En Medellín la violencia está desbordada

Alcaldía y Gobierno diseñan medidas para enfrentar la arremetida de los ilegales.

Hace unos días aparecieron en las comunas 5, 6 y 7, y luego se extendieron por casi todo Medellín, en los postes de energía, unos puntos rojos. Los habitantes de barrios periféricos entendieron de inmediato la nueva notificación de los violentos que operan en estos territorios. La intimidación continúa, muy a pesar de que se hayan desmantelado 18 ‘combos’ ilegales o de capturas como la de La Cachona, mano derecha del capo Valenciano, mandamás de las mafias en el Valle de Aburrá. La población, temerosa, no se atreve a transitar las zonas demarcadas. “Si uno se pasa de un lado a otro, donde están en guerra, le disparan sin más ni más”, comentó un habitante del barrio Castilla, al occidente de la ciudad.

Los puntos rojos generaron una psicosis colectiva en barrios populares que recorrió El Espectador. “Nadie vio quién los marcó, todos empezaron a especular. Las fronteras imaginarias existen. Hay muchachos que no pueden ir a Castilla por el solo hecho de ser del Alfonso López”, dijo el padre Juan Carlos Velásquez. En los colegios del sector ha disminuido hasta en un 50% el número de alumnos. “El CASD, por ejemplo, el año pasado tenía 3.000 estudiantes; hoy quedan 700”, contó el párroco de la zona, quien ha tenido que hablar con jefes de distintos ‘combos’ que operan en los alrededores de cinco colegios, para que permitan el ingreso de estudiantes.

El coronel Juan Pablo Guerrero, comandante operativo de la Policía Metropolitana, descartó que donde están los puntos demarcados exista confrontación entre bandas. Pero fuentes consultadas por El Espectador advirtieron que los puntos rojos fueron ubicados por bandas al servicio de Sebastián para delimitar sus territorios y tener un control exacto de la economía para el cobro de extorsiones. “Así sabemos cuáles calles nos tocan para la vigilancia y no nos metemos en el terreno de los parceros”, relató un joven del sector de Robledo.

El cobro de las llamadas vacunas también se disparó. La presión ejercida por la Policía en la persecución de Valenciano y Sebastián terminó por desconectar sus redes de sicarios y a los jóvenes no les está llegando dinero. El ‘impuesto’ se trasladó a la comunidad. El secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau, afirmó que hay un intento de los ilegales por continuar prácticas de microtráfico de drogas y extorsión. Cifras conocidas por este diario revelan que, semanalmente, los delincuentes cobran a cada casa, en barrios de su control, entre $1.000 y 5.000; los comerciantes, dependiendo del negocio, pagan entre $5.000 y $50.000; los conductores de buses hacen lo propio con cuotas de entre $20.000 y $30.000. En Medellín existen 95 terminales de buses, todas extorsionadas. Cerca de $4.000 millones recaudan al mes los violentos con este sistema.

El asunto es tan grave que se han presentado cuatro paros de transporte en diferentes zonas, pues los conductores aseguran que hay barrios donde deben pagarles hasta a tres grupos diferentes. Los expendios de chance de la ciudad también se habrían visto obligados a pagar dineros cercanos a los $3.000 millones. Todo esto sumado al microtráfico de drogas. Datos oficiales reportan 600 plazas de vicio, que en promedio generan ganancias mensuales por $5.400 millones. No son exageradas las cuentas de las autoridades: unos $17.000 millones recaudan en apenas 30 días estos grupos ilegales. En las comunas 5, 6 y 7 hay obras en desarrollo por $80.000 millones, un botín del que también buscan apropiarse, según señaló Carlos Arcila, de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6.

El secretario Palau informó que, de ser necesario, acordonarán los lotes donde se desarrollan los trabajos, pero “no permitiremos el chantaje de los delincuentes”. El afán por controlar estas economías mantiene los enfrentamientos entre los grupos de Sebastián y Valenciano. Si bien la intención de los puntos rojos era delimitar el territorio para el cobro de extorsiones, hizo visibles las fronteras entre los ‘combos’ enfrentados. Los últimos brotes de violencia en la Comuna 13, con bandas como La Agonía y La Divisa combatiendo con armamento de largo alcance, e incluso impactando el Metrocable, rebosaron la copa del alcalde Alonso Salazar, quien estuvo este martes en la zona para verificar que el Metrocable funcionara sin problema y notificar a los violentos que en la protección de Medellín está comprometido el Estado.

Hasta rezar se ha vuelto peligroso. Sacerdotes ven con preocupación la disminución de sus fieles hasta en un 30% y algunos optaron por modificar sus horarios de celebraciones litúrgicas.