Pagar recompensas a militares 'es un escupitajo al Estado de Derecho'

Juez de Valledupar repudió la directiva del Ministerio de Defensa, que autorizó dicho pago a la Fuerza Pública.

Repudiando la polémica directiva 029 de 2005, expedida por el Ministerio de Defensa, en la que se establecieron recompensas por capturas o muertes en combate de miembros de grupos ilegales, un juez especializado de Valledupar condenó a siete militares (r) por el asesinato de tres civiles en mayo de 2007. El fallo, en el que se lee que este “macabro acto desdibuja la misión del estamento militar y ofende la imagen de la Nación” y ordenó investigar por prevaricato a la jueza Penal Militar Carolina Galeano, quien archivó la investigación en contra de los uniformados a pesar de múltiples evidencias.

La sentencia de 68 páginas, conocida por El Espectador, nada tendría de particular y sería una más en la ya larga lista de condenas por falsos positivos en Colombia de no ser por el vehemente rechazo del juez Franklin Martínez a la directiva promovida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina. Según dijo, la “directiva merece nuestro reproche, puesto que lo que allí se estimula a través del pago de recompensas constituye un deber legal de las autoridades como es el de capturar a quienes violen la ley y evitar su accionar delictivo (...). Pero pagar por el cumplimiento de un deber puede degenerar en acciones impregnadas de codicia y que indudablemente llenaron de una estela de muertes al país”.

El juez Martínez sostuvo que los falsos positivos “se frenaron a partir de las denuncias de los medios de comunicación o de defensores de derechos humanos, dando como resultado el cambio de la macabra estrategia de estas ejecuciones, por la proliferación del supuesto hallazgo de caletas (con armas) incluso en áreas donde no se conoce del accionar de grupos ilegales; que tienen la misma finalidad, pero a pesar de constituir también una farsa, al menos no implica sacrificar vidas inocentes, lo cual sin duda constituirá un negro precedente en la historia de este país y un escupitajo a la esencia de un Estado Social de Derecho”.

La historia de este fallo judicial comenzó el 13 de mayo de 2007 cuando Andrés Alfonso Ramírez Cantillo, Edilberto Hernández García y Johan Caicedo Ávila (desplazado por la violencia) salieron de Barranquilla después de recibir un ofrecimiento para trabajar sembrando yuca en una finca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Les dijeron que les pagarían $700.000. El día anterior se había celebrado el Día de la Madre y otros amigos de viaje no pudieron acompañarlos porque estaban enguayabados. De los tres nada volvió a saberse.

En la madrugada del 14 de mayo de 2007, uniformados del batallón La Popa de Valledupar reportaron la muerte en combate de tres personas señaladas de pertenecer a una organización dedicada a extorsionar comerciantes y robar ganado en la región. Aunque se insinuó que  Ramírez Cantillo, Hernández García y Caicedo Ávila, podrían pertenecer al frente 6 de Diciembre del Eln, luego se dijo que eran parte de una banda criminal emergente. Sin embargo, las víctimas de las supuestas conductas criminales nunca aparecieron ni reportes de sus denuncias.

La Justicia Penal Militar indagó a los militares, pero archivó el caso a pesar de las pruebas. Los uniformados señalaron que cuando patrullaban el corregimiento de Villagermania, cerca de Valledupar, fueron recibidos por disparos en medio de la oscuridad y, al reaccionar, “dieron de baja” a “esos bandidos”. Los tres jóvenes fueron sepultados como NN y del expediente no se supo más hasta que en 2008, en desarrollo de una inspección de la Fiscalía, se ubicó a los familiares de las víctimas y se reconstruyó el asesinato. Dos de las víctimas, incluso, recibieron impactos en las manos y muñecas, al parecer tratando de evitar la muerte. Ninguno de los tres tenía antecedentes penales. El dictamen de Medicina Legal despejó las dudas y aclaró que no se trató de bajas en combate, sino de crímenes para cobrar recompensas.

Por el triple asesinato fueron condenados a 40 años de cárcel el sargento Dagoberto Alfonso Bustamante, el cabo José Miguel Zuleta y los soldados profesionales Alexánder Sosa Peñalosa, Jorge Enrique Sánchez, Oel Cañas de La Rosa, Luis Fabián Padilla Holguín y Pedro Manuel Urruchurto.

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