El último ‘pataleo’ de Hoyos

El director de Acción Social, una de las oficinas más importantes del Gobierno, perdió en su último recurso ante la Corte Constitucional por recuperar la posibilidad de, algún día, volver a ser elegido congresista de la República.

Es un hecho: Luis Alfonso Hoyos Aristizábal no podrá volver a aspirar a ser congresista. La Corte Constitucional puso punto final a una disputa de siete años entre el  actual director de Acción Social y el Consejo de Estado, el cual, el 8 de agosto de 2001, decretó la pérdida de su investidura, decisión que fue ratificada por la misma corporación el 10 de octubre de 2006. Y aunque Hoyos trató de revertir el fallo a través de una tutela interpuesta ante la Corte Constitucional, el intento fue en vano. El alto tribunal le dio la razón al Consejo de Estado y a Hoyos se le agotaron las instancias a la cuales recurrir.

La razón por la que Hoyos perdió su investidura tiene nombre de mujer: Martha Cecilia Gómez Giraldo, una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que, durante el período de Hoyos Aristizábal como congresista (1994-1998), viajó a Nueva York en febrero de 1995 y regresó en julio del mismo año. Lo que, en apariencia, no tendría ningún problema. Excepto que su grado en la UTL, que era ‘asistente II’, tenía funciones que debían ser cumplidas dentro del país. Aún así, Hoyos autorizó que ella siguiera cobrando su salario sin solicitar, previamente, la aprobación por parte de la Junta de Personal.

Este hecho fue calificado por el Consejo de Estado como “indebida destinación de dineros públicos”. Y en su fallo (conocido en su totalidad por El Espectador), la Corte, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería,  apoyó el veredicto. Hoyos instauró una tutela ante este alto tribunal que fue admitida el 3 de agosto de 2007, por falta al debido proceso, violación al derecho de defensa y garantía política a ser elegido. Su defensa refutó que los asistentes de la UTL se contratan “donde las necesidades del servicio lo exijan”. Pero el pasado 29 de mayo, la Corte dijo que ninguno de sus alegatos tenían fundamento y que la pérdida de su investidura quedaba en firme. Fue su muerte política.

El hijo de Caldas

 Luis Alfonso Hoyos Aristizábal es uno de los funcionarios más cercanos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Tomó posesión de su cargo en 2002, dos días después de que el Primer Mandatario lo hiciera, en una ceremonia en la Casa de Nariño, nombrado entonces como director de la Red de Solidaridad Social —hoy conocida como la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional—. Para acceder al cargo, Hoyos tuvo que retirarse de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, renuncia aceptada por la Alcaldía el mismo día que se hizo oficial su ingreso al Ejecutivo.


Hoyos se graduó de abogado, en 1986, en la Universidad del Rosario en Bogotá y construyó su trayectoria política en Caldas. Fue concejal y presidente del Concejo Municipal de Pensilvania, su pueblo natal. Con 26 años de edad, en 1990, llegó al Congreso por primera vez como representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Su padre, Alfonso Hoyos, un ex diputado a la Asamblea de Caldas, fue un conservador de pura cepa. Pero Luis Alfonso Hoyos creó un movimiento independiente llamado Actitud Renovadora, y con ése se dio a conocer en su región.

En 2000, Hoyos anunció su candidatura para la Gobernación de Caldas. Con este propósito en mente se alió con el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario), partido del senador Jorge Enrique Robledo, hombre de gran influencia en el departamento. Pero la alianza terminó enlodada y ambas colectividades  fueron acusadas por los medios locales de politiqueras, en busca de repartirse las cuotas burocráticas de la región, lo cual fue refutado por ambas partes. Al final, el cargo que perseguía Luis Alfonso Hoyos Aristizábal lo obtuvo Luis Alfonso Arias Aristizábal.  

Hoyos llegó a Bogotá a trabajar con la administración de Enrique Peñalosa, como consultor  del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), para gerenciar el programa de Desmarginalización de Barrios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en 2002 entró a formar parte del equipo Uribe Vélez en una  entidad que cuenta con uno de los mayores presupuestos asignados en el país. En 2008, la cifra fue de 1,7 billones de pesos. En Acción Social se concentra la atención a la población desplazada, a las víctimas de la violencia; se maneja el proyecto de Familias en Acción y los programas contra cultivos ilícitos. En otras palabras, es la oficina que trata con las problemáticas más serias de Colombia.

El último escándalo que involucró a Luis Alfonso Hoyos también tiene nombre de mujer: Yidis Medina. Bajo juramento, ante los magistrado de la Corte Suprema de Justicia,  la ex congresista aseguró que Hoyos fue uno de los funcionarios que participó en la supuesta oferta de prebendas por parte del Gobierno Nacional, a cambio de su voto para la reelección. Sin embargo, esta afirmación aún no ha sido comprobada. Y Hoyos tampoco ha mostrado interés en decir algo al respecto.

Corte pide mejores resultados

La Agencia Presidencial para la Acción Social es uno de los entes gubernamentales más demandados del país por cuenta de personas desplazadas que sienten que les han sido vulnerados sus derechos a la asistencia humanitaria en razón a los demorados trámites para acceder a estos beneficios. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-025 de 2004, cuyo ponente fue el magistrado Manuel José Cepeda, le dio un plazo de dos años al Gobierno para que encontrara mecanismos tendientes a evitar las graves falencias en el manejo y atención de la población desplazada en Colombia. Dicha sentencia obligó al director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, a elaborar detallados informes en los cuales se muestren los avances en la protección de este grupo vulnerable. Sin embargo, la Corte ha manifestado sus reparos a estos informes y ha insistido en que necesita evidencias de resultados más contundentes.

Desde que la Corte Constitucional profirió la sentencia T-025 de 2004, Hoyos tiene que entregar informes detallados de la atención a  desplazados.

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