Extralimitación de funciones

El Ministerio Público cuestionó intervención de funcionarios en trámite de reelección presidencial. Sabas Pretelt y Diego Palacio, ex ministro y ministro, en la lista de investigados por la Procuraduría General.

Por cargos que van desde extralimitación de funciones, empleo de sus investiduras para conseguir beneficios para sí mismos o para la reelección presidencial y participación indebida en las actividades en los partidos políticos, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, abrió investigación disciplinaria contra el ex ministro Sabas Pretelt, el  ministro de la Protección Social, Diego Palacio, el ex superintendente de Notariado José Félix Lafaurie, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex viceministro del Interior Luis Hernando Angarita.

En lo que corresponde al capítulo disciplinario del denominado escándalo de la yidispolítica, el jefe del Ministerio Público consideró que, prevalidos de sus cargos, de su función y de su jerarquía, el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega y el jefe de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Hernando Angarita, ejercieron conductas contrarias al reglamento de los servidores públicos. Precisó la Procuraduría que el cambio del voto de Yidis Medina en el trámite del acto legislativo de la reelección presidencial tuvo su origen en compromisos que adquirió el Gobierno a través de estos funcionarios.

El Ministerio Público resaltó que sí existió un acuerdo previo con la ex congresista, o “por lo menos el planteamiento de propuestas retributivas de parte del Ejecutivo en pos del voto favorable del proyecto y que, además, el Gobierno en su propuesta replanteó su programa de inversión, no con base en un estudio adecuado y serio de necesidades de inversión, sino para la satisfacción politiquera de la doctora Yidis Medina, en su primer paso por el Congreso colombiano”. En otras palabras, aprovecharon sus cargos para influir indebidamente en una decisión que los dos funcionarios requerían.

De igual modo, la Procuraduría General de la Nación consideró que tanto el ex ministro Sabas Pretelt como su colega Diego Palacio Betancourt incurrieron en conductos indebidas al ejercer sus funciones públicas para una finalidad distinta a la de sus cargos. Y precisó el Ministerio Público que su intención no fue otra que asegurar la aprobación del proyecto de reelección presidencial, a través del ejercicio del poder que ostentaban y del cual se valieron y extralimitaron, para ponerlo al servicio y voluntad de la representante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

“En estas condiciones, la falta disciplinaria se imputa a título de dolo (voluntario), por considerar que el comportamiento de los agentes y los esfuerzos conjuntos desplegados para la obtención del fin común, apuntan a demostrar que en su empeño y despliegue de poder, era claro el conocimiento que tenían de la irregularidad de su actuar, habiendo ejercido sus comportamientos consciente y voluntariamente, dando cumplimiento a los acuerdos previos a la decisión desde la posición individual de cada uno, y todos ellos integrantes del Gobierno que finalmente logró su objetivo político”, destacó el Procurador.

Asimismo, el pliego de cargos contra el ministro Diego Palacio, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex superintendente de Notariado José Félix Lafaurie señaló que ejercieron sus cargos indebidamente para participar en las actividades de los partidos políticos, extralimitándose en el ejercicio de sus cargos. Destacó el procurador Maya que en el ámbito de la política de un gobierno, la participación en política partidista no es un derecho absoluto. Además, las funciones públicas tienen como obligación el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y no de intereses individuales o de partido.

“Los servidores públicos tenían la obligación de ajustar sus comportamientos y el ejercicio de su función al interés general, dejando de lado el personal político que pudiera desprenderse de las actividades legislativas”, añadió la Procuraduría General


de la Nación al advertir que como funcionarios representaban a un Estado independiente, autónomo e imparcial y esto les impedía cualquier manifestación expresa o tácita sobre el proyecto político que estaba tramitando el Poder Legislativo. En tales condiciones, la falta disciplinaria también se imputó a título de dolo.

Sobre el mismo cargo y respecto al ex ministro Sabas Pretelt, la Procuraduría expresó que con su conducta traspasó la imparcialidad que se esperaba desde su posición e intervino irregularmente en las actividades de los partidos, extralimitándose en sus funciones al omitir la igualdad exigida constitucionalmente a su investidura ministerial. El Ministerio Público insistió que como protagonista político del quehacer colombiano, el ex ministro sabía que su participación en política no era un derecho absoluto y que, con su proceder deslegitimó el ser y el deber ser del cargo que estaba representando.

Con la apertura y formulación de cargos a los funcionarios, la Procuraduría reabrió un caso que se había cerrado parcialmente en 2004. A raíz del escándalo desatado por las confesiones de Yidis Medina, el pasado 14 de mayo se dispuso su reapertura. En la misma decisión se dispuso archivar las diligencias en favor del ex superintendente de Notariado Manuel Guillermo Baute y se aceptó el impedimento del Procurador para evaluar la conducta del ex secretario de la Presidencia Alberto Velásquez. Por ahora queda pendiente de resolver la situación del actual secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno.

“Que se respeten decisiones judiciales”: Enrique Gil

“Un estado social donde no se respeten las decisiones no es de esa naturaleza”, esto respondió el presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, al ser preguntado acerca de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe, quien el pasado 26 a las 11:40 de la noche pidió un referendo para que los colombianos decidan la viabilidad de repetir las elecciones de 2006.

En esencia, Gil Botero pidió que se respeten las decisiones judiciales, porque no se puede permitir que en el país se produzca un choque de fuerzas entre las ramas del poder público y porque el respeto a las decisiones de los jueces contribuye al mantenimiento de un Estado Social de Derecho. “Un punto esencial en el estado de derecho es mantener la independencia del poder judicial”.

Asimismo, el presidente del Consejo de Estado indicó que las divergencias que se dan entre los poderes se deben solucionar a través del diálogo y de una concertación de la política. Estas declaraciones, ofrecidas desde Cartagena, se convierten en el primer pronunciamiento de una de las cabezas de las altas cortes, luego de la alocución del Primer Mandatario de los colombianos.

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