Gino Pascalli, un comienzo desde las cenizas

Los propietarios de Gino Pascalli se reunirán con la DIAN para acordar los pagos de una deuda que ronda los $6.000 millones.

Diana Carolina Durán Núñez
23 de agosto de 2008 - 03:23 a. m.

Alfonso Castillo Ruiz y su esposa, Isabel Cristina Gallón, se acostaron a dormir la noche del 21 de noviembre de 2006 con una empresa a cuestas, y al día siguiente se despertaron con las manos vacías. Ese martes 21, la Fiscalía comenzó un proceso de extinción de dominio sobre los bienes de Castillo, Giorgio Sale, dos de los hijos del italiano (Estéfano y David) y Celso Alfredo Salazar. El 22, Castillo Ruiz fue notificado de la determinación. Desde entonces, sólo hasta hace un par de semanas, los 58 establecimientos Gino Pascalli estuvieron en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El pasado 13 de junio, en segunda instancia, la Fiscalía ratificó el fallo proferido tres meses atrás, en el que se declaró improcedente la extinción de dominio sobre las propiedades de Castillo. Ahora que los almacenes están de nuevo en poder de sus dueños, ellos comenzaron a afrontar las consecuencias que quedaron de aquella medida cautelar. Reorientan el plan estratégico, el cual quedó congelado en 2006; revisan inventarios, porque éstos no se actualizan desde hace dos años; reincorporan personal a las plantas, pues unas 300 operarias perdieron sus trabajos.

Una de las tareas más importantes de la pareja Castillo Gallón tendrá lugar esta semana: se reunirá con funcionarios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) para conseguir un trato que le permita cancelar los cerca de $6 mil millones de pesos que le adeuda a la entidad por concepto del IVA. Los intereses representan una cuarta parte de esta suma. “Estamos en negociación con ellos —le dijo Castillo Ruiz a El Espectador—. Hemos tenido buena acogida por parte del director y del Ministro de Hacienda. Vamos a presentar un proyecto y esperamos llegar a un acuerdo”.

La transacción culpable

En 2003, los propietarios de Crisalltex S.A. (nombre de la empresa que explota la marca Gino Pascalli), se interesaron por incursionar en el mercado de Bogotá. Antes de ese año ninguno de sus locales se encontraba en la capital del país. Francisco Javier Obando Mejía, un ingeniero textil egresado de la Universidad de Manchester (Inglaterra) que gozaba de muy buena reputación en el sector, supo de las intenciones de los empresarios y los contactó. Obando, en ese entonces, era conocido como el enlace de Giorgio Sale. Y éste, en esa época, no era conocido como algo más que un negociante italiano.

Al año siguiente, el 29 de octubre, Crisalltex S.A. y Made In Italy, la compañía de Sale, celebraron un contrato de permuta. En un acuerdo valorado en $2.800 millones, Crisalltex entregó un apartamento en Cartagena y trece cheques posfechados a cambio de las mercancías y los mobiliarios de Made In Italy, ubicados en cinco puntos de Bogotá, cuyos contratos de arrendamiento fueron cedidos a Crisalltex. De hecho, uno de esos, localizado en Unicentro, se lo había alquilado a Sale la propia Dirección Nacional de Estupefacientes.


En el país se ignoraba que desde 2001 el Estado italiano seguía los pasos de su ciudadano. Luego de una lenta investigación, que tomó casi cinco años, se señaló sin lugar a dudas que Giorgio Sale y sus hijos cometían actividades ilícitas en Colombia. Que el empresario, a través de sus empresas, lavaba activos. Y además, que era el encargado de preparar la que sería la vida en Italia del ex comandante de las autodefensas Salvatore Mancuso, una vez éste cumpliera la sentencia que se le impusiera en Justicia y Paz.

A mediados de 2004, las autoridades italianas detectaron que la mano derecha de Sale en Colombia era Francisco Javier Mejía Obando, el mismo que contactó a Castillo Ruiz para persuadirlo de hacer el negocio con las tiendas de Sale. “A él todo el mundo lo conocía como Pachito. Era muy reconocido en el mundo de la confección. Quién iba a dudar de un hombre que había hecho una buena carrera”, dice Castillo. En el proceso, su defensa alegó que no había tampoco razón para dudar del italiano, quien “gozaba de un prestigio dentro del mercado de venta de ropa”.

Mientras tanto, las pesquisas sobre Sale se desarrollaban en Italia en el más completo sigilo. Sólo hasta el 22 de noviembre de 2006, cuando se desarrolló la operación internacional ‘Tiburón Galloway’, se supo que Giorgio Sale era más que un comerciante y dueño del cotizado restaurante La Enoteca en Cartagena, en donde solían reunirse grandes figuras públicas del país, y fue arrestado. Ese día, en su casa en Manizales, fue detenido Francisco Javier Obando, acusado del delito de lavado de activos. En esa misma operación se ordenó tomar medidas cautelares sobre los bienes de Alfonso Castillo.

El gremio textil pereirano, en el cual Castillo y Obando eran bastante familiares, se estremeció con los hechos. Al fin y al cabo, Gino Pascalli nació en Pereira, en un pequeño local de 12 metros cuadrados que se llamaba Camicentro, abierto por Castillo y su esposa en 1988. La pareja, que trabajaba en confecciones desde finales de los años 70, comenzó a explotar la marca en 1984, y la registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 7 de octubre de 1986. “Primero fuimos distribuidores, luego comprábamos telas y mandábamos a hacer camisas, hasta que adquirimos nuestra propia fábrica en 1991”, recuerda Castillo.

