El fallo de la Corte Constitucional, proferido el 30 de mayo de 2007, consideró que Londoño Hoyos adquirió ilegalmente las referidas acciones de Invercolsa haciéndose pasar como empleado de la compañía. Dichos títulos fueron comprados en 1997 por el ex ministro por cerca de $9.000 millones. Hoy, según la Procuraduría, están valorados en $87 mil millones, correspondientes al 20% del paquete accionario que hasta el 31 de diciembre de 2007 tenía Londoño Hoyos.
De acuerdo con la misiva, conocida por El Espectador, “con el fin de que se proteja el patrimonio público”, el presidente de Ecopetrol le pidió al procurador Maya “su concurso en orden a velar por el cumplimiento del mencionado fallo de tutela”. Asimismo, Javier Gutiérrez le envió una carta en igual sentido al presidente ejecutivo de Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa), José Antonio Franco Reyes. En síntesis, Ecopetrol está moviendo su artillería jurídica para hacer efectiva la sentencia de la Corte Constitucional (ver balcón con la historia del pleito) y recuperar los dineros de la Nación.
Casi un año después del mencionado fallo no ha sido posible que esos dineros le sean devueltos a Ecopetrol. La Procuraduría sancionó disciplinariamente a Fernando Londoño con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por este caso.
Historia del millonario pleito judicial
En 1997, Fernando Londoño Hoyos compró un paquete accionario de 145 millones de títulos de Invercolsa. Ecopetrol consideró que dichas acciones únicamente podían venderse al sector solidario o a ex trabajadores de la compañía —un holding de 12 firmas dedicadas a comercializar hidrocarburos—. La transacción desató una verdadera controversia jurídica. La Procuraduría calificó la compra “como un acto que afectó el patrimonio público”.
En el Congreso se adelantó un publicitado debate en junio de 2003, citado por Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo y Hugo Serrano. Ese día fracasó una moción de censura al ministro Londoño. Pero serían las instancias judiciales las que definirían la polémica. En noviembre de ese año, la Superintendencia de Valores sancionó al ex ministro con más de $53 millones, al tiempo que le ordenó reversar la operación en la que terminó cediendo sin autorización en el año 2000 —en calidad de presidente de Invercolsa— sus acciones a la firma panameña Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana.
Dichos títulos terminaron en esa firma luego de que el Banco del Pacífico cediera los derechos de éstos sobre parte del crédito que contrajo el ex ministro para comprar las acciones. Un mes después, en diciembre de 2003, el Consejo de Estado falló una acción popular en la cual determinó que, en efecto, Londoño Hoyos se hizo a las 145 millones de acciones de Invercolsa de manera irregular, y ordenó devolver esos dineros al Estado. Londoño apeló esa decisión y en 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia. No obstante, Ecopetrol y la Procuraduría insistieron en la ilegalidad del paquete accionario de Londoño en Invercolsa. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón.