En vivo: La justicia transicional a dos años del Acuerdo con las Farc

hace 2 horas

Ecos del ataque terrorista

Gobierno ofreció $500 millones por información que permita la captura de los responsables.

Mientras el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ofreció en Popayán una recompensa de hasta $500 millones por información que conduzca a ubicar a los responsables del atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá y el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, manifestó que no se puede descartar ninguna hipótesis, se presentó el viernes ante las autoridades uno de los testigos clave en el desarrollo de la investigación.

Se trata de Gustavo Ladino, un tramitador que lleva cerca de 18 años en el oficio, quien reconoció que fue el responsable de haber conseguido la placa falsa que tenía el automotor Chevrolet Swift que fue empleado en el ataque, perpetrado en la calle 67 con carrera séptima. Antes de ser escuchado por miembros del CTI, aseguró que un conocido suyo fue quien lo contactó con los dos hombres que le pagaron $400.000 por conseguir la placa falsa para el automotor. Insistió que es inocente. “Confieso ante la ley y ante todos los medios: yo soy una persona humilde, trabajadora. Llevo trabajando 18 años y nunca me he metido en terrorismo. Fui utilizado para conseguir lo del arriendo y lo de la comida de mis hijos”, enfatizó Ladino visiblemente angustiado. Con base en esa declaración se efectuaron este viernes allanamientos en el sur de Bogotá en busca del hombre que contactó al tramitador con los terroristas. Ladino fue incluido en el programa de protección de testigos del ente acusador, al igual que su círculo familiar más cercano, ante las amenazas que ya comenzó a recibir.

Entre tanto, en desarrollo de una ceremonia militar en Popayán, el presidente Juan Manuel Santos ofreció la millonaria recompensa por información que conduzca a los responsables del atentado y sostuvo que no descansará “hasta ver este país libre de terroristas”. “Esa demostración de cobardía de parte de quienes fueron responsables de ese carro bomba, la población la rechazó de forma contundente. Y lo que hacen con el Gobierno y las Fuerzas Armadas es entusiasmarlos para seguir adelante con más vigor, con más contundencia”, recalcó. A su turno, el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, aseguro en Cartagena que aunque hay varias hipótesis, y se tiene establecido el modus operandi (que es similar al utilizado por las Farc en otros hechos de esta naturaleza) aún es prematuro señalar responsables.

Más allá de las averiguaciones sobre los autores del hecho, este viernes también surgió una fuerte polémica por la seguridad en los alrededores del edificio de Caracol. Dario Arizmendi, director de esa cadena radial, denunció que tres semanas antes que ocurriera el atentado la Policía retiró los uniformados que custodiaban el sector. Frente a esa acusación el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ordenó una investigación para establecer por qué fueron movidos los miembros de la Fuerza Pública.

Pero la respuesta del director de la Policía, general Óscar Naranjo, fue inmediata y rechazó el cuestionamiento. Al mismo tiempo insistió que prestará todo el apoyo necesario para esclarecer el atentado terrorista del pasado jueves y que presentará ante la Fiscalía General de la Nación las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos. Sin embargo, Ricardo Alarcón, presidente de Caracol, terció en la polémica y pese a que sostuvo que sí hubo protección en los últimos tres años por parte de la Policía, reconoció que esa situación no se podía mantener de manera indefinida.