Dos ventiladores y un general

Los primeros en señalar al oficial fueron Salvatore Mancuso y alias ‘Macaco’. Mencionaron a muchos otros oficiales, a políticos y a empresarios. A Santoyo lo acusaron de ser uno de sus colaboradores en Medellín. ¿Verdad o venganza?

La imputación de cargos al general (r) de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, por parte de un fiscal de la Corte del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos), que hoy causa revuelo en Colombia, empezó a estructurarse desde 2010. Y el punto de partida para sindicar al exoficial de colaborar con la llamada oficina de cobro de Envigado y la organización de las autodefensas para el envío de droga a EE.UU. a través de México y Centroamérica, fueron las declaraciones aportadas por los extraditados jefes del paramilitarismo Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

El Espectador conoció ambas declaraciones. Fueron rendidas en enero de 2010. El interrogatorio estuvo enfocado en conocer información acerca de supuestos actos de corrupción del Ejército y la Policía de Colombia respecto al accionar del narcotráfico y los grupos de autodefensas. Los dos declarantes que prendieron su ventilador fueron Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Sus señalamientos abren un nuevo capítulo de escándalos, con un primer sindicado: el general (r) Mauricio Santoyo Velasco.

El primero en hablar fue Salvatore Mancuso, quien recordó que sus relaciones con la Fuerza Pública de Colombia empezaron en 1997, cuando él y Rodrigo Tovar Pupo fueron detenidos en La Guajira, y el jefe de las autodefensas Carlos Castaño supuestamente acudió al entonces director de la Policía, general Rosso José Serrano, para buscarla libertad de los detenidos. Mancuso aseguró que Serrano comisionó al coronel Danilo González para que interviniera, y éste tomó un vuelo chárter y rápidamente, a través de un soborno, los sacó libres.

Aunque este episodio ya era conocido e incluso el general (r) Serrano fue absuelto de cualquier vinculación al caso, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso agregó que a raíz de las develaciones por este episodio recibió amenazas y el gobierno del entonces presidente Uribe le quitó la seguridad a su familia. Sin embargo, el extraditado Mancuso agregó que tanto Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, como Hernando Gómez, alias Rasguño, sabían muy bien del vínculo del coronel Danilo González con la mafia, y como al oficial lo protegían altos mandos de la Policía.

Salvatore Mancuso arremetió judicialmente contra varios oficiales de la Policía, entre ellos el exdirector de la institución, general Óscar Naranjo. Por ejemplo, aseguró que el narcotraficante Gabriel Puerta Parra era un intermediario entre el oficial y el jefe de las autodefensas Carlos Castaño, y que oficiales como el entonces mayor Carlos Daniel Sierra o el coronel Carlos Iván Flórez le colaboraban para tener contactos con la organización ilegal, con el propósito de obtener información para diversos fines en la Policía.

Pero el extraditado jefe paramilitar no se quedó ahí. Señaló al excoronel Raúl de Jesús Suárez, a Jesús Antonio Gómez Méndez, a Marcos Antonio Pedrero Rivera y a Mauricio Santoyo Velasco. De todos dijo que, de alguna manera, ayudaron a las acciones de las autodefensas. De paso, sostuvo que el exoficial Rubén Darío Carrillo era muy cercano de Macaco, que el exgeneral Alberto Moore recibía sobornos, el exgeneral Leonardo Gallego era un socio cercano de los Castaño, al igual que el general del Ejército Martín Orlando Carreño.

En esa declaración, apenas ahora conocida, a raíz de las imputaciones de la justicia norteamericana contra el general (r) Mauricio Santoyo, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso no quiso dejar títere con cabeza. Señaló al exdirector del DAS Jorge Noguera de tener estrechos vínculos con Jorge 40 y Hernán Giraldo; a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado de estar en la misma condición, y a un sinnúmero de políticos, encabezados por Eleonora Pineda, Álvaro García, Miguel de la Espriella o Mario Uribe, de ser activos colaboradores de las autodefensas.

Habló del exvicepresidente Francisco Santos, de quien insistió que fue uno de los promotores de la idea de que gestara el bloque Capital en Bogotá; aseguró que el hoy presidente Juan Manuel Santos estuvo buscando acercamientos con las autodefensas para tratar de sacar del cargo al expresidente Ernesto Samper; señaló al exministro Sabas Pretelt de ser el hombre que estuvo detrás de la elección de Mario Iguarán como fiscal para favorecer a las autodefensas, y hasta acusó a los exfuncionarios Bernardo Moreno y Edmundo del Castillo, del gobierno Uribe, de ser muy cercanos a Iván Roberto Duque.

La segunda declaración que apenas hoy se conoce, y que también tuvo como uno de sus principales objetivos conocer de oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos con acciones del narcotráfico o las autodefensas, la aportó Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. El exjefe paramilitar mencionó a Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, hoy también preso en Estados Unidos, como el hombre que pagaba los sobornos, al igual que su lugarteniente Héctor Duque Ceballos, alias Monoteto, quien fue asesinado en Buenos Aires (Argentina), en 2010.

