La denunciante del carrusel de la salud

Gloria Inés García dice que está amenazada, pero que seguirá denunciando hasta que la justicia llegue a los responsables del millonario desfalco.

La abogada Gloria Inés García es una de las denunciantes del llamado escándalo del carrusel de la salud en Bogotá. Sus declaraciones, sumadas a las del excongresista Germán Olano, dieron pie para que la Corte Suprema ordenara investigaciones. En diálogo con El Espectador relató en detalle cómo le pidieron dinero supuestamente para favorecer los intereses del hoy destituido exsenador Iván Moreno.

Desde hace años se habla del cartel de la salud en Bogotá, pero apenas ahora toman forma las investigaciones. ¿Por qué?

Son procesos muy complejos y a la gente le da mucho miedo declarar por la misma injerencia que tienen estas personas no sólo en hospitales, sino en los propios entes de control. Las únicas instituciones que me escucharon fueron la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Sus denuncias tienen que ver con el Hospital Simón Bolívar y sus directivas. ¿Cuándo empezó a trabajar allí?

En 2008, con un contrato que se hizo para recuperar la cartera del hospital, dineros que tenía perdido desde 1999. A 31 de diciembre de 2009 mi firma de abogados había detectado unos $76 mil millones por recuperar, de los cuales $10 mil millones ingresaban al hospital con órdenes de embargo a mediados de marzo de 2010. Lo demás en los meses siguientes.

¿Cuánto le correspondía a su firma de ese dinero recaudado?

El 10%, que no lo pagaba el hospital, sino el deudor a título de agencias en derecho.

Las directivas del Simón Bolívar dicen que usted empieza a denunciar cuando le cancelaron ese contrato, al que calificaron de “leonino”. ¿Fue así?

Pues obvio que denuncio cuando veo que buscan estrategias para sacarme. Querían debilitar a la firma realizando falsas denuncias ante la Procuraduría, lo cual generó una investigación por fraude procesal y falsedad ideológica en contra de los directivos del Simón Bolívar. También se robaron unas facturas, actos de deslealtad contractual. Todo lo denuncio en febrero de 2010, un mes después de la llegada del doctor Luis Guillermo Cantor como gerente.

¿Qué descubrió en el Simón Bolívar?

Cuando llega el doctor Cantor nosotros realizamos un informe de la labor de la firma y los valores pendientes por recaudar, pero él no nos recibe. En enero de 2010 empiezan esos actos de deslealtad contractual. Reiteramos todas nuestras solicitudes con derechos de petición y tutelas, y ante el silencio del doctor Cantor acudo a la Procuraduría. No nos pagan los honorarios y buscan debilitarnos financieramente. En ese ir y venir un amigo me presenta al doctor Manuel Sánchez (también investigado) y él habla con el gerente. De inmediato Cantor me llamó.

¿O sea que Manuel Sánchez era muy cercano al doctor Cantor?

Pues claro que sí. ¿Tú qué supones? Cantor ni siquiera le hace caso a un juez o a una tutela, pero sí le hace caso a Manuel Sánchez.

¿Qué pasó en esa reunión?

Fue una reunión más protocolaria porque no nos conocíamos. Él empieza a comentar que para poder sostenerse como gerente tenía que cumplir con unas cuotas burocráticas y que quienes colaboran para esas cuotas burocráticas somos nosotros, los contratistas, y empieza a contarme que en el hospital de Meissen los abogados que manejan la cartera pagan el 90% de sus honorarios al doctor Jesús Eduardo Alfonso (actual subdirector del Simón Bolívar), que es quien hace la repartición, y un porcentaje para el senador Iván Moreno.

¿Y usted qué le dijo?

No dejo ni siquiera que me pida esa comisión. Lo interrumpo y le digo: “Mire las cámaras del hospital, nosotros cómo trabajamos, somos 45 contratistas”. Me pareció terrible lo que estaba diciendo y sabía que el camino era para que yo le entregara supuestamente el 90% de lo que me debía el hospital. Antes, para desacreditarme, ellos le solicitaron al zar anticorrupción un concepto, porque dizque a mí me estaban pagando $1.900 millones, frente a un recaudo de $700 millones. La Procuraduría verificó que eso no era cierto y se inicia un proceso por fraude procesal y falsedad.

