Absueltos supuestos milicianos

Fueron delatados por ex militantes del Eln. Con base en el fallo de un juez, el Tribunal Superior de Bogotá los declaró inocentes.

En una decisión que podría dar de qué hablar por las repercusiones judiciales que podrían tener en el escándalo parapolítico, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a 33 personas que habían sido señaladas como integrantes de una célula urbana del Eln en Arauca. Y lo hizo bajo la tesis, no sólo de que se comprobaron declaraciones contradictorias de los testigos –algunos de ellos desmovilizados a los que se les pagó por entregar información–, sino de que no se puede derivar responsabilidad penal a un ciudadano por asistir a reuniones o pagar vacunas en regiones donde la presencia del Estado ha sido casi nula.

Dicho de otra manera, el Tribunal marcó una diferencia esencial entre colaboración voluntaria a un grupo armado y una colaboración obligada. Una tesis que ha sido esbozada por los abogados de congresistas y políticos salpicados por el escándalo de la parapolítica. La Corte Suprema de Justicia ha venido investigando, ordenando capturas y hasta profiriendo condenas contra parlamentarios que, en su defensa, han sostenido que en muchas de sus regiones la presencia del Estado era casi nula y, por tal razón, las autodefensas asumieron el control no sólo territorial sino político. ¿Podría a ellos también aplicárseles esta jurisprudencia?

Para adoptar la determinación, el Tribunal sostuvo que “los aspectos inherentes al delito de rebelión atribuido a los acusados, debían analizarse bajo el contexto de orden público que se presentaba en Saravena, Arauca, para la época en la que se desarrollaron los hechos objeto de investigación (2002), y tener en cuenta que en zonas como el municipio señalado, donde la presencia del Estado es mínima o inexistente, la población queda a merced de los violentos y en contra de su voluntad los ciudadanos deben realizar actividades que a la comprensión de extraños a la región se podrían calificar como efectiva colaboración a los grupos rebeldes”.

Y más adelante añadió que actividades como asistir a reuniones convocadas por jefes guerrilleros, brindar información sobre la presencia de las autoridades, participar en movilizaciones convocadas por los alzados en armas o proporcionarles ayuda económica bajo la modalidad de lo que se ha catalogado genéricamente como ‘vacunas’ podrían confundirse con efectiva colaboración con un grupo ilegal, cuando en muchas de estas ocasiones es probable que hayan sido obligados o intimidados.

En este caso los acusados eran enfermeras, trabajadores del Hospital Ricardo Pampuri, de la Alcaldía de Saravena, las empresas Satelvisión y Eccas, asociaciones comunitarias o sindicatos. “La Fiscalía debió considerar el contexto propio del municipio, caracterizado por la influencia del Eln, el cual ejerce gran poder en el desenvolvimiento social, político y económico del mismo”, dice el fallo

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