Anestesia mortal

En enero de 1997 Arturo  Villalba fue operado para corregirle una fractura mandibular. Siete horas después de salir del quirófano falleció por problemas respiratorios originados por una alta dosis de morfina suministrada por el anestesiólogo.

 

El martes 11 de enero de 1997 la mala suerte comenzó a ensañarse con Arturo Vicente Villalba Cortés. Ese día fue atropellado por una motocicleta. El primer diagnóstico médico concluyó que el paciente presentaba “politraumatismo, herida en la cara y trauma dental”. Posteriormente, un odontólogo le practicó la exodoncia de dos muelas y dispuso someterlo a una evaluación por el cirujano maxilofacial porque presentaba disminución de la apertura bucal.

En esta tercera valoración el especialista halló alterada la oclusión. “mordida y fracturas dentales”. Diagnosticó que el paciente sufrió una “fractura condilomandibular”, razón que obligó a su traslado a la Clínica de Fracturas y Ortopedia Ltda., en Neiva.

Villalba Cortés y su familia siguieron las instrucciones médicas y acudieron a ese centro hospitalario con el natural optimismo por una pronta recuperación. Sin embargo, el sino trágico dictó un final inesperado.

El lunes 3 de febrero Arturo fue conducido a la sala de cirugía donde fue sometido, con la participación de un anestesiólogo de nombre Juan David, a una “reducción abierta de fractura mandibular y exploración del conducto dentario bajo anestesia general inalatorio (sic) sin complicaciones”, según la nota de cirugía.

En la hoja de órdenes médicas, elaborada por el médico Javier Montejo Tarazona, consta que éste le dio salida al paciente y le prescribió iniciar una dieta líquida, a partir de las 22 horas, y tomar amoxicilina y acetaminofén —jarabe— cada 8 y 6 horas, respectivamente, como también aplicarse ampolletas de dipirona con intervalos de 8 horas.

El control de suministro de medicina a dicho paciente dejó al descubierto el error en que incurrió la enfermería al aplicarle diclofenaco —ampollas— en lugar de la dipirona, conforme lo prescribió el cirujano maxilofacial.

La mala hora de Arturo estuvo marcada por otro error (este sí fatal) descubierto en el posoperatorio, consistente en que Juan David, el médico anestesiólogo, nunca vigiló la evolución del paciente, tarea que fue encargada a un auxiliar de enfermería sin experiencia para asumir tan delicada tarea.

Después de siete horas de que Arturo hubiera sido operado, la estocada final de su existencia quedó registrada en las anotaciones de enfermería en las que a las 2:30 a.m., del 4 de febrero de 1997, se reseñó lo siguiente: “2:40. Al regresar el enfermo a cubrir el paciente (sic), se percibe que éste no respira, se realizan maniobras de cardiorrespiración durante cinco minutos el paciente no responde, se llama inmediatamente al anastesiólogo, se continúa realizando masajes torácicos, el paciente no responde. (…) se limpia secreción sanguinolenta que drena por el mentón (…)”. A esa hora, Arturo falleció.

En el lapso que transcurrió entre el momento de la operación y el deceso del paciente, las notas de enfermería dan cuenta de que Arturo permaneció dormido durante el posoperatorio, esto es, por más de seis horas. Es decir, nunca recuperó su nivel de conciencia normal.

Entonces, agobiados por el dolor y la confusión por la absurda pérdida de su padre y esposo, los familiares de Arturo demandaron a la clínica para reclamar una indemnización material y moral por $200 millones, pretensión que le fue concedida en primera instancia por el juez cuarto civil del circuito de Neiva , al hallar responsable a la Clínica de Fracturas y Ortopedia Ltda. de la muerte del paciente. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior del Huila.

Sin embargo, el representante legal de la clínica interpuso un recurso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la anulación de la condena con el argumento de que los médicos que operaron a Arturo no tenían relación laboral con la clínica y que eran los galenos quienes tenían que indeminizar a los dolientes.

Al resolver el caso, el pasado 22 de julio el máximo tribunal de la justicia ordinaria confirmó la condena al demostrar que la demandada tuvo culpa directa en el deceso del paciente por desconocer las normas mínimas de seguridad en anestesiología, ya que el cuidado posanestésico de Arturo no fue depositado en el personal habilitado para brindarle el mismo, por cuanto fue delegado en el auxiliar de enfermería, sin la supervisión de un anestesiólogo.

La Corte advirtió que de haberse acatado las normas de habilitación de las Unidades de Cuidado en la fase posanestésica, pudo evitarse el funesto resultado, pues según los investigadores de tal problemática. “(…) más de la mitad de los accidentes podrían haberse prevenido si se hubieran cumplido las normas y protocolos” (...) amén que “la mayoría de los accidentes anestésicos son evitables.

La sentencia subrayó que en la etapa posanestésica fueron varias las irregularidades que se presentaron, empezando porque el anestesiólogo que asistió al paciente durante la intervención quirúrgica lo condujo a la Unidad de Cuidados sin que hubiese recuperado la conciencia, desconociendo “la regla según la cual el paciente debe llegar a esa unidad con un control adecuado de la vía aérea, hemodinámicamente estable y con un nivel de conciencia cercano al que tenía antes del acto anestésico”.

Peor aún fue la demostración consistente en que el anestesiólogo inició su cadena de errores que coadyuvaron al fatídico resultado, suministrándole al paciente una dosis de 20 miligramos de morfina utilizada como anestésico en este caso, cuando el máximo permitido es de 5 miligramos como dosis total.

La experticia rendida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 7 de marzo de 2002, concluyó que “el paciente falleció por depresión respiratoria secundaria al uso de opioides, en este caso morfina”, cuyos efectos nunca fueron vigilados.