Colombia, como dice el refranero popular, no sólo ha sido pródiga pariendo delincuentes, sino también dudosos testigos. En los cientos de expedientes judiciales que han transitado por las manos de jueces y fiscales en los últimos tiempos, acusadores y acusados han confrontado sus verdades y no habrá faltado el caso en el que haya sido la justicia la gran sacrificada en este rifirrafe. No ha habido escándalo alguno en el país sin que protagonicen testigos vacilantes, oscuros o nebulosos que, o bien terminan como declarantes estelares para aclarar polémicos procesos, o bien como un verdadero fiasco para la administración de justicia.
Ocurrió en el proceso 8.000, por ejemplo, con varios testigos sin rostro que a la vuelta de los años y las verificaciones terminaron en la cueva de los mentirosos y manipuladores, aunque en un principio fueron dueños de extensos reportajes y portadas de revistas. Y ocurre hoy también con el escándalo parapolítico. Ya los años venideros serán los mejores jueces para dar su último veredicto, pero en lo concerniente a innumerables testimonios y posteriores retractaciones que varios de los llamados testigos estrella de la parapolítica les han entregado a las autoridades, hoy puede decirse sin equivocación alguna que la verdad en algunos expedientes está más embolatada que nunca.
Con pocos días de diferencia y en procesos que tenían como protagonista al presidente Álvaro Uribe Vélez, dos paramilitares condenados se retractaron de sus acusaciones. Primero lo hizo Francisco Villalba Hernández, quien el 15 de febrero 2008, y en sucesivas declaraciones posteriores, señaló en la Fiscalía que el Jefe de Estado, su hermano Santiago Uribe y varios connotados generales de la Fuerza Pública brindaron apoyo al bloque de las autodefensas que operó en Santa Rosa de Osos (Antioquia), asegurando poseer fotos y grabaciones que, además, los relacionaban con la masacre del Aro (Ituango), ocurrida en 1996.
Sin embargo, en carta enviada a Uribe Vélez en mayo pasado, Villalba, sin explicar sus razones, le pidió perdón por haber mancillado su nombre y haberlo puesto en la palestra. “A mi país y a todas las personas a las cuales les hice daño quiero decirles la verdad, no con el ánimo de acusar a nadie, pero sí con la necesidad de aclarar las cosas para que todo el país las conozca y haya paz y tranquilidad en mi corazón”, le escribió. Villalba era hasta entonces considerado un testigo confiable y de hecho su testimonio fue clave para condenar a los paramilitares responsables de la masacre del Aro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retractó? ¿Alguien lo utilizó?
Ni qué decir del publicitado caso del ex paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. En octubre de 2007, también en carta enviada al presidente Uribe, le dijo que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez le había propuesto que declarara en contra del Primer Mandatario y su primero segundo Mario Uribe Escobar a cambio de rebajas procesales. El 13 de junio pasado le dio un giro de 180 grados a su versión, en presencia del propio magistrado, a quien le confesó que todo se trató de un montaje orquestado por su abogado Sergio González “y los señores Mario Uribe y Juan Carlos El Tuso Sierra” para desprestigiar a la Corte y restarles legitimidad a las pesquisas de la parapolítica.
¿A quién creerle entonces?
Los casos se suceden con frecuencia. En el proceso del detenido ex senador cesarense Álvaro Araújo Castro por el secuestro en 2002 de Víctor Ochoa Daza, los testimonios de él y su hermano Elías siembran más dudas que certezas. En realidad hay más retractaciones que señalamientos. El 3 de diciembre de 2006, Elías Ochoa, en carta dirigida al vicepresidente Francisco Santos, afirmó que Álvaro Araújo Noguera y su hijo, Álvaro Araújo Castro, fueron los autores intelectuales del plagio de su hermano, perpetrado por las autodefensas de Jorge 40 con el supuesto fin de obtener beneficios electorales.
El 17 de enero de 2007, Víctor Eliécer Ochoa —hijo del secuestrado Víctor Ochoa— señaló en la Fiscalía que hizo campaña en el Cesar en favor de Álvaro Araújo por orden de los paramilitares porque, de lo contrario, su papá sería asesinado. Una semana más tarde, la Corte recibió declaración de Elías Ochoa Daza, entonces cónsul de Colombia en Barquisimeto (Venezuela), en la que reconoció que había escrito la carta a Santos lleno de rabia y angustia, que nada le constaba sobre el secuestro de su hermano y que lo que declaró de los Araújo era “producto del rumor”.
Poco tiempo después, su sobrino Víctor Eliécer se retractó y en esencia sostuvo que dijo lo que dijo porque un tío suyo, Elías, se lo escuchó decir a Rodolfo Díaz Meneses, un hombre que tenía acceso al jefe paramilitar Jorge 40. “Cuando Jorge 40 le cuenta eso a Rodolfo Díaz es cuando nosotros decimos que fueron los Araújo, pero teniendo en cuenta las circunstancias y pensando sesudamente, lo que dijimos es que este señor (Jorge 40) lo que quiere es echarnos a pelear contra los Araújo por su molestia” con las denuncias de Álvaro sobre los paramilitares en el Cesar, declaró el testigo. Lo curioso es que Rodolfo Díaz había muerto 18 meses antes de la fecha de la supuesta reunión con Elías Ochoa Daza.
Los testigos Rafael García y Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, tampoco se han escapado de similares cuestionamientos. Aunque el primero ha sido consistente en sus acusaciones, no ha podido aterrizar sus señalamientos en el caso que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del ex fiscal Luis Camilo Osorio por sus presuntos nexos con las autodefensas. En el proceso del senador Luis Eduardo Vives tampoco. Y aunque en principio lo relacionó como beneficiario de las Auc, durante la audiencia pública manifestó que de él nada le constaba y prácticamente lo exculpó. Su colaboración con la justicia ha resultado tan eficaz, sin embargo, que ha sido beneficiario de considerables rebajas procesales.
