'No existe responsabilidad mía'

El Espectador presenta algunas de las declaraciones que el ex ministro dio en versión libre en la Procuraduría hace unos meses. Arias sostuvo su inocencia y señaló que AIS es un programa que se salva de la politiquería.

“No puede existir responsabilidad mía en la ejecución, implementación operativa y falta de control del modus operandi del fraccionamiento de tierras y simulación de contratos de arrendamiento que condujo a una concentración anómala de recursos de riesgo de Agro Ingreso Seguro (AIS) en manos de algunas personas”. La defensa es del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Sus razones se las entregó a la Procuraduría el 24 de marzo pasado, en el marco del escándalo por el favorecimiento de tradicionales dinastías políticas de la Costa y hasta ex reinas de belleza que recibieron millonarios subsidios del Estado, aparentemente de manera irregular.

Explicaciones que deberá refrendar en la Fiscalía luego de que esta semana se formalizara su llamado a interrogatorio, por orden del fiscal general, Guillermo Mendoza. Por eso cobra relevancia la versión libre que le entregó Arias a la Procuraduría, consignada en un extenso documento de 61 páginas conocido por El Espectador. Lo primero que dijo fue que en otras administraciones, sin aludir a nombres precisos, se asignaban recursos a dedo y eran las ‘roscas’ y los padrinazgos los que prevalecían sobre las decisiones públicas, “un desastre derivado de la politiquería”. Y a renglón seguido concluyó que “este debate se ha tornado político y algunos han osado decir que AIS es un programa pro-rico”, cuando, según él, se observa todo lo contrario “si las cifras se analizan sin sesgo político y sin pasión”.

Una frase que ha venido repitiendo el ex ministro desde hace un año, cuando la revista Cambio reveló que familias como la Dávila, Vives, Lacouture, Dangond, Tribín, Fernández de Castro, entre otras, muchas de ellas aportantes al cuestionado referendo reeleccionista que buscaba un tercer mandato consecutivo de Álvaro Uribe Vélez, habían sido beneficiarios de dineros de AIS, un programa diseñado por el Gobierno para paliar los impactos del TLC con Estados Unidos en el campo y dirigido, en teoría, a pequeños y medianos productores del agro. Sin embargo, el país se escandalizó cuando también quedó en evidencia que poderosos ingenieros azucareros del Valle, como Mayagüez y Manuelita, coincidencialmente aportaron al referendo y recibieron subsidios por $1.365 millones.

Otras perlas detectadas por los medios de comunicación dieron cuenta, como lo denunció el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, que un grupo de 45 empresas que entregaron unos $550 millones para financiar la campaña a la Presidencia de Álvaro Uribe en 2002, terminaron recibiendo subsidios por un valor superior a los $33.000 millones del programa de AIS. Y lo que es más grave, el periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno, demostró que beneficiarios de Agro Ingreso resultaron dando aportes económicos a la campaña de Andrés Felipe Arias como precandidato conservador el año pasado. No obstante, Arias  le dijo a la Procuraduría que AIS era un programa que se otorgaba “en igualdad de condiciones, sin importar el color político, región de origen, apellido y su afecto o desafecto por el Gobierno”.

Para poner en funcionamiento este proyecto gubernamental, el Ministerio de Agricultura acudió a un organismo adscrito a la OEA que contaba —en palabras de Arias— con la experiencia, trayectoria, capital humano y capacidad científica para apoyar el programa de riego y drenaje: el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Y entre 2007 y 2009 se firmaron cuatro convenios por cerca de $500 mil millones para que el IICA adelantara toda la operación de convocatoria, selección de propuestas, contratación, ejecución y seguimiento del programa de riego y drenaje de AIS. Dicho de otro modo, el IICA estaba encargado de revisar la letra menuda de los beneficiarios y junto con el Ministerio debía desarrollar filtros para evitar que avivatos se adueñaran de subsidios, como ocurrió en este caso y así reconoció el propio Arias.

Según explicó, es normal que en el campo una familia parcele su finca entre sus hijos y que éstos, a su vez, lo hagan con otros familiares. En ese contexto, AIS permitía que todos accedieran de manera individual a los incentivos que se ofrecían, “pues cada parcela termina siendo una explotación independiente”. Arias tampoco vio anormal que muchos campesinos fueran arrendatarios de terrenos que también pudieron favorecerse de AIS, pues “de otro modo el programa sería discriminatorio”. Pero —admitió— “simular una parcelación pocos días antes de una convocatoria, con arrendamientos artificiales a terceras personas y por debajo del verdadero valor del mercado, con el fin de concentrar más recursos de riego que lo que la norma permite en manos de un solo dueño, o concentrar el incentivo de varios proyectos en un predio es, en el mejor de los casos, un abuso contra el programa”.

En su defensa, resaltó que jamás concibió “dicho modus operandi”; que no era el espíritu del proyecto inducir o permitir esta concentración de dineros en un solo predio, aún más si se violaban los topes establecidos en cada convocatoria; que él daba los lineamientos para cada convocatoria, pero que “nunca podía llegar hasta la parte operativa y menos hasta el detalle técnico de adjudicación de los proyectos”, por lo que su responsabilidad no era la ejecución de los convenios, sino el diseño de la política de agro allí plasmada. “Era imposible para mí haber detectado o denunciado cualquier anomalía, menos cuando no se reportaba fraccionamiento de predios o simulación de contratos”. Y para decirlo en palabras castizas, si de errores o colados se trata, Arias responsabilizó a funcionarios técnicos del Ministerio y del IICA. Cualquiera menos él.

