Estado, a proteger víctimas

“Teniendo en cuenta que se abrió la puerta para la entrega de armas y desmovilización de los paramilitares, que ellos iban a decir la verdad y no iban a repetir los crímenes, yo reclamé la desaparición de mi esposo. Desde ese momento fui declarada objetivo militar por los grupos de autodefensas que no se desmovilizaron y que aún siguen operando en la zona”.

María Helena  es una de las 126.000 víctimas que se han registrado ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía para reportar la  violencia que padecieron de parte de las autodefensas. Es apenas una más de las miles de personas que han recibido amenazas contra su vida para que se retiren del proceso.

DDesde hace dos meses se encuentra en Bogotá con medidas especiales de protección, porque en 2001 denunció ante las autoridades la desaparición de su esposo, un líder sindical de 25 años, que en 1996 acudió a una cita con un comandante paramilitar y nunca más se supo de él. En ese instante las amenazas contra ella y sus tres hijos menores de edad se intensificaron porque el jefe de las autodefensas de la región le había advertido hace 12 años que no averiguara más acerca del paradero de su compañero.

Debido a las permanentes amenazas contra las víctimas y los asesinatos perpetrados por los paramilitares a  las líderes sociales como Yolanda Izquierdo, Carmen Santana Romaña, Osiris Jaqueline Amaya Beltrán y Judith Vergara Correa, la Corte Constitucional, mediante un reciente fallo de tutela, le ordenó al Estado diseñar un programa para garantizar la vida de los miles de denunciantes de las autodefensas.   

En concreto,  tuteló los derechos fundamentales a  la seguridad, la libertad, la integridad física, la vida en condiciones dignas y el acceso a la justicia de quienes se han postulado ante la Unidad Nacional de Justicia y  Paz. La tutela fue instaurada por  Patricia Buriticá, actual representante de la Comisión Nacional de Reparación, y fue fallada a su favor el pasado 16 de mayo.

El máximo tribunal constitucional ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación que, en un tiempo no mayor de seis meses, realicen una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, para que se adecue  “una estrategia integral de protección a las víctimas y testigos de procesos en los que se indague grave criminalidad o criminalidad de sistema”, como los que cometieron los grupos paramilitares por casi dos décadas.

Asimismo, la Corte, cuya ponencia fue del magistrado Jaime Córdoba Triviño, instó  al Ejecutivo  y a la Fiscalía para que en dos semanas diseñen una política integral,   teniendo en cuenta los cánones  internacionales, sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia,  para que se dé una respuesta diferenciada de acuerdo con sus circunstancias particulares de vulnerabilidad en las que se encuentra  en el conflicto interno colombiano.

A partir de esta providencia, conocida por El Espectador, el Estado está en la obligación de proteger a las víctimas y testigos postulados ante la ley de Justicia y Paz, quienes , paradójicamente, siguen siendo vulneradas por denunciar las acciones violentas de los paramilitares.

* Nombre cambiado