De acuerdos, misiones y pactos con EE.UU.

Departamento de Estado aguarda planes del gobierno Santos. El Congreso juega sus primeras cartas en el tema. Reciente libro prueba muchos años de acuerdos militares con EE.UU.

“Estamos esperando escuchar de la administración de Santos sus planes sobre cómo proceder (...), nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes”. Con estas escuetas frases se pronunció este miércoles el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, tras conocer la noticia de que el convenio que les permitía a los militares norteamericanos hacer uso de siete bases militares colombianas ya no tiene piso jurídico.

Y reiteró el Departamento de Estado de EE.UU. que el acuerdo de cooperación militar con Colombia “busca asegurar una cooperación bilateral efectiva con el fin de responder a las preocupaciones de seguridad tales como el tráfico ilícito de drogas, grupos armados ilegales y el terrorismo”. De alguna manera, la tesis que defendieron dos de los magistrados de la Corte Constitucional que consideraban que el acuerdo en entredicho hacía parte de convenios avalados en la materia desde hace décadas.

Sin embargo, la postura mayoritaria de la Corte Constitucional fue determinar que la posibilidad de que contratistas y soldados norteamericanos hagan uso de las bases aéreas de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta), las bases navales de Cartagena y el Pacífico, el Centro de Entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá), requiere de un tratado internacional y, por consiguiente, de su aprobación en el Congreso de la República.

Por eso, este miércoles mismo comenzó a cobrar fuerza el debate político en torno a la urgencia o no de abordar el estudio de ese tratado, dejando en claro que, cualquiera sea la posición del Congreso, el asunto va a revivir la polémica que se viene presentando con el gobierno de Venezuela, pues al fin y al cabo, uno de los aspectos que mayores críticas ha motivado del presidente del vecino país, Hugo Chávez, es precisamente el acuerdo que permitía el uso de siete bases colombianas a personal norteamericano.

Y de antemano, está claro que el tema promete un pulso entre la bancada mayoritaria del Gobierno y la oposición. De hecho, este miércoles mismo se pronunció el senador y presidente del Partido de la U, Juan Lozano, y dejó en claro que si el sentido del fallo indica que el Congreso debe conocer y debatir ese acuerdo, los partidos que hacen parte de la llamada unidad nacional harán el trámite que sea necesario para que el tratado con Estados Unidos sea cuanto antes ratificado.

Del otro lado, el senador y vocero del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, insistió este miércoles que en la Constitución de 1991 no existe artículo alguno para la construcción de bases militares extranjeras, ni tampoco para el uso de bases colombianas por parte de tropas extranjeras. En este sentido anunció que su bancada se opondrá a la aprobación de cualquier tratado en esta materia, aunque confía que la Corte Constitucional de todos modos reconozca su ilegalidad.

Desde el pasado 13 de octubre de 2009, el Consejo de Estado, al rendir concepto sobre la celebración del proyecto de acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, ya había sugerido la necesidad de que el Congreso estudiara el tema y de paso lo calificó como un proyecto de acuerdo “muy amplio y desbalanceado para el país, tanto en su objeto como en su contenido obligacional”.

En contraste, el gobierno saliente lo había encuadrado como un acuerdo simplificado que sólo desarrollaba obligaciones previamente establecidas en instrumentos multilaterales, que no se incorporaban nuevas situaciones para el Estado colombiano y que, de todos modos, la presencia de militares de los Estados Unidos en Colombia no era distinta a la ocurrida en los últimos cincuenta años, en desarrollo de diferentes convenios para combatir el delito, el narcotráfico o en los últimos tiempos el terrorismo.

Aunque en su momento el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe invocó como fuentes jurídicas varios acuerdos de asistencia militar entre Colombia y Estados Unidos suscritos desde 1952, al repasar la historia de las relaciones internacionales entre los dos países es mucho mayor la presencia militar norteamericana en territorio nacional, no solamente en materia económica, sino particularmente en temas de cooperación de carácter militar.

Coincidencialmente por estos días circula la obra El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, del ingeniero y economista Diego Otero Prada, en la que se documenta no sólo la postura de Estados Unidos frente a Latinoamérica y el Caribe a partir de la declaración de la doctrina Monroe en diciembre de 1823, sino en particular, cómo desde 1938 y de manera secuencial, existen acuerdos de cooperación militar de Estados Unidos con diversos gobiernos de Colombia.

 Por ejemplo, el trabajo de Otero Prada registra cómo Colombia fue el primer país que envió personal para ser entrenado en la Latin American Ground School, antecesora de la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos, abierta en Panamá en 1946; y cómo también, después de la Segunda Guerra Mundial, el acercamiento de Colombia con Estados Unidos en materia militar fue tan amplio que el país fue el único que participó en la llamada Guerra de Corea en 1950.

Meses después, Colombia fue nuevamente el primer país latinoamericano en firmar el Programa de Asistencia Militar con Estados Unidos en abril de 1952. Un instrumento jurídico que dio lugar a una sucesión de misiones, convenios, planes y acuerdos con idénticos fines. El más recordado, la misión norteamericana que, en febrero de 1952, formuló recomendaciones en la lucha contrainsurgente que determinaron buena parte de las estrategias militares en el país.

Esta misión, encabezada por el brigadier general William Yarborough, refiere Otero Prada en su libro, fue determinante para posteriores pactos como la Operación de Seguridad Latinoamericana o Plan Laso, que en la década de los años 60 determinó la creación de unidades para enfrentar operaciones de guerra no convencional y el empleo de fuerzas armadas en zonas sujetas a bandidismo o enclaves de influencia comunista.

Este tipo de iniciativas se fueron refrendando con múltiples acuerdos y misiones militares a lo largo de los años 70 y 80, posteriormente reforzados con convenciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Los últimos pasos de esta reiterada asistencia militar norteamericana en el país se circunscriben al Plan Colombia, aprobado en el gobierno de Andrés Pastrana en 1998, y el frustrado acuerdo de las siete bases militares para personal norteamericano, aprobado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el trabajo mencionado, entre 1946 y 2006 la asistencia económica y militar en Colombia llegó a los 8.847 millones de dólares. Una cifra que ha venido creciendo si se tiene en cuenta que Colombia es el primer país del continente con asistencia militar norteamericana. Con estos antecedentes, es claro que tarde o temprano este Gobierno, o los próximos, seguirán debatiendo el tema, aunque por lo pronto la Corte Constitucional ha dicho que lo pertinente es hacerlo por la vía que ordena la Carta política. Es decir, a través del Congreso.