Justicia necesita control social

No cabe duda de que vivimos una crisis en materia de justicia.

Los ciudadanos de a pie evidencian cada día en las noticias los avances y retrocesos en temas de justicia en donde se encuentran involucrados congresistas, narcotraficantes y paramilitares, que son los que más llaman la atención de los medios de comunicación.

Sin embargo, no existe la misma atención para la inmensa cantidad de personas que elevan denuncias penales por delitos comunes todos los días en inmensas filas ante la Fiscalía General de la Nación. Los hurtos, las lesiones personales, las calumnias e injurias, los delitos sexuales, las amenazas a la vida, aparentemente, no son prioridades ni para la opinión pública ni para la Fiscalía encargada de investigarlos: han pasado a un segundo plano. El incremento de delitos contra la propiedad en la ciudad de Bogotá, para poner sólo un ejemplo, que afecta cotidianamente al ciudadano del común no tiene una respuesta eficiente en los estrados judiciales. El supuesto éxito del sistema penal acusatorio del que, en la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2009-2010, se ha preciado la Fiscalía General de la Nación, cuando afirma que los procesos se ventilan “en tiempo récord”, no tiene en cuenta el gran número de procesos por delitos que afectan al ciudadano común y que demoran tres y cuatro años, tiempo incluso mayor del que se demoraban antes de la implantación de la oralidad. No creemos que se haya cambiado la mentalidad de jueces y fiscales como se lee en el informe antes citado.

Por el contrario, las víctimas de los delitos cada vez más se ven impedidas de obtener los resultados de una justicia que debería ser pronta y expedita.

La vigencia del Estado de Derecho tiene relación directa con el respeto y protección a los DD.HH. y la aplicación de una justicia garantista de ellos, no sólo para el infractor y el delincuente. También para las víctimas, representadas en el nuevo sistema por los fiscales, quienes en múltiples ocasiones prefieren, en virtud del principio de oportunidad, no iniciar trámites procesales y dejar llenar sus despachos de expedientes sin ninguna actuación, haciendo nugatorios los derechos de las víctimas a quienes supuestamente representan y cuyos intereses deben defender.

Urge una reflexión de la ciudadanía que es sujeto pasivo de delitos y que no tienen respuesta en los despachos judiciales. Mientras la justicia no responda con celeridad a sus demandas, se acrecientan los índices de violencia y violación de Derechos Humanos en la sociedad. Un control social efectivo a los temas de justicia debería contribuir a que a todos los ciudadanos, sin distinciones, se les respeten sus derechos, como con vehemencia se protegen los del delincuente en las audiencias judiciales, y a que las declaraciones rendidas ante estrados por personas honradas revistan, por lo menos, la misma credibilidad  que suele dársele a los capos del narcotráfico, a los paramilitares y a los terroristas.

 * Veedora Distrital de Bogotá.

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