En igual sentido han aparecido reparos a Pitirri, testigo estelar en los procesos de varios congresistas en Sucre; el ex gobernador de esa región Salvador Arana y el detenido ex parlamentario Mario Uribe. Algunas contradicciones en sus relatos minan su credibilidad, al punto que la Procuraduría, en el expediente del condenado ex congresista Érik Morris, lo califica como un testigo poco creíble con afán de protagonismo ”que lo ha conducido a agregar apreciaciones personales a hechos que conoció”. Jefes paramilitares como alias Diego Vecino y Salvatore Mancuso lo han desmentido. Aun así también ha tenido cierta consistencia que corrobora sus acusaciones.
Capítulo aparte merecen los testigos Libardo Duarte y José Raúl Mira. Fueron tantas las contradicciones del primero, que la jueza Claudia Merchán, en la providencia de absolución del ex congresista Jairo Merlano, lo considera como un testigo de oídas nada creíble, con gran capacidad de manipulación (ver balcón). Por su parte, el testimonio de Mira, testigo estelar en el proceso del ex gobernador del Meta Edilberto Castro, condenado a 40 años por el triple homicidio de tres políticos de esa región, también ha sido generoso en particularidades.
Cuando llegó a la diligencia de declaración en contra de Castro pidió $20 millones para asegurar su testimonio y reforzar su seguridad. Tiempo después buscó a Edilberto Castro en prisión y declaró en presencia de una delegada de la Personería de Bogotá que Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario —hermano del jefe paramilitar Fredy Rendón, alias El Alemán—, le había
pagado $60 millones para incriminar a Castro. En su declaración también se presentaron inconsistencias en sus revelaciones sobre los supuestos asesinos de los políticos del Meta. Mira también incriminó en la Corte Suprema al hoy gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, pero con sobradas razones sus señalamientos fueron desestimados por el alto tribunal.
En ese contexto dudoso podría incluirse el testimonio de Andrés Vélez Franco, jefe de relaciones del asesinado paramilitar Miguel Arroyave, quien, aunque se definió en su indagatoria como un mitómano compulsivo, drogadicto y estafador, incriminó a Edilberto Castro. La Corte le creyó parcialmente, pese a sus antecedentes. En ese escenario sospechoso se ubican asimismo las declaraciones de Manuel Córdoba, alias Cordobita; Luis Eduardo Urán Lara, Jaime Alberto Pérez Charry, José Darío Orjuela, alias Solín; Róbinson Javier Guilombo, José Wilton Bedoya Rayo, alias Moisés, y Fernando Bahamón Céspedes. Este último, testigo estelar en contra del detenido ex congresista Luis Fernando Almario, le pidió $300 millones para retractarse.
Todos ellos han incurrido en contradicciones y han sido desmentidos categóricamente por jefes paramilitares. Pero, al parecer siguen gozando de la credibilidad de la justicia. En el maremágnum de la parapolítica ya nadie sabe quién dice lo que dice y por qué lo dice. Unos acusan y se retractan y viceversa. Y la verdad sigue en entredicho. ¿Hasta cuándo?
Manto de dudas sobre el caso de los Araújo
Aparentemente, una de las pruebas más contundentes de los nexos de Álvaro Araújo Castro con los ‘paras’ era su responsabilidad en el secuestro de Víctor Ochoa Daza, su rival político en la carrera por el Congreso en 2002. No obstante, inconsistencias en los testigos que han declarado, han dejado un manto de dudas al respecto. Víctor Eliécer Ochoa, hijo del plagiado, aseguró en enero de 2007 ante la Corte Suprema que los Araújo eran los responsables del secuestro de su padre.
Sin embargo, una semana después, su tío Elías Ochoa declaró que las aseveraciones expresadas al vicepresidente Francisco Santos en diciembre de 2006, en las que acusaba a los Araújo del crimen, eran “producto del rumor”. En febrero de 2007, ampliando su versión, Víctor Eliécer Ochoa se retractó. Dijo que no podía asegurar que los Araújo estuvieran involucrados en tal secuestro, porque la afirmación la había escuchado de su tío Elías a raíz de un comentario de Rodolfo Díaz Meneses, un hombre con supuesto acceso a Jorge 40. Pero Díaz murió el 19 de noviembre de 2004, un año y medio antes de la fecha en que tal conversación, aparentemente, tuvo lugar.
El testigo del caso Merlano
El pasado 19 de junio de 2008, el ex senador Jairo Merlano fue absuelto por la jueza tercera penal del circuito especializado María Claudia Merchán Gutiérrez, quien aseguró que el supuesto paramilitar Libardo Duarte, cuyo testimonio fue clave para procesar al parlamentario, no generaba “convicción sobre el particular”. Según la funcionaria, en la valoración profunda de las distintas pruebas aportadas al proceso se observó un sinnúmero de inconsistencias que hicieron dudar de su veracidad: “De una parte, porque finalmente no da una razón clara y reposada de su dicho; y de otra, porque sus contradicciones dejan entrever serias dudas sobre los aportes que pudieran conducir a establecer la verdad procesal”.
Además, señala que Duarte estuvo en proceso psicoterapéutico durante un año, aproximadamente entre 2002 y 2003, “percibiéndose en ese tiempo como una persona aislada dentro del grupo, presentándose en él una gran capacidad de manipulación, a quien no se le conoció familiares, era fantasioso, evadía su fármaco-dependencia a pesar de presentar consumos fuertes de alcohol y drogas”.