“Tampoco es cierto que hubiera llamado a alguno de los particulares que están vinculados a este proceso para sugerirles o indicarles el modus operandi bajo el cual concentraron más recursos de lo permitido en el programa de riego de AIS. No existe llamada alguna o contacto con estas personas para sugerirles o indicarles método alguno, regular o irregular, para acceder a las convocatorias. Nunca, ni como ministro ni como ex ministro, me reuní con algún particular o lo llamé para orientarlo en la formulación de su proyecto de riego. Mi capacidad técnica no hubiera alcanzado para ello (...) Mi participación como ministro se limitaba a animar a los gobernadores, alcaldes, gremios y asociaciones de toda Colombia a que participaran de los módulos de AIS”, dijo.

Lo contradijo parcialmente el beneficiario Juan Manuel Dávila Jimeno —suegro de la ex reina de belleza Valerie Domínguez, quien también se hizo acreedora a dineros de AIS—, quien en interrogatorio en la Fiscalía relató que, una vez estalló el escándalo, Arias lo llamó a él y a otros beneficiarios de AIS para que “no fuéramos a contestar ninguna llamada de periodistas hasta tanto tuviéramos una respuesta unificada”. El Espectador, en su edición del pasado 20 de enero, reveló que el palmicultor, que forma parte de uno de los clanes familiares más influyentes y poderosos del Magdalena, contó que Arias había hablado con él y con Jaime Gregorio Vives, Alfonso Dávila Abondano y Nelson Vives, también beneficiarios. La conversación duró 7 u 8 minutos, refirió el testigo.

Y añadió que vía telefónica “le pregunté si veía que en la forma en que presentamos los proyectos incurrimos en algún error, y él me dijo que todo era legal. (Pero) luego de 15 días su pensamiento cambió y estuvo de acuerdo con que nosotros habíamos hecho engaños (...) Yo le dije al ex ministro (Arias) que estaríamos pendientes de cómo íbamos a contestar conjuntamente, con su colaboración, pero esto nunca llegó y todos los días fueron más fuertes las agresiones”, concluyó Dávila. Su versión fue refutada por Andrés Felipe Arias, al resaltar que las cifras son demoledoras para defender las bondades de AIS, como que 1,2 millones de colombianos se beneficiaron, que un 98% eran pequeños y medianos agricultores y que 376 mil empleos se generaron o protegieron.

En el expediente de la Procuraduría por ahora, sin embargo, se detectaron más de 33 proyectos en los que se fraccionaron tierras, donde se evidenciaron falencias en los estudios previos que dieron origen a los multimillonarios convenios con el IICA. Según el proceso, no hay datos precisos que justifiquen el valor de los cuestionados convenios con el IICA o un análisis riguroso para contratar sin licitación a este organismo adscrito a la OEA. Peor aún, advierte el procurador Alejandro Ordóñez, no se entiende por qué estas funciones no las podía asumir el Ministerio de Agricultura o por qué al revisar los recursos otorgados por el Estado al IICA para atender gastos de administración de los convenios supere “ampliamente el porcentaje fijado por la ley”.

Los investigadores tampoco comprenden por qué proyectos como Campogrande I, II, III, IV y V fueron declarados no viables en un principio, por parte de un panel de evaluadores, y luego, súbitamente, un comité de expertos, sin argumentaciones de fondo, corrigieron de un plumazo las inconsistencias advertidas y fueron aprobados subsidios por el Ministerio de Agricultura. Aún más, en lo que se ha documentado, la justicia critica que si bien la ley no prohíbe el fraccionamiento de predios, esta práctica no podía ser pasada por alto por el Estado, y no es una cosa menor si se tiene en cuenta que oportunamente fue enterado, a través de informes de interventoría de estas irregularidades y no se hizo nada para evitarlo. “Sin tener en cuenta que algunos presentaron varios proyectos sobre un mismo predio, siendo asesorados por técnicos del IICA”, según estableció el Procurador.

Por estos hechos, el ex ministro Arias, su sucesor Andrés Fernández, el ex director del Incoder Rodolfo Campo y otros 15 funcionarios del Minagricultura tienen una investigación abierta en el Ministerio Público. En la Fiscalía el caso apenas toma vuelo, y en manos del fiscal anticorrupción Alfredo Parada Ayala se concretan evidencias. Un rumor insistente, sin embargo, tiene alarmados a muchos en la última semana: que el proceso le será quitado al fiscal Parada, el investigador que más conoce los intríngulis denunciados y al que han tratado de sugerirle la tesis de que la responsabilidad por este caso recaería en beneficiarios avivatos y no en los funcionarios de alto rango que debieron atravesárseles.

El expediente de Agro Ingreso Seguro no ha estado exento de polémicas ni rumores. Todavía se desconocen los motivos por los cuales el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gustavo Roa, quien adelantaba las pesquisas en contra de los ex ministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, salió del ente acusador. Lejos de las conjeturas, Arias se presentará esta semana ante la Fiscalía para explicar sus decisiones al frente de la cartera. ¿Refrendará en el ente acusador lo que dijo en la Procuraduría de que ninguna responsabilidad le asiste en el escándalo de Agro Ingreso?