Fallo a favor de discapacitado

Gabriel Palacios promovió una acción popular en contra de Bancafé. El Consejo de Estado obligó a la entidad a construir una rampa y pagar $4.600.000

Un mes y diez días después de que el Consejo de Estado fallara una acción popular a favor de los derechos colectivos de un ciudadano  en condición de discapacidad, para que el Banco Cafetero (Bancafé) realizara las adecuaciones pertinentes y construyera una rampa que permita a las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida usar el cajero electrónico, la entidad no ha cumplido la orden pese a que ya se venció el mes de plazo para hacerlo.

La providencia de la alta corporación de justicia se produjo el pasado mes de junio a favor de Gabriel Alfonso Palacios Pantoja, un ciudadano que se moviliza en silla de ruedas, porque encontró elementos suficientes que evidencian que al discapacitado y las personas con poca motricidad se les vulneraron sus derechos.

El 8 de octubre de 2004 Gabriel Alfonso promovió una acción popular en contra de Bancafé para que le hicieran valer sus derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de locomoción y domicilio, protección a débiles físicos y psíquicos, de los usuarios y consumidores de bienes y servicios.

Esta acción la promovió porque en el cajero electrónico del Banco Cafetero, ubicado en la calle avenida 13 N° 60-66 de Bogotá, en Puente Aranda, se le presentaron enormes dificultades para realizar una transacción bancaria, debido a que para ello debía subir un peldaño y atravesar una puerta angosta con lo cual no sólo se le impide el acceso a personas como él, sino también a ancianos con motricidad restringida.

En la acción popular Gabriel Palacios solicitó que se le ordenara a Bancafé realizar todas las construcciones, adecuaciones y remodelaciones acordes con la normatividad vigente, con el fin de que la población en general pueda utilizar los servicios prestados, pero la entidad contestó que se oponía a las pretensiones del demandante.

Según obra en la sentencia del Consejo de Estado, el Banco Cafetero contestó que los cajeros automáticos o electrónicos de los bancos no se encuentran disponibles para el público en general, sino que su uso es exclusivamente para quienes tienen contratos de cuenta de ahorros o corrientes, y que han recibido tarjetas débito que les permitan hacer uso de los cajeros del propio banco o de las redes como Servibanca.


En otro de los apartes de la contestación de la demanda, Bancafé expuso que “el uso de un determinado cajero no es obligatorio para el usuario, pues el tarjetahabiente en virtud de los contratos de cuenta corriente o de depósito en cuenta de ahorros puede acceder a los servicios que ofrece la entidad bancaria con cualquiera de los cajeros ubicados en Bogotá o cualquiera otra ciudad del territorio nacional”.

Indicó también la entidad bancaria que el hecho de que para acceder al mencionado cajero se tenga que subir un escalón no limita el acceso de los ancianos o personas con alguna discapacidad física y que las puertas tienen un tamaño normal. Finalmente, agregó que “a través de los modernos medios de comunicación, como lo es la internet, las personas de la tercera edad o con alguna minusvalía tienen nuevos medios a su alcance para realizar sus operaciones de manera electrónica, no necesitando con ello acudir a los cajeros electrónicos”.

Casi cuatro años después de que Gabriel Antonio Palacio Pantoja instaurara la demanda de acción popular, el Consejo de Estado amparó los derechos colectivos del ciudadano en mención, debido a que si bien en la entidad existe fila preferencial para atender las transacciones de aquellas personas con discapacidad o mujeres embarazadas, también es necesario que las transacciones rápidas se puedan realizar en los cajeros electrónicos, ya que éstos permiten facilidad y rapidez en este tipo de actividades, aún más cuando el banco se encuentra cerrado.

Es así como la Sección Primera reconoció además de la construcción de la rampa, que el Banco Cafetero (Bancafé) le pague a Gabriel Palacio $4.600.000  por concepto del incentivo económico y que se conforme un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia integrado por el Tribunal, las partes y el Ministerio Público.

Con esta decisión el Consejo de Estado pone en cintura a las corporaciones bancarias que no cumplan con las previsiones técnicas que ha dictado el Gobierno Nacional para asegurar la accesibilidad de las 87.952 personas que usan silla de ruedas en Bogotá y las  774.173 en toda Colombia, según registro del censo de 2005, del DANE. Así las cosas, y con este fallo, las personas de la tercera edad, discapacidad visual, en silla de ruedas y cualquier otra limitación física, en adelante podrán reclamar que las entidades bancarias les adecúen el acceso a cajeros automáticos y otros servicios.

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