¿Quiénes están investigados?

El subgerente financiero y el jefe jurídico.

¿Y Cantor y Jesús Alfonso?

Jesús Alfonso es el que manda en el Simón Bolívar, pero él no firma nada.

Volvamos a la reunión. ¿Para quién iba el dinero que les pedían a los contratistas?

A mí me dijo que para Iván Moreno. No me nombraron al doctor Samuel Moreno, pero en el hospital se sabía que Cantor había llegado por la familia Moreno.

¿Cómo termina la reunión?

Le explico al doctor lo que nosotros hemos hecho. Él me agradece la gestión y me dice que le pase un informe por escrito y que después me citaría para evaluar un posible acuerdo. Todavía estoy esperando esa cita. Él se dio cuenta de que la posición mía era no entregar ninguna clase de dinero, que me incomodé.

¿Cuántas personas supieron de esta situación?

Los abogados de la firma y, de pronto, ya ahorita con todo este tema, le he comentado a mucha gente que me rodea.

¿Ha sabido de otros contratistas que pagaron ese dinero?

Los que denuncié, que por reserva sumarial no los puedo revelar. Todos los contratos que tiene conocimiento la Fiscalía y la Corte Suprema.

¿Ha habido gente que se le haya acercado a contarle más cosas?

Mil cosas, sólo que a la gente le da miedo porque es gente del bajo, medio y alto nivel del sector salud que no quiere perder sus empleos. No tengo miedo porque hice la labor que me correspondía y soy una persona correcta.

Pero las directivas del Simón Bolívar dicen que usted está obrando en retaliación porque le quitaron ese contrato, que usted reclama más de $6 mil millones y que le pagaron $300 millones?

Estoy reclamando lo que me corresponde. Molesta sí estoy porque acabaron mi empresa y me tocó vender mi casa para pagarles a todos mis contratistas.

¿Qué otras irregularidades conoció en el hospital?

El aumento exagerado de la nómina. En la anterior administración había tres abogados. En la de Cantor resultaron 14 haciendo lo mismo y ni siquiera responden los derechos de petición.

¿Coincide con el alcalde Petro que el cartel de la salud es más criminal que el cartel de la malla vial?

Claro. Es más criminal porque se están robando los recursos de la salud de las personas más desfavorecidas de la sociedad. La gente que va al Simón Bolívar es muy humilde. Pero, claro, las directivas estaban interesadas en la cartera que estaba manejando y que me proponía recuperar, que era de $106 mil millones y sobre ese valor sacarme dinero.

Usted denuncia la administración del gerente Cantor. ¿Y las anteriores?

Tengo una experiencia de más de nueve años en los sectores público y privado, con grandes multinacionales incluso, y nunca había escuchado que tuviera que pagar una comisión.

¿Por qué no denunció esto inmediatamente, en 2010?

Porque estaba recopilando todo el material probatorio que me respaldara. Si no, ¿quién iba a creerme?

¿Está amenazada?

Me llegó un pasquín amenazándome a mí y a mi familia.

¿Ya se lo hizo saber a las autoridades?

Sí y les pido en lo posible respaldo.

¿Ve usted ahora una real voluntad de la justicia por investigar todo esto?

La veo de la Sala Penal de la Corte y de la Fiscalía. Las demás autoridades están quietas. De resto silencio en el Ministerio de la Protección Social, la Secretaría de Salud, la Contraloría y la Personería.

¿Aceptaría un careo con las directivas del Simón Bolívar para ratificar estas denuncias?

Claro. No tendría miedo, así esté amenazada.

¿Qué tanto falta por conocerse del llamado cartel de la salud?

Mucho, lo que te estoy diciendo es solamente lo que hicieron conmigo, pero no soy la única afectada, también lo son muchos contratistas. Está afectado el mismo gerente que ocupó el primer puesto por meritocracia y que no fue nombrado en el Simón Bolívar.