El retorno obligado

Más de un centenar de personas esperan que el río baje para que puedan regresar a sus hogares, tal como se los ordenaron los violentos.

El río Patía está innavegable. El invierno, que la semana pasada dejó más de 120.000 personas damnificadas, no permite que por su curso se movilice algo más que los peces que lo habitan. Los pobladores de la zona que de él dependen para llegar a cualquier lado están atados de manos. El caudal es tan abundante y va tan rápido, que embarcarse en éste sería un acto suicida. Pero, para cerca de 180 desplazados que llegaron hace dos semanas a la cabecera de Sánchez, un corregimiento de Policarpa (Nariño), quedarse allí es casi tan suicida como partir por el río enfurecido.

El sábado 24 de mayo, integrantes de la Organización Nueva Generación (ONG), la banda criminal que surgió luego de la desmovilización del bloque ‘para’ Libertadores del Sur, llegaron a Sánchez y advirtieron al grupo de  530 desplazados, que se formó entre el 12 y el 13 de mayo, que debían regresar a sus terruños. Los mismos hombres que los obligaron a abandonar sus hogares, a causa de los cruentos combates entre éstos, el Ejército y la guerrilla; ahora les exigían, también con armas de por medio, que volvieran a sus casas. Que dejaran de armar alboroto. Que allí no pasó nada.

 Entre el 12 y el 24 de mayo, según un censo de la Personería de Policarpa, 586 personas llegaron a las cabeceras de Sánchez y de Madrigal —ambos corregimientos de este municipio— huyendo de los constantes enfrentamientos entre el Ejército, los guerrilleros y los nuevos ‘paras’. Los ataques eran por tierra. Eran aéreos. Las bombas, aunque explotaban en las montañas, se sentían como en la casa de al lado. Huir fue una decisión de supervivencia para una población que por años ha sido estigmatizada por todos los bandos de la guerra.

Como lo reconocen las autoridades locales, el Bajo Patía fue un santuario de las Farc durante un largo período. Hasta que llegaron los paramilitares a disputárselo. Dos aspectos han aportado a que sus habitantes sean señalados, bien sea como auxiliadores de la subversión, bien sea como colaboradores de las autodefensas: la plantación de cultivos ilícitos y pertenecer a las mismas familias de quienes sí decidieron tomar el rumbo de la ilegalidad. De acuerdo con el último informe del monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, durante 2006, los arbustos de coca sembrados en esta región representaron el 10% del total en Nariño.


El otro punto tiene que ver con los guerrilleros y ‘paras’ oriundos de la zona. “Aquí, portar el apellido García, Mancilla, Obando, Esterilla u Ordóñez, por mencionar algunos, es una desgracia. Qué culpa tenemos que algunos de nuestros familiares se hayan ido al otro lado”, reclaman los habitantes no sólo de Policarpa, sino también de Cumbitara, El Rosario y Leiva, las otras localidades que conforman el Bajo Patía. “Hasta el Ejército nos estigmatiza. Pero lo que nosotros quisiéramos es que se acercaran más a la población civil, que fueran más condescendientes”.

Aunque este es el escenario que se ha vivido en esta región durante las últimas semanas, el problema es de mayores proporciones. La presencia de todos los actores del conflicto en el departamento, han hecho de Nariño una de las zonas más vulnerables del país. La Oficina de Acción Social registró 17 eventos de éxodo forzado el año pasado, que afectaron a 15.700 personas. Sin embargo, las cuentas de otros organismos como la Defensoría del Pueblo son más altas: 27 eventos. El episodio  más impactante fue el de El Charco, entre marzo y mayo, en el que se alcanzaron a contabilizar cerca de 8.000 desplazados.

“La Fuerza Pública nunca ha implementado planes de contingencia para mitigar el desplazamiento de la población civil”, expresó un funcionario de la Defensoría. “Las operaciones militares han entrado con gran fuerza, el rearme ‘para’ es un hecho y las aspersiones están afectando los cultivos de pancoger. Lo que pasa en Nariño es un problema muy serio. Además de una  descomposición familiar aguda, porque los hombres están enfermos, desaparecidos o muertos. Y las mujeres tienen que resolver cómo sostener a sus hijos”.

Al día siguiente de que la orden del retorno obligado se conociera, algunos de los que quedaron en el corregimiento de Sánchez se reunieron con representantes de la Alcaldía, la Gobernación, Acción Social, Acnur y el Cicr. Exigieron salud,  educación y proyectos que sustituyan la coca como la explotación del oro, dada su tradición minera. Acción Social se comprometió con la construcción de puestos de salud para todo el Bajo Patía, y Acnur y el Cicr van a realizar una campaña para que la gente tenga registro civil. Pero, de no encontrar soluciones a largo plazo para esta crisis, cualquier gestión puntual sólo será un pañito de agua tibia.

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