueron el exviceministro Juan Camilo Salazar,  la exdirectora de Comercio Camila Reyes del Toro y los exasesores jurídicos Tulia Méndez y Óscar Schroeder.