Favorecen a ex fiscal

Aunque para recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena que le será impuesta a Romel Polanco Padilla, sólo podía aceptar cargos en la imputación, un juez de Bogotá permitió que lo hiciera después. El ex funcionario es acusado de concusión.  

A pesar de que el ex fiscal de Bogotá Romel Polanco Padilla reconoció ser responsable del delito de concusión, el juez 33 penal municipal le permitió aceptar cargos en una audiencia posterior, cuando la ley es clara y señala que esa actuación es conducente cuando se hace durante la acusación.

Siendo aún funcionario del ente acusador, Padilla fue detenido en flagrancia a mediados de junio pasado por la Dijín de la Policía, cuando recibía de forma ilegal siete millones de pesos como pago por acelerar una investigación, y fue llevado a audiencia el día 19 de ese mes, junto con el también fiscal Luis Eduardo Sanabria y el particular Juan Carlos Soto.

Padilla no aceptó su responsabilidad en ese momento, al igual que los otros dos detenidos, pero por la gravedad del hecho, y por su calidad de funcionario público, fue enviado a la penitenciaría La Picota, donde quedó recluido.

La historia se inició cuando una comerciante de Bogotá fue víctima de un hurto de 22 millones de pesos, tras un intento frustrado de fleteo después de salir de un banco el 14 de marzo de 2007. La mujer puso la denuncia ante la Fiscalía, pero pasaron varios meses y no obtuvo respuesta. Acudió ante el fiscal Sanabria, quien supuestamente le habría hecho la exigencia de los siete millones de pesos para acelerar el proceso.

Indignada, envió un anónimo al Búnker de la Fiscalía. Además grabó una conversación que habría sostenido con Sanabria, para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad y la entregó a los investigadores de la Dijín. Luego hizo parte de un operativo  que se efectúo el 18 de junio donde fue a entregar el dinero que le era exigido por acelerar la investigación.

Ese día fueron detenidos Romel Polanco Padilla y Juan Carlos Soto, quienes tenían la misión de recoger el dinero, que les fue entregado en un paquete en un centro comercial de la carrera 30 con avenida 19, muy cerca del Complejo Judicial de Paloquemao.  

Entre tanto la Fiscalía continúa la investigación en contra del fiscal Luis Eduardo Sanabria, quien se negó a aceptar su responsabilidad en el caso y obtuvo detención domiciliaria debido a que afronta problemas de salud. Igual ocurre con Soto, de quien se trata de determinar si en el pasado tuvo vínculos con la inteligencia militar.

El ente acusador, en todo caso, venía siguiendo los pasos de Romel Polanco Padilla, cuyo nombre también había salido a relucir en otra investigación, donde se realizó una interceptación telefónica, ordenada por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) de la Fiscalía.

La ley 906 de 2004, que le dio vida al actual Código de Procedimiento Penal, señala en su artículo 351: “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”.

En el artículo siguiente sostiene que el procesado y el fiscal podrán realizar preacuerdos, que son posteriores a la acusación, y lograr rebajas de pena cercanas a la tercera parte. En este caso el imputado aceptó su culpa en una audiencia celebrada el lunes 14 de julio, cuando se debió haber efectuado un preacuerdo. Sobre la justificación de la medida, el juez aseguró que no se vulneraba el derecho de las víctimas, ni de la administración de justicia y sí se le garantizaba el derecho a la defensa. Por eso manifestó que había lugar a la audiencia de aceptación de cargos. Ahora la defensa de Polanco Padilla no descarta pedir la detención domiciliaria. La condena en contra del ex funcionario será proferida en una fecha que será definida en las próximas semanas.