Crece sicariato en Cúcuta

Defensoría del Pueblo reitera que la capital de Norte de Santander y municipios conexos están sufriendo una violencia generada por grupos armados estructurados. Insta a autoridades civiles y militares a hacerles frente a los violentos.

Después de seis meses de seguimiento, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades civiles y militares de la ciudad de Cúcuta a que tomen cartas definitivas para la protección de la población civil en la capital de Norte de Santander y en los municipios de Puerto Santander y Villa del Rosario, ante el crítico panorama que se sigue registrando por el incremento de homicidios selectivos y amenazas contra la población en condición de clara vulnerabilidad.

Tras un minucioso seguimiento desde enero de 2008, esta semana la Defensoría del Pueblo volvió a constatar que continúa imperando la modalidad del sicariato y que con el empleo de armas cortas y motocicletas, los agresores están generando una crítica situación que las autoridades están obligadas a neutralizar. Según el reporte del organismo gubernamental, la mayoría de agresiones se producen contra los homosexuales, los indigentes o en los lugares donde hay expendio de drogas alucinógenas.

Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reiteró que otra anómala situación en Cúcuta y los municipios cercanos es la práctica de homicidios antecedidos de torturas y tratos crueles y humillantes contra las víctimas. Incluso, advierte el informe, el problema ha traspasado las fronteras y  los asesinos han dejado algunos cadáveres de colombianos en el vecino estado de Táchira, en Venezuela, con el propósito de desviar las investigaciones y confundir a las autoridades competentes.

De igual modo, el organismo gubernamental advirtió que la población en situación de desplazamiento forzado que hoy está ubicada en Cúcuta puede verse seriamente afectada por retaliaciones y señalamientos por parte de actores armados ilegales que buscan desestabilizar sus bases organizativas y sus reasentamientos en zonas urbanas. La Defensoría cree que, en buena medida, estas amenazas se van a presentar por la lentitud en los procesos de legalización de los predios que hoy ocupan las familias desplazadas.


Después de varias reuniones intergubernamentales para hacer seguimiento a los reportes secuenciales de la Defensoría del Pueblo, el organismo cree que las acciones de violencia en Cúcuta y sus alrededores están siendo cometidas por grupos estructurados que movilizan un número considerable de hombres armados en el momento de atacar a sus víctimas, una situación que se complementa con los panfletos amenazantes que han venido circulando desde 2007, suscritos por un presunto grupo ilegal denominado Las Águilas Negras.

Tales amenazas expresaban que se iban a empezar a ejecutar acciones en los barrios del occidente de la ciudad, contra personas que ellos consideraban objetivo militar. Y en efecto, no sólo se han venido cometiendo homicidios en estos sectores, sino que la aparente operación de ‘limpieza’ se ha extendido a otros sectores populares, razón por la cual la Defensoría del Pueblo instó a todas las autoridades cívicas y militares a tomar medidas urgentes de protección de los Derechos Humanos.

El reporte resalta que después de evaluar los hechos que han venido ocurriendo en las comunas 1, 6, 7, 8 y 9 de Cúcuta y en sectores como la Parada, en el municipio de Villa del Rosario o en la localidad de Los Patios, es claro que uno de los fenómenos que están nutriendo la dinámica del conflicto en esta región fronteriza es el narcotráfico. Asimismo, contribuyen al clima de violencia los altos índices de desempleo y la dinámica del trabajo informal que se conecta con actividades ilegales como el contrabando de hidrocarburos.

En las recomendaciones del nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo se le pide especialmente al ejército que intensifique sus operativos de registro y control para neutralizar a la banda criminal de Las Águilas Negras, al tiempo que se insta a la policía a que implemente medidas de restricción al porte de armas y de patrullajes en las horas nocturnas para frenar el incremento de homicidios en la ciudad. En cuanto a la Alcaldía, se le pide fortalecer sus campañas de prevención y convivencia ciudadana, para mejorar las condiciones de seguridad.

Como quiera que el organismo gubernamental ha tomado nota atenta de cada uno de los episodios de violencia ocurridos a lo largo de 2008, ha reclamado la asistencia del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, de las personerías municipales de los municipios mencionados, de la Cámara de Comercio de Cúcuta, de la Fiscalía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que de una manera coordinada entren a concretar un plan común que neutralice de una vez por todas el avance de los violentos en la ciudad.