El humo que se apagó

De los informes 5567 y 5568 de la Policía Nacional, que contenían el análisis de las pruebas aportadas por Italia en el caso Giorgio Sale, se desprendieron las tres circunstancias que enredaron al italiano con Castillo Ruiz. Según la Fiscalía, era necesario determinar por qué en las conversaciones telefónicas intervenidas se mencionó, en varias ocasiones, el nombre Gino Pascalli; por qué la Policía Judicial había encontrado incrementos patrimoniales y movimientos de grandes sumas de dinero en Crisalltex S.A. y por qué esta sociedad había realizado transacciones comerciales con Made In Italy.


Después de una investigación de 20 meses, la conclusión fue que no había tal nexo entre Sale y Castillo. La inspección judicial esclareció que el origen del dinero con que se creó Crisalltex S.A. fue legal, que Giorgio Sale nunca se aprovechó del nombre Gino Pascalli. Un perito estudió los dineros que en algún momento causaron sospechas y concluyó que no se podía hablar de “ingresos desconocidos” durante los años 2004 y 2005. De igual forma, se estableció la legalidad de la transacción comercial que aceleró todas las indagaciones contra Castillo Ruiz.

La Fiscalía dedujo que “hubo mezcla de capital lícito del señor Castillo, con el ilícito de Giorgio Sale”. En una concreta providencia, el organismo resaltó que “por el solo hecho de tener una fonética italiana no implica relación alguna con Giorgio Sale”, lo cual, según Castillo, fue el motor del expediente en su contra. “Cuando Sale comentó por teléfono algo de Gino Pascalli, funcionarios de la Policía Judicial se pusieron a examinar la marca. Si hubieran indagado mejor, habrían podido deducir que ‘Gino Pascalli, moda italiana de colección’ no tenía nada que ver con Sale”, manifiesta Alfonso Castillo.

Francisco Javier Obando Mejía, el hombre que conectó a Castillo con Sale para el negocio de los locales en Bogotá, le dijo a periodistas de El Espectador en junio pasado que lamentaba que Castillo hubiera resultado implicado en el escándalo: “Terminó involucrado sin tener responsabilidad. Le quitaron los almacenes porque resultó engañado por un tipo que nos defraudó a todos”. Obando Mejía, quien conoció a Sale cuando viajó a Cartagena a liquidar la reconocida cadena Magaly París, aseguró que el italiano era tan carismático que a sus restaurantes siempre iban reconocidos dirigentes empresariales y políticos que nunca dudaron de él.

Recién Castillo Ruiz conoció las medidas cautelares de la Fiscalía sobre sus bienes, en su mente todo era un mal sueño. Sin embargo, las cuentas congeladas y la escasez de dinero que cada vez se hizo más evidente lo ubicaron en la realidad. Sus dos hermanos, uno empresario y el otro notario, fueron su salvavidas y se encargaron de la universidad de sus dos hijos menores, así como de las obligaciones corrientes de Castillo y su esposa. “Fue muy triste tener que ver cómo se iban empleados que llevaban 20 años con nosotros. Uno se siente demasiado impotente. Estuvimos muy mal emocional y económicamente”, exclama.


Por eso, en este momento, para él y su esposa no hay más misión que hacer que Gino Pascalli resurja de las cenizas, limpiar su nombre y organizar la compañía. Ya 12 de las 16 maquilas con que trabajan están en funcionamiento o a punto de estarlo, 567 empleados se han integrado a las fábricas y, según afirma Castillo, están en conversaciones con unas 25 organizaciones privadas para confeccionarles dotaciones y se encuentran participando en siete licitaciones estatales. “Estamos muy esperanzados de volver a colocar la empresa en el sitio que la teníamos”, exclama el empresario.

Las relaciones de Giorgio Sale

En noviembre de 2006 no hubo quien no comentara la captura de Giorgio Sale. Y aunque por la investigación dirigida desde Italia se conocieron de inmediato los nexos entre Sale y el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, días después de su arresto, empezaron a salir a la luz pública nombres de otras figuras nacionales que en algún momento también se relacionaron con el empresario italiano.

Uno de ellos era el entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Grabaciones reveladas por la revista Semana a finales de noviembre de ese año dejaban ver una familiaridad entre el magistrado, su esposa (quien era la secretaria del Procurador General de la Nación) y Sale: “Aló, Giorgio, te está llamando Ana Margarita. Quería darte las gracias por esa cartera tan divina,  espectacular, de mi entero gusto...”.

Otro de los cuestionados por su relación con Sale fue Yesid Ramírez, ex presidente de la Corte Suprema. Ramírez admitió que el italiano había estado en varios eventos de la Rama Judicial a los que, según el magistrado, pudo asistir por su carácter público. El funcionario, incluso, afirmó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le certificó que Giorgio Sale no tenía antecedentes penales.

El enlace entre Sale y Gino Pascalli

Francisco Javier Obando Mejía es un ingeniero textil egresado de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. En esa ciudad estudió bachillerato y vivió 11 años. Al regresar a Colombia trabajó en reconocidas empresas como almacenes Éxito y fue además responsable del ingreso al país de marcas como Tommy Hilfiger y Náutica.

Días después Sale lo llamó para proponerle trabajar como administrador de sus restaurantes. Por eso abandonó su trabajo como profesor de inglés avanzado y mercadeo en la Universidad de Manizales. En Bogotá, y atendiendo una orden de Sale, se fue a vivir al hotel La Fontana y cada año, mientras trabajaba con él, cambiaba de carro.

Obando fue detenido el 22 de noviembre de 2006 y condenado a 49 meses de prisión el pasado 28 de marzo por el delito de lavado de activos. Desde hace 21 meses se encuentra en el patio tercero de la cárcel Modelo de Bogotá, en donde lidera el Proyecto Compromiso, una iniciativa del Inpec para ayudar a otros reclusos.

Por Diana Carolina Durán Núñez

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