Según Macaco, tanto Rogelio como Monoteto pertenecían a la oficina de cobro de Envigado y pagaban sobornos a altos oficiales de la Policía, a través de un sujeto llamado Gustavo Garzón, alias J. En su declaración, Macaco señaló a personajes como el exoficial Carlos Mesa Carrillo y Carlos Daniel Sierra como supuestos beneficiarios de sus dineros corruptos. Además sostuvo que el capo del norte del Valle, Wílber Varela se ufanaba de decir que había sobornado al exdirector de la Policía Rosso Serrano.

De igual manera, Macaco sostuvo que el general (r) César Pinzón, exdirector de la Dijín y exdirector de la Policía de Bogotá, también había sido un oficial cercano a los narcotraficantes de Cali y el norte del Valle y, en particular, a José Santacruz Londoño. Adicionalmente, que Pinzón había participado en una masacre en un restaurante de la capital antioqueña, cuando buscando a dos narcotraficantes del entonces cartel de Medellín, habían intervenido en la muerte de 14 personas que nada tenían que ver con acciones ilegales.

En la misma declaración arremetió contra dos oficiales: el exdirector de la Policía Óscar Naranjo y el exgeneral Mauricio Santoyo. Del primero aseguró que era conocido de largo tiempo del capo del norte del Valle Wílber Varela. A instancias de la revista Semana, el oficial recordó que esta imputación fue producto de un montaje para desacreditarlo y que fue El Espectador el medio que descubrió de qué manera se habían confabulado varios capos de la droga para desprestigiar al reconocido oficial, sin lograr su cometido criminal.

No obstante, Macaco la emprendió también contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, de quien aseguró tenía estrechas relaciones con Carlos Mario Aguilar, quien llegó a ser el jefe de la oficina de cobro de Envigado. El paramilitar aseguró que ambos estuvieron reunidos con el exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia en tiempos de Álvaro Uribe, el polémico empresario, Pedro Juan Moreno. Alias Macaco recalcó que Uribe los había traicionado a todos menos al general Santoyo, quien había sido su jefe de seguridad en la capital de Antioquia.

Lo particular de la declaración de alias Macaco fueron sus comentarios alrededor del exfiscal Mario Iguarán. Al referirse al exfuncionario, lo relacionó con el abogado Abelardo de la Espriella, e incluso aseguró que le pagaba a este último. La declaración coincide con la aportada por Mancuso, quien añadió que entre Macaco, Rogelio, El Tuso y Don Berna aportaron un fondo para la elección de Iguarán. Lo paradójico es que, según Macaco, el expresidente Uribe y su asesor José Obdulio Gaviria querían que él involucrara a Iguarán y De la Espriella en una relación amorosa para no extraditarlo.

Vale aclarar que el abogado De la Espriella fue investigado por concierto para delinquir y lavado de activos, proceso que fue precluido en junio de 2009. Así mismo, la Fiscalía archivó la investigación por la supuesta entrega de dinero de las autodefensas al abogado en abril de 2012.

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Macaco la emprendió contra otros personajes. El exsenador conservador Ciro Ramírez, de quien dijo mantenía contactos con Henry López, alias Mi Sangre, uno de los principales jefes del bloque Capital y que incluso lo ayudaba a mantenerse en territorios controlados. De igual manera, ratificó que la excongresista Rocío Arias y el exlegislador Carlos Clavijo eran cuotas de las autodefensas en el Congreso, pero tomó distancia del exsenador Habib Mereg, de quien sostuvo no saber de vínculos ilegales con la organización.

El jefe paramilitar, que otrora fue comandante del bloque Central Bolívar, agregó que el actual presidente Juan Manuel Santos mantenía buenas relaciones con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Finalmente, manifestó que la familia del expresidente Álvaro Uribe era muy cercana a los hermanos Gallón Henao, al punto de que ambos grupos familiares estuvieron asociados en una compañía minera en Antioquia, que supuestamente estuvo involucrada en lavado de activos e hicieron negocios con Éver Veloza, Diego Murillo Bejarano y William Vélez Sierra.

Las declaraciones de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez son de 2010, pero fueron el punto de partida de una investigación mayor en la Corte del Distrito Este de Virginia. En cuanto a su credibilidad, el expresidente Álvaro Uribe ha manifestado, una y otra vez, que se trata de una venganza criminal de varios personajes a quienes él se vio forzado a extraditar hacia Estados Unidos en mayo de 2008 e igualmente la mayoría de las personas mencionadas han negado categóricamente que sean verdades los señalamientos.

Aun así, el pasado viernes trascendió que el fiscal norteamericano Neil MacBride decidió abrir una investigación contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco porque supuestamente recibió sobornos de miembros de la oficina de cobros de Envigado y de las autodefensas por permitir el envío de toneladas de droga a Estados Unidos y que, además, aprovechó su condición de director antisecuestro en Medellín para hacer interceptaciones telefónicas a delincuentes o competidores en el negocio de los narcóticos, quienes después aparecieron asesinados.

