Estrategia de 'El Arquitecto'

<p>Los interesados interpusieron dos  tutelas para recuperar millonarias propiedades congeladas por la Fiscalía.</p>

Parte del emporio económico que forjó el señalado narcotraficante colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, a través de dos décadas ha sido objeto en los últimos meses de una agría disputa jurídica. A través de dos tutelas ex empleados y personas allegadas a Bermúdez trataron de levantar el embargo que pesa sobre bienes y sociedades de los que las autoridades tiene fundadas sospechas que en realidad pertenecen a alias El Arquitecto.

Aunque por varios años se dio a conocer como un colombiano exitoso que vivía en México, el comienzo del fin para Bermúdez llegó el 24 de septiembre de 2007, cuando por fallas mecánicas se vino a tierra en la región mexicana de Yucatán una avioneta Cessna en la que se transportaban 743 kilogramos de cocaína. En desarrollo de la investigación posterior, un mes más tarde fue capturado su hijo Felipe Bermúdez Durán, quien vivía en un exclusivo sector del Distrito Federal.

El 2 de octubre siguiente alias El Arquitecto fue detenido en esa ciudad y de inmediato se conoció que era solicitado por narcotráfico por el Distrito Este de Nueva York. Ese hecho para las autoridades colombianas fue la confirmación de los indicios que habían recaudado por cerca de 20 años. Hijo de una mujer humilde que se ganaba la vida como empleada doméstica, Bermúdez logró convertirse en piloto comercial.

 No obstante, al parecer sus habilidades las puso al servicio del cartel de Medellín en los años 80. Una vez esa organización fue desmantelada estrechó sus vínculos con Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño (uno de los jefes del cartel del norte del Valle, convirtiéndose en su punta de lanza en México y contacto con el cartel de Sinaloa. En Colombia, en abril de 2010, se inició un proceso de extinción de dominio contra empresas como Falcon S.A., Agroganadería Los Santos S.A., Agroespinal S.A. y Franzul, donde aparecen como dueños o accionistas ex empleados de Bermúdez. Como si fuera poco, en junio pasado la Dijín y la Fiscalía ocuparon cerca de 200 bienes en Colombia cuyo valor ascendía a los US$150 millones, que también formaban parte del conglomerado de El Arquitecto. Entre ellas estuvo la reconocida Hostería Llano Grande (localizada en las afueras de Medellín), sede de entrenamiento de la selección de fútbol de mayores durante varios años.

En respuesta vino la primera tutela contra del embargo. Fue interpuesta ante el juez 37 civil del circuito, Hugo Hernando Munévar, por Doris Patricia Sánchez Rivera, quien dice representar a Nora Mejía Arteaga, Jorge Hernández Mejía (quien fue conductor de El Arquitecto) y Édison Jair Henao. Mientras los dos primeros aparecen relacionados en la denominada Lista Clinton (que reseña los nombres de personas y empresas que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen supuestos vínculos con el narcotráfico), el tercero, según la Dirección Nacional de Estupefacientes, es empleado de Sánchez Rivera.

El juez respondió el 18 de mayo de 2010 dándole la razón a la tutela y ordenando la cancelación del embargo. La Fiscalía impugnó el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que lo remitió por competencia a la Sala Penal. El 30 de junio esa instancia revocó la decisión y dejó en firme la incautación de los bienes. Pero 15 días más tarde se presentó una idéntica tutela ante el mismo juez 37 civil del circuito que resolvió la primera. Extrañamente el funcionario, el 23 de julio de 2010, ordenó levantar de nuevo el embargo.

Acto seguido vino la actuación de la Fiscalía ante la Sala Civil del Tribunal, que contestó como la primera vez: que ese tema era competencia de la Sala Penal. Su respuesta está pendiente. En momentos que se discute una eventual reforma a la tutela, casos como este son ejemplo de la necesidad de reglamentarla. Así se evitaría que se convierta en un mecanismo que en vez de otorgar cumplida justicia, cause traumatismos y termine dilatando su propósito fundamental en favor de personas con amplios prontuarios criminales.