Jaime Garzón o un anhelo de justicia

Ante la ausencia de reparación y verdad en el homicidio de Jaime Garzón, sus familiares a través de sus abogados presentaron una petición de demanda al gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El viernes 13 de agosto de 1999, a las 5:45 de la mañana, en el barrio Quinta Paredes de Bogotá, el periodista y humorista Jaime Garzón fue asesinado. Cinco disparos en la cabeza mientras esperaba a que cambiara un semáforo, rumbo a la emisora Radionet. Los sicarios se perdieron en una moto de alto cilindraje hacia el oriente de la ciudad. Un día después, más de 200.000 personas se congregaron frente al Capitolio Nacional para rechazar el crimen del periodista y humorista político de 39 años, quien retrató con genialidad la realidad social que vivía el país en los 90.

A dos días de que se cumplan 12 años de su muerte y ante el panorama de impunidad que rodea su caso, en medio de sentidos homenajes y clamores de justicia, sus familiares dieron a conocer la demanda contra el  Estado colombiano que interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras razones, por permitir un largo camino de impunidad, en el que sólo se condenó a un hombre que nunca fue detenido y, por lo tanto, nunca purgó una pena: el jefe paramilitar Carlos Castaño.

La petición presentada al organismo internacional de Derechos Humanos el pasado 19 de julio, a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, detalla la ausencia de justicia, verdad y celeridad que ha tenido el caso Garzón. Para la muestra un botón. El día de su muerte la Fiscalía abrió una indagación preliminar del crimen. Pero más se demoró el ente acusador en hacerlo que el DAS y la Sijín en fraguar una versión del crimen con falsos testigos, algunos de ellos informantes del DAS.

El 24 de septiembre de 1999 el DAS remitió un informe, indicando que dos sujetos conocidos como Juan Pablo Ortiz, alias Bochas, y Edilberto Sierra, alias Toño, pertenecientes a una banda delictiva de Medellín, eran los autores del asesinato. Dos años y cuatro meses después, el 3 de enero de 2002, con los supuestos autores materiales del crimen capturados, la Fiscalía ordenó cerrar la investigación, a pesar de que la parte civil insistió en que se investigaran señalamientos que no se habían tenido siquiera en cuenta: la responsabilidad de altos oficiales del Ejército como determinadores del crimen.

Esta solicitud estaba fundada en el comunicado emitido el 29 de noviembre de 2000 por el grupo de sicarios de Medellín, que se adjudicaron el crimen de Garzón y eran conocidos como ‘La Terraza’. El comunicado denunciaba que el asesinato de Garzón había sido pedido por el hoy general retirado Jorge Enrique Mora Rangel al jefe paramilitar de las autodefensas Carlos Castaño y que “días antes del asesinato el general Mora visitó la zona de distensión paramilitar  (se refiere a Tierralta, Villanueva y Valencia, zona de influencia paramilitar en el departamento de Córdoba) con el fin de impartir personalmente la orden de ejecución del humorista”   dice en la petición ante la CIDH. Descartando otras líneas de investigación, el 12 de marzo de 2002, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra Carlos Castaño, como autor intelectual del homicidio y a alias Bochas y alias Toño como los sicarios que perpetraron el asesinato.

El expediente Garzón pasó a un juez penal de Bogotá, quien se declaró incompetente, no sin antes considerar que el homicidio fue un “acto callejero”. De juzgado en juzgado, el conflicto por la competencia lo resolvió la Corte Suprema el 22 de octubre de 2002, que asignó el caso al Juzgado 7° del Circuito Especializado, afirmando que Jaime Garzón era “un conocido personaje de la vida nacional que estaba mediando en la liberación de personas secuestradas por la guerrilla y que su muerte tuvo como propósito producir escarmiento, infundir temor y llevar el claro mensaje a los intermediarios y a los familiares de los secuestrados que tal procedimiento era inaceptable”.

Sólo cuatro años después de la muerte de Garzón, el 10 de marzo de 2004, se condenó a 38 años de prisión a Carlos Castaño, quien no pagó un día de cárcel por este hecho porque aparentemente falleció   un mes después. A la vez que se  absolvió a los dos sujetos inocentes que estuvieron detenidos por el “burdo montaje”, en palabras del juez, que se planeó “para desviar la investigación y procurar la impunidad de los verdaderos autores materiales”. También se ordenó la investigación de los funcionarios y personas que desviaron la investigación, pero hasta la fecha la Fiscalía no ha adelantado ninguna indagación.

Sin embargo, a partir de la sentencia, la Fiscalía reabrió la investigación y fue hasta finales de 2007 que las declaraciones de varios exjefes ‘paras’ reavivaron el caso Garzón. Entre ellos, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, quien declaró ante fiscales de Justicia y Paz que el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, hoy procesado también por paramilitarismo y el escándalo de las ‘chuzadas’, instigó a Castaño para que enviara a sus sicarios a matar a Garzón.

Fue por estos testimonios que, el 28 de septiembre de 2009, la Fiscalía inició investigación en contra de Narváez. Once meses después ordenó su detención preventiva y el 17 de junio de 2011 profirió resolución de acusación en su contra como determinador del homicidio agravado de Jaime Garzón. Lo demás es historia. Las otras versiones que señalan a altos oficiales del Ejército reposan en el olvido y tres de los exjefes ‘paras’ que conocen bien esta historia están extraditados: Fernando Murillo, Don Berna; Hévert Veloza, HH, y Salvatore Mancuso. La Procuraduría abrió una indagación preliminar que no ha tenido ningún avance. Y el Tribunal Contencioso Administrativo negó en primera instancia la reparación que se solicitó.

Por este camino lento, en donde ha reinado la impunidad, es que doce años después los familiares de Jaime Garzón, quien advirtió a las autoridades las amenazas en su contra, hasta que no pudo sino mofarse de su muerte, con ese humor sagaz y punzante que lo caracterizó siempre, guardan ahora su anhelo de justicia en los tribunales internacionales.