Desde su salida del Ejército en 1999, el general (r) Rito Alejo del Río siempre permaneció en el ojo del huracán. Empresarios y dirigentes políticos antioqueños le hicieron una ceremonia de desagravio por un retiro considerado injusto, mientras que ONG de Derechos Humanos, como Human Rights Watch solicitaban que se investigara más a fondo sus actuaciones. La Fiscalía ordenó su captura en 2001 y lo absolvió en 2004; sin embargo, organizaciones sociales y de víctimas continuaron exigiendo una investigación más profunda. Por su parte, defensores del ex oficial no se cansaban de resaltar sus cualidades castrenses.
Mientras diversos sectores del país mantienen en pie esta discusión, en Urabá, la espinosa región en la que Del Río fue comandante de la XVII brigada del Ejército entre 1995 y 1997, el asunto parece ser mucho más pragmático: Del Río, dicen algunos, le devolvió la seguridad a la zona. Consideran que fue por su presencia que mermó la oleada de violencia de las Farc que azotaba a los habitantes desde 1992, luego de que el Epl, antiguo verdugo de la población, firmara un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria. “Era supervivencia”, dice alguien en las calles de Carepa.
El horror cubrió Urabá
En esta región, compuesta por 22 municipios (ver mapa), dos han sido las constantes durante el último siglo: los bananos y la violencia, además, relacionadas íntimamente. Las grandes inversiones en los cultivos contrastaban con las condiciones precarias de los trabajadores, lo cual facilitó el surgimiento de organizaciones sindicales. Al tiempo que los jornaleros pedían condiciones laborales dignas, las Farc y el Epl se fueron asentando desde los años 70, los primeros en el norte de Urabá y, los segundos, en el sur. De igual forma, ambas guerrillas impulsaron la aparición de los dos más grandes sindicatos, Sintrabanano y Sintagro, respectivamente.
Los empresarios respondieron. Tal como lo documenta el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, en la segunda mitad de los años 80 algunos terratenientes propiciaron la creación de cuerpos armados ilegales para defender sus intereses. El ambiente se volvió aún más tenso con la aparición de la Unión Patriótica, producto de los Acuerdos de La Uribe entre las Farc y el gobierno del presidente Belisario Betancur. En 1988, la situación reventó: al menos ocho masacres se ejecutaron en Urabá y los asesinatos selectivos, en especial contra políticos de la UP, eran el pan de cada día.
Para esa época otro factor entró a formar parte de esta explosiva mezcla: comenzó el proyecto de expansión de los hermanos Castaño. Fue tal su ‘efectividad’ que el Epl, el grupo guerrillero más consolidado en la zona, se desmovilizó en 1991. De allí se estableció el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, considerado por las Farc como una traición a la causa guerrillera. Y mientras una disidencia del Epl se unió con las Farc y declaró objetivo militar a aquel movimiento, los afectados conformaron los comandos urbanos. A éstos los contactaron las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), y la guerra siguió su curso.
Llegó el general
Entre 1992 y 1996 no menos de 10 masacres se registraron en Urabá, algunas tan escalofriantes como la de La Chinita (Apartadó, 35 muertos) o la del Bajo del Oso (Apartadó, 25 muertos). En este panorama, que no podía ser más oscuro, arribó el general (r) Rito Alejo del Río. Su primera decisión como comandante de la XVII brigada fue conseguir que el cañón de La Llorona, que se había convertido en un fortín de las Farc —desplazadas del norte de Urabá por cuenta de los Castaño—, pasara a ser parte de su jurisdicción. Y los bloqueos de las vías y el desabastecimiento de Urabá se volvió cosa del pasado.
“La cosa se puso muy dura con la llegada de los ‘paras’, que se fortalecieron con la llegada de Rito Alejo”, expresa Jorge Humberto Restrepo, integrante de la mesa directiva del Polo Democrático en Apartadó. Restrepo afirma, por ejemplo, que en más de una ocasión, por su trabajo de ingeniero civil, tuvo que ingresar a la brigada: “Y ahí vi que los ‘paras’ entraban y salían
como Pedro por su casa. Uno los veía en las escaleras (chivas) con los soldados (...) Las personas acá todavía ven a Rito Alejo como alguien importante, que hizo lo que había que hacer. Pero, más que un salvador, él fue un promotor de la violencia. Al final, creo que la gente sólo quiere olvidar”.
