Por cuenta de una columna de opinión escrita en febrero de 2007, en la que el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano planteó duras críticas a la forma como, en su criterio, ciertas familias de Valledupar y Cartagena han ejercido el dominio económico, político y social desde hace varias décadas, hoy se abre paso un debate público que venía desarrollándose en silencio en los estrados judiciales, pero que ahora pasó a convertirse en una polémica de proyección nacional e, incluso, internacional.
La historia empezó el 25 de febrero de 2007, cuando bajo el título ‘Araújos et al’, el periodista Alfredo Molano publicó una columna de opinión en El Espectador, en la cual expresó que los notables de Valledupar, “nacidos en la misma cuadra”, habían vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela, después habían contrabandeado “maracachafa” y luego, con parientes notarios, habían escriturado haciendas y predios a sus nombres quitándoles las tierras a los indígenas de la Sierra Nevada.
En otros apartes de su columna, Molano relacionó a los Araújo de Valledupar y los Araújo de Cartagena, y manifestó: “Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos criterios especulativos y endogámicos”. En la parte final de su escrito cuestionó a los Araújo de Cartagena y a otra familia política de la Costa Atlántica, los Guerra de La Espriella.
Casi de inmediato, los abogados Andrés Alfredo Araújo Arias y Andrés Alfredo Rafael Molina Araújo, en representación de Hernán Felipe Araújo y María Mercedes Molina, presentaron una denuncia contra el columnista por los presuntos delitos de injuria y calumnia. El caso pasó varios meses sin mayores avances jurídicos, hasta que el 10 de diciembre de 2007 las partes fueron convocadas por la Fiscalía 40 ante los juzgados penales municipales, a fin de promover una audiencia de conciliación.
Sin embargo, en dicha audiencia no fue posible que las partes llegaran a un acuerdo. Los denunciantes exigieron que Alfredo Molano se retractara y rectificara las imputaciones deshonrosas y calumniosas que, según ellos, el columnista había hecho contra los Araújo de Valledupar. En respuesta, el escritor manifestó estar dispuesto a efectuar las precisiones del caso, una vez viajara a Valledupar por tres meses, para revisar aspectos sociológicos e históricos de su artículo.
Los denunciantes expusieron su desacuerdo y expresaron que la única forma de conciliar era la retractación y rectificación, con una condición adicional: reunirse nuevamente para verificar que el texto a publicarse reparara el daño moral causado. Ante esta nueva situación, Molano aseguró que no estaba dispuesto a escribir un artículo que fuera revisado por los denunciantes porque ese acto violaba la libertad de prensa. La fiscal declaró fallida la audiencia de conciliación.
El pasado 24 de febrero, un año después de publicada la columna, la fiscal 40 imputó cargos al periodista Molano, expresando que había endilgado a los Araújo de Valledupar conductas ilícitas tales como contrabando, tráfico de estupefacientes y fraude en inscripción de cédulas. Según la fiscal, en la conducta de Molano existió “ánimo injuriante” y al hacer imputaciones injuriosas y calumniosas a la familia Araújo de Valledupar, lo hizo con claros indicios de dolo.
No fue tenida en cuenta la precisión del escritor, en el sentido de que sus señalamientos fueron contra los notables de Valledupar, es decir, los que se hacen notar. Según su abogado, la generalización no señaló directamente a la familia Araújo, sino a comandantes paramilitares, líderes guerrilleros, políticos, ricos o funcionarios públicos. En esos términos, precisó, se trata de una querella que debe primero dirimirse en los terrenos de lo gramatical.
Lo cierto es que a la decisión de la Fiscalía ya le salieron decenas de críticos. Vía internet, comenzó a circular una declaración en defensa del “uso del derecho inalienable que tiene todo comentarista a interpretar la realidad nacional y a expresar sus ideas”. Según el documento, las opiniones de Alfredo Molano “por el hecho de ser discutibles no dejan de ser respetables”, y por eso califican la decisión de la Fiscalía como un atropello contra la libre expresión del pensamiento”.
“En Colombia no hay ni debe haber crímenes de conciencia”, titula la declaración que hace dos semanas circula en internet y ya ha sido respaldada por decenas de reconocidos intelectuales. Antonio Caballero, columnista de la revista Semana; Francisco Leal Buitrago, catedrático de la Universidad de Los Andes; Daniel Samper Pizano, columnista de El Tiempo; Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador; y José Noé Ríos, del Partido Liberal, son algunos de los firmantes.
Y el asunto ya desbordó las fronteras. Miguel Ángel Bastenier, editorialista de El País, de España; Down García, del programa de periodismo de la Universidad de Stanford; Marc Chernick, de la Universidad de Georgetown en Washington; Albert Ricard, del Colegio de Abogados de Cataluña; Fernando Birri, fundador del Nuevo Cine Latinoamericano o el Premio Ortega y Gasset, José Ramón Plaza Zaldegui, también han expresado su apoyo al escritor Alfredo Molano.
En resumen, por estos días se libra un debate, entre intelectual y jurídico, sobre los alcances de la libertad de prensa y las potestades de la justicia para juzgar los márgenes de la libertad de opinión. La familia Araújo de Valledupar quiere que Molano responda por injuria y calumnia. El escritor dice que ejercerá su derecho de ampliar sus investigaciones en la región. La sociedad civil expresa su pensamiento. La controversia crece y ya se salió del ámbito colombiano.
Solidaridad con Molano
Alrededor de un centenar de personalidades entre periodistas, políticos y académicos se han adherido a la declaración ‘En Colombia no hay, ni debe haber crímenes de conciencia’. Entre ellos, el ex asesor de Paz José Noé Ríos: “Apoyo a Molano porque ha sido un escritor crítico, porque en Colombia no debe existir el delito de opinión y porque los demócratas debemos unirnos frente a estos hechos, apoyar la libertad de prensa y defender el Estado de Derecho”.
Otro que ha expresado su respaldo es el cronista barranquillero Alberto Salcedo Ramos: “Los periodistas debemos cerrar filas en torno a Alfredo Molano. No es posible que la opinión se convierta en un delito”.
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo también se unió a la causa: “Toda la solidaridad con la pluma democrática. Una determinación judicial contra Molano sería también contra la libertad de prensa en Colombia”.