Iguarán: con el sol a la espalda

La anulación del juicio de Jorge Noguera es una gran mancha en la gestión de Mario Iguarán Arana. Pero no es la única en su trayectoria.

El 11 de junio era una fecha marcada en el calendario de quienes le seguían la pista al tema de la parapolítica. Era el primer día del juicio contra el ex director del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes, el hombre con quien comenzó el proceso político y judicial más trascendental de la historia reciente del país. El mismo por el que han sido condenados seis congresistas, detenido 32 más e investigado a 29. El mismo que por sus cifras y dimensiones hoy es considerado más escandaloso que el propio 8.000.

Dicen quienes se han vuelto expertos en el asunto, como Alirio Uribe, parte civil en el proceso Noguera, que al proceso no le faltan testimonios ni pruebas. Y agrega: “Faltó un Fiscal General de la Nación que, tal como lo han señalado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones, es el único habilitado para tomar decisiones judiciales contra personas que gocen de fuero constitucional”. No sólo por la “alta investidura” de los sindicados, sino por la “considerable trascendencia que las determinaciones puedan tener en la vida nacional”.

Pero no ha sido la única decisión errónea del Fiscal desde que se inició el proceso contra el ex director del DAS. A finales de 2006, Noguera fue denunciado por falsedad ideológica cuando un servidor público miente u omite la verdad en un documento oficial,  prevaricato por omisión y  tortura ideológica.

Los tres delitos estaban relacionados con un hombre que supuestamente participó en el atentado que las Farc cometieron contra el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, en el cual murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas.

A pesar de que Noguera era director del DAS en la época en que ocurrieron los hechos por los cuales lo acusaron, lo mismo que reiteró el alto tribunal en la anulación del juicio, Iguarán Arana delegó el caso a Jesús Antonio Marín Ramírez, fiscal segundo delegado ante la Corte. El 29 de octubre, la Corte determinó la nulidad del proceso y, según los denunciantes, no se ha vuelto a abrir. El mismo delegado Marín fue el fiscal a quien en marzo de 2007, y ahora en junio de 2008, le anularon dos procesos contra Noguera. La Corte fue reiterativa en afirmar que el Fiscal General era el único que podía asumirlas.

Para Orlando Perdomo, defensor de Jorge Noguera, “en la Fiscalía General de la Nación se han presentado conductas dolosas e ilícitas porque en algunos casos, todos muy sonados, no se ha respetado el ordenamiento jurídico constitucional del país”. Y agregó: “La historia reciente de las publicaciones que han hecho los medios de comunicación, en torno a la figura de Mario Iguarán, me dejan un gran interrogante. Ha sido una persona con tantos desaciertos que por lo menos debería asesorarse bien”.

Ruta de yerros

El primer traspié del fiscal Iguarán fue su cercanía con Armando Martí, un parasicólogo que se hizo célebre por ayudar a ubicar el cadáver del ministro de Protección Social Juan Luis Londoño. Lo contrató a los pocos días de su posesión en 2005. El propósito era que realizara perfiles psicológicos a quienes serían sus colaboradores cercanos y motivar en ellos la lealtad hacia el nuevo jefe. Sin embargo, como lo denunció la revista Semana en septiembre de 2006, Martí terminó con armas, carro blindado, escoltas y tarjeta de acceso ilimitado a cualquier lugar del búnker.

Este problema le costó el puesto a Martí, al vicefiscal Jorge Armando Otálora y a la directora nacional de Fiscalías, Janny Jalal. Tres meses más tarde, en la primera semana de enero de 2007, el Fiscal recibió fuertes críticas porque su organismo emitió órdenes de arresto domiciliario para Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Ochoa Barrera, presidente y vicepresidente


ejecutivo de Bancolombia respectivamente, implicados en uno de los mayores líos jurídicos que ha tenido la banca colombiana. Actuación que reprocharon los acusados al enterarse por las declaraciones del Fiscal en los medios y no personalmente, como debía ser.

Como si esto no fuera suficiente, durante el mismo año, otra ‘papa caliente’ cayó en manos de la Fiscalía: la parapolítica. Para octubre, ya 10 congresistas habían renunciado a su fuero parlamentario, logrando así que fuera la Fiscalía el ente que los investigara.

Aunque en la Corte ya se han producido seis condenas, en la Fiscalía todavía no se ha emitido la primera contra alguno de sus investigados. Lentitud que ya mereció varios llamados de atención por parte del alto tribunal hacia el organismo que dirige Iguarán.

A 14 meses de entregar su administración, el fiscal Mario Iguarán le ha devuelto la esperanza al país en asuntos que parecían perdidos, como el Palacio de Justicia y el magnicidio de Luis Carlos Galán. No obstante, el revés del caso  Noguera constituye un lunar  en su administración. Se trata de uno de los hombres que han encarnado el escándalo de la parapolítica y que, por vicios de procedimiento en la investigación, hoy se encuentra en libertad y con las herramientas jurídicas para poner en entredicho las actuaciones del Fiscal General de la Nación.

Acciones que respaldan su gestión

Mario Iguarán también ha tomado decisiones que han sido aplaudidas. La Fiscalía le imputó el delito de fraude electoral a Jorge Noguera, quien, en 2002, fue jefe de campaña de Álvaro Uribe en Magdalena. Una decisión bastante complicada si se tiene en cuenta que la cuestión en disputa era la elección del actual Presidente de la República.

Otro caso complicado fue el del congresista Mario Uribe. A pesar de ser primo del Primer Mandatario, el mismo que lo candidatizó para ser Fiscal General, Iguarán dictó medida de aseguramiento en contra del ex parlamentario.

Y cuando se sospechó que María Fernanda Cabal,  coordinadora de asuntos internacionales de la Fiscalía, había filtrado información delicada, Iguarán no vaciló en solicitarle la renuncia de inmediato.

“Ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares”

Tan variados como sonados han sido los temas que han envuelto en críticas al fiscal Mario Iguarán Arana y a la Fiscalía General de la Nación. Pero el que más ha causado voces en contra de la entidad, incluso antes de su inicio, es el de la Ley de Justicia y Paz. Desde que se empezó a tramitar el proceso de la Ley 975 de 2005, no ha habido ningún condenado.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, los ex jefes paramilitares se han trenzado en largas versiones libres que siguen girado en torno a las políticas, filosofías y orígenes de las autodefensas. Aseguró el organismo en un informe emitido el 2 de octubre de 2007 que al Estado “le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares”.

 Con lo cual el país, y sobre todo las víctimas, siguen en espera de las confesiones de los crímenes, revelación de la ubicación de las fosas comunes, localización de las tierras expropiadas, y la entrega de bienes para que el Estado repare a quienes sufrieron sus crímenes.