Hernán Correa, vicepresidente de Sintrainagro, resume la época anterior al general (r) Del Río en dos palabras: zozobra total. “A los trabajadores los estaban matando por montones. Esto era un caos, parecía que nuestra función fuera enterrar muertos”. En vista de los constantes ataques y asesinatos en las fincas, Del Río designó soldados para escoltar los buses que los transportaban y para militarizar las plantaciones. “Él fue clave acá. Su presencia fue muy buena para la seguridad de los trabajadores. Yo no puedo decir que vi al general con los ‘paras’, pero todos sabíamos de ellos. Creo que la gente se mamó tanto de la guerrilla que los toleraba. Así a muchos no les guste, acá a Rito Alejo lo quieren”, asegura Correa.
Pero el gremio ganadero no es el único que manifiesta su gratitud hacia el general Del Río. El pasado viernes 5 de septiembre, un día después de que se efectuara la captura en su contra, no había otro tema de conversación en la habitual subasta ganadera que tiene lugar cada viernes, de 5 a 10 p.m., en la vía Carepa-Chigorodó. “¿Por qué no nos unimos para pagarle el abogado?”, preguntaban unos. “Mandémosle plata para los gastos”, dijeron otros. “Aunque sea una cartica de agradecimiento”, expresó un par más. Rodrigo Mejía, gerente de Suganar (Subastas Ganaderas del Urabá Grande), expone que aunque sólo lleva en la zona siete años, no hay círculo en el que se mueva en donde no se hable del ex oficial.
“Con él la gente retornó a las actividades agroindustriales. Directa o indirectamente, todo el mundo le agradece, y si esto está tan tranquilo ahora es porque él puso a trabajar el Ejército. Los militares eran muy buenos, pero no salían de la brigada”, expresa Mejía. Pero una mujer bastante cercana a todo el proceso de autodefensas de la región, que prefirió omitir su nombre, afirma que la discusión no es en realidad si el general Del Río fue cercano a las autodefensas’: “Pa’ qué hablamos paja: aquí todos lo fuimos. Nuestra cultura es la autodefensa. Es muy raro que alguien no haya conocido al Alemán. Lo que sí es claro es que Urabá es una antes, y otra después de Rito Alejo”.
No todos en esta zona ven con buenos ojos la gestión del ex comandante de la brigada XVII. Una habitante de Apartadó, que lleva 35 años en este municipio, le aseguró a El Espectador que durante el período de Del Río se cometieron muchas irregularidades, como que los soldados patrullaran con los comandos urbanos y que en la brigada se reunieran hombres de las Accu con políticos y sindicalistas. No obstante, ella lanza una frase que resulta como un dardo venenoso en este complejo entramado: “En ese tiempo a uno le parecía excelente, porque el Ejército y los comandos nos protegían. Uno se sentía contento cuando los veía, eran nuestras vidas las que estaban en juego. Muchos estamos vivos porque eso sucedió”.
Al final de cada día, en Urabá, la ley del silencio parece ser la que impera. Muchos dicen no reconocer el nombre de este cuestionado general (r) o niegan haber tratado alguna vez con ‘paras’. Unos lo dicen con seguridad, otros titubean un poco. “Las personas viven con miedo de hablar, de denunciar. Encuentran un muerto frente a su casa o negocio y ni siquiera llaman a reportarlo”, cuenta el comandante de la Policía de Apartadó, mayor José Albeiro García. La cautela, en apariencia, es la virtud que más se aprecia en esta región que, durante décadas, ha padecido el infierno de la violencia en carne propia.
El proceso contra el general (r) Del Río
Los ojos de ONG y defensores de Derechos Humanos cayeron sobre el general (r) Del Río desde los años 80, en su paso por el Magdalena Medio; pero luego de su comandancia de la XVII brigada, las críticas contra su gestión no mermaron. En 1999 el presidente Andrés Pastrana lo retiró del Ejército a raíz de dos fuertes presiones que le apuntaban a la salida del general.
La primera provenía de la guerrilla. En el marco de las conversaciones en el Caguán, Pastrana recibió una lista de oficiales con supuestos vínculos con los ‘paras’, entre ellos Del Río. La segunda, del Departamento de Estado Norteamericano.
En julio de 2001 la Fiscalía ordenó su captura, pero en 2004, con Luis Camilo Osorio como fiscal general, Del Río fue absuelto. El pasado viernes, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento. Según el ente investigador, Del Río deberá responder por el delito de homicidio en persona protegida. El viernes dictaron medida de aseguramiento en su contra.