Cronología de una decisión

Intimidades de cómo la Corte Constitucional tomó la determinación de no revisar el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.

El pasado 2 de julio, día en que el país se llenó de júbilo por la liberación incruenta de 15 secuestrados en poder de las Farc en un audaz operativo militar —hoy por hoy en entredicho por cuenta de la utilización indebida del emblema de la Cruz Roja Internacional—, se vivió una jornada intensa en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Ese día, los nueve magistrados se enfrascaron en una polémica discusión sobre si debían o no revisar nuevamente la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.

Todo en razón a dos solicitudes: la primera de un de un grupo de organizaciones de derechos humanos que argumentaron que dicha norma fue aprobada por una mayoría considerable de congresistas que actualmente están procesados, detenidos o condenados por el escándalo parapolítico, entre quienes citaron al senador Mario Uribe Escobar, ponente de la reforma constitucional. La segunda petición a la Corte Constitucional la elevó nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio, al condenar a la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla por cohecho.

“El delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional”, señaló la Corte Suprema en la sentencia. Se refería a las irregularidades cometidas por funcionarios y congresistas en el trámite del acto legislativo. Por esta razón les pidió a la Procuraduría y a la Corte Constitucional revisar la legalidad de la reelección presidencial. El fallo causó una crisis institucional entre el Gobierno y el Poder Judicial que, un mes después, aún no se zanja, pese a los últimos acercamientos promovidos por jerarcas de la Iglesia Católica. Por eso, la discusión de la Corte Constitucional sobre la revisión de la norma tenía en ascuas al país político.

Intimidades de la reunión

El 2 de julio, al caer la tarde, siete de los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo en no revisar el acto legislativo. Sólo los magistrados Jaime Araújo y Jaime Córdoba mostraron sus reparos a la decisión mayoritaria. Sin embargo, mucha agua corrió bajo el puente para que se concertara ese fallo. Lo primero que se debatió fueron los impedimentos. Los magistrados Mauricio González y Manuel José Cepeda declararon que no se sentían impedidos para participar en la


discusión, pese a que González había sido secretario jurídico de la Casa de Nariño y el papá de Cepeda es el embajador en Francia.

De hecho, el magistrado Cepeda llevó una carta a la Sala Plena en la que dejó constancia de que estuvo en desacuerdo con la designación de su padre como diplomático en el país galo. Finalmente los magistrados resolvieron que tanto Cepeda como González podían participar en el debate. Pero sería la intervención del magistrado Marco Gerardo Monroy la que encendería el debate. El Espectador conoció que el jurista mostró su discrepancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yidis Medina por cohecho y en el que se dejó en entredicho la legitimidad del acto legislativo.

Monroy sostuvo que la Corte Suprema se había excedido en la sentencia porque habló de “desviación de poder” del Ejecutivo para aprobar la enmienda constitucional. Según el magistrado, la desviación de poder sólo se evidencia en actos administrativos expedidos por el Ejecutivo, que deben ser revisados por el Consejo de Estado y no por la Corte Suprema. Además, señaló que la Sala Penal prejuzgó y condenó de antemano a los ministros y demás funcionarios salpicados por Yidis Medina en su proceso. Y que, como si fuera poco, también se metió en los terrenos de la Fiscalía, encargada de procesar a los no aforados involucrados en este caso.

El magistrado, de origen conservador, criticó con vehemencia además los términos que dejó consignados en su sentencia la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que la comprobación del cohecho de una ex congresista viciaba la legitimación jurídica de la reforma constitucional. La intervención de Monroy tuvo eco en varios de sus colegas e incluso llegó a considerarse que la Corte Constitucional expresara estos reparos a la Corte Suprema. Entonces terció en el debate el magistrado Humberto Sierra Porto, quien palabras más, palabras menos, consideró que una salida como esa sería interpretada como una jugada política en contra de la Corte Suprema.

Luego de una discusión en torno a la viabilidad de la propuesta de Monroy, por decisión mayoritaria la Corte resolvió no revisar la constitucionalidad del acto legislativo, aduciendo que ya era cosa juzgada. Fuentes cercanas a la Corte Constitucional le dijeron a El Espectador que si hubiera prosperado la tesis del magistrado Monroy, se habría preparado el terreno para que, a través de una tutela, pudiera restársele peso jurídico al fallo de la Corte Suprema en el caso de Yidis. Sentencia que hoy tiene en entredicho a varios alfiles del uribismo. Uno de ellos ya fue llamado a indagatoria: Sabas Pretelt de la Vega.