Aunque las imputaciones contra el exoficial Santoyo, al igual que otros señalamientos contra miembros de la Fuerza Pública y dirigentes políticos, tendrán que ratificarse ante las autoridades, en particular el caso del general (r) vuelve a traer al presente la polémica que surgió entre abril y diciembre de 2000, cuando se constató que se presentaron irregularidades en interceptaciones telefónicas por parte del grupo Antiextorsión y Secuestro de la Policía en Medellín, que derivaron en un proceso disciplinario en la Procuraduría, por el cual fue destituido Santoyo.

El entonces coronel Mauricio Santoyo, quien ejerció la comandancia del Gaula en Medellín entre 1996 y 1999, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en octubre de 2003. Sin embargo, para entonces el oficial ya ejercía como jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Además, Santoyo presentó una demanda contra el Estado que terminó ganando en la justicia administrativa en 2006. Un año después fue ascendido al rango de general y en 2008 fue agregado policial en la Embajada de Colombia en Italia. En 2009 se retiró de la Policía.

Desde entonces no se había vuelto a saber de su desempeño, hasta este fin de semana en que trascendió la investigación abierta en una corte de Estados Unidos. Pero lo único claro es que dicha pesquisa está sustentada en declaraciones de personajes extraditados a territorio norteamericano y que los primeros que se fueron lanza en ristre contra el exoficial fueron Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Salvatore Mancuso. Se desconoce si Don Berna o alias El Tuso Sierra, quienes tuvieron influencia en Medellín, han participado en este inusitado proceso.

A pesar de que ya se han abierto investigaciones en Estados Unidos contra oficiales de la Policía colombiana por vinculaciones con el tráfico de estupefacientes, es la primera vez que un general de la República se ve conminado a responder cargos por narcotráfico. El caso reviste especial gravedad si se tiene en cuenta que el general (r) fue el jefe de seguridad del expresidente Uribe. Según fuentes consultadas, precisamente esta circunstancia permite especular que puede tratarse de una deliberada intención de los extraditados por enlodar el círculo del exmandatario.

La mayoría de los episodios narrados por Salvatore Mancuso y Macaco ya habían sido incluidos en otras declaraciones, pero por primera vez trasciende ante la opinión pública que le dedicaron varias horas a contar sus relaciones con la Fuerza Pública y que la justicia norteamericana está muy interesada en establecer cuáles fueron los nexos de corrupción entre las autodefensas y el narcotráfico con al Policía y el Ejército de Colombia, que hasta ahora se limitaban a un nombre que produce escozor en la Policía cada que se le menciona: el coronel Danilo González.

Asesinado en 2004 en Bogotá, hoy se sabe que a pesar de que llegó a ser comandante del Gaula, también era una ficha del cartel del norte del Valle, en el ala comandada por el capo Wílber Varela. Quienes lo conocieron sostienen que estaba haciendo gestiones para entregarse a la justicia norteamericana y que sus principales develaciones apuntaban a contar quiénes eran los oficiales corruptos al servicio del narcotráfico. Hoy, ocho años después, es claro que Estados Unidos quiere conocer esa verdad y, por lo pronto, el general (r) Mauricio Santoyo es el primero que debe dar explicaciones.

Un polémico ascenso en el Congreso

Dado el antecedente de la destitución por la Procuraduría, para que el entonces coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco fuera llamado a realizar curso de general este ascenso debía ser aprobado por el Congreso. El tema, como era de esperarse, causó una marcada división entre los parlamentarios que atacaban al oficial y quienes creían su versión.

Finalmente la defensa de Santoyo ganó. El coronel les aseguró a los congresistas que él, contrario a lo que había dicho el Ministerio Público, no tenía manejo sobre las interceptaciones telefónicas ilegales que se hicieron desde el Gaula de Medellín que él comandaba.

Parlamentarios uribistas resaltaron que ya el Consejo de Estado había dejado sin validez el fallo disciplinario. Señalaron además que se trataba de un ataque no a Santoyo sino a Uribe, pues las críticas contra el coronel habían empezado, dijeron, justo al ser nombrado jefe de seguridad de la Casa de Nariño.

Los otros sancionados

Con la destitución del entonces coronel de la Policía Mauricio Santoyo en 2003 vino también la destitución para nueve subordinados suyos por las interceptaciones ilegales que se hicieron desde la sala de inteligencia del Gaula de Medellín. El de más alto rango era Germán Flórez Sánchez, coronel como Santoyo. Fueron incluidos también los capitanes Harvey Grijalba Suárez, Nelson Baracaldo Caballero y César Augusto Pardo Salcedo; los sargentos José Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango; el subintendente Bermín de Jesús Patiño, y el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez.

En ese mismo fallo se sancionó a Jorge Bastidas Abril, inspector de la división de seguridad, vigilancia y control de las Empresas Públicas de Medellín. Bastidas era la persona ante quien los miembros del Gaula gestionaban las interceptaciones de las líneas y fue suspendido de su cargo durante 90 días.

Los únicos absueltos fueron los mayores Luis Ómar Sánchez y Herminzul Orozco Espinosa. 

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