“Mamacita, por favor, tenga fortaleza con esto que le voy a decir: me encuentro en manos de la guerrilla. Rogué para que me dejaran usar el celular un minutico. No sé si salga de esto… cuídese mucho”, le dijo el patrullero de la Policía Walter José Lozano a su madre, doña Inírida Guarnizo, el pasado 9 de junio de 2007 a la una de la tarde. Apenas pocas horas antes un grupo de subversivos había bajado de un bus de servicio público a Lozano y a sus compañeros, los agentes Alexis Torres Zapata y Juan Fernando Galicia, quienes iban vestidos de civil rumbo a Cartagena del Chairá, Caquetá, en una misión secreta.
Antes de llevárselos selva adentro, en un gesto inusual en estos casos, el grupo armado ilegal permitió a los uniformados usar sus celulares para comunicarse con sus familias. Torres llamó a Kelly Johana Cuéllar, su novia por cuatro años, y Galicia alcanzó a avisar lo sucedido a doña Marina de Uribe y don José Galicia, sus padres. De manera aún más sorprendente, dos días después a Kelly Johana le entró una llamada al teléfono móvil de su novio secuestrado. Le contestó un hombre que se identificó como el jefe de los guerrilleros, quien le aseguró que el plagio sería “sólo por tres meses”.
Después de eso, silencio. No se volvieron a tener noticias de ninguno de los tres policías. Ni una llamada, ni una carta. Nada. La propia Policía Nacional, cuentan las tres familias, los declaró como desaparecidos, a pesar de las llamadas telefónicas que evidenciaron que se trataba de un secuestro.
Hasta el mes de marzo de este año, cuando la senadora Piedad Córdoba se comunicó con los parientes de los uniformados para entregarles unas pruebas de vida. Dos videos para cada familia, grabados entre enero y febrero de 2007. Aún así, los tres cautivos nunca han recibido mención alguna en los discursos en los que el presidente Álvaro Uribe se ha referido a los secuestrados con nombre propio.
De manera parecida ha sucedido con el cabo primero del Ejército Salín Antonio Sanmiguel Valderrama, a quien la guerrilla plagió el 23 de mayo de 2008, luego de una sangrienta toma a la vereda de El Tambo, Tolima, en la que resultaron muertos cinco militares. Para Olga Valderrama, madre del uniformado, su hijo fue un “desaparecido”, como lo anunció el Ejército, hasta el 9 de junio siguiente, 17 días después, cuando inesperadamente ella y su nuera, Angélica López, recibieron una llamada de un guerrillero que dijo pertenecer al frente 21 de las Farc. El subversivo les aseguró que Salín Antonio estaba bien, “apenas con unas esquirlitas”, les sugirió mandarle mensajes radiales a través de las emisoras Radio Reloj, La voz del Tolima y Ambeima Stereo de Chaparral, y les exigió que le notificaran al Ejército que las Farc “habían capturado a uno más de sus hombres”.
Doña Olga, una comerciante ibaguereña de 56 años, residente en Bogotá, cuenta que buscó a un coronel del Ejército para darle la buena noticia: “Le hablé de la llamada, le dije que ahora sí no había duda de que mi hijo estaba vivo”. El militar,
asegura la señora, se limitó a responderle que mientras no hubiese una prueba de supervivencia no podían declararlo como secuestrado.
Pues bien, la prueba más contundente del secuestro de este soldado y del de los tres policías llegó de manera sorpresiva esta semana en un comunicado en el que las Farc dan a conocer una nueva lista de llamados canjeables, en un eventual intercambio humanitario con el Gobierno Nacional, en la cual incluyen a los cuatro “desaparecidos”.
Para las familias, el documento es en sí mismo una prueba de que sus parientes están vivos y no perdidos del mapa. Por eso, aunque saben que la guerrilla decidió convertirlos en carne de cañón, ahora respiran más tranquilos.
“Por fin alguien los nombra. Después del comunicado nos han llamado de muchos medios de comunicación. Por lo menos, ahora existimos”, expresa Kelly Johana Cuéllar.
La novia de Alexis Torres critica que, en una carta en respuesta a una que ella había mandado hace varios meses a la oficina de Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz, el funcionario le haya contestado que tenía que “tener paciencia”, pues hay otros secuestrados que llevan muchos más años en la selva. “¿Acaso voy a tener que esperar que mi novio cumpla 10 años encadenado para que nos presten atención, para que lo mencionen públicamente?”, se pregunta la mujer de 22 años, estudiante de comunicación social.
Al patrullero de la Policía de 26 años, nacido en Andalucía, Valle, se lo llevaron cuando apenas faltaba un kilómetro para que el bus en el que viajaba llegara a Cartagena del Chairá. Junto a él iba su amigo Walter Lozano, quien ha pasado 16 de sus 35 años al servicio de la Policía Nacional. Su madre, doña Inírida, reclama que “luego de la liberación de Íngrid Betancourt y de la marcha del 20 de julio, nadie ha vuelto a hablar de los pobres secuestrados”.
En igual sentido se pronunció la hermana de Juan Fernando Galicia, Luz Dary Galicia, quien cuenta que en el video de la prueba de supervivencia su hermano, nacido en Ituango, Antioquia, le pide encarecidamente al Gobierno que no intente rescatarlo por la vía militar.
Por su parte, la madre de Salín Antonio Sanmiguel, el cuarto “nuevo canjeable” de la guerrilla, dice que hasta hace cuatro meses jamás y nunca pasó por su cabeza que le tocaría padecer esta tragedia. “Uno ve los toros desde la barrera y no se imagina que en cualquier momento le cae la mala hora”.
Una mala hora que no es una, sino muchas. Y quién sabe cuántas horas más tendrán que pasar estas cuatro familias sin sus hijos por cuenta de una guerra absurda.
El lamento de doña Olga Valderrama lo dice todo: “Espero que no tengan que ser 10 años, ni ocho, ni tres. Cada minuto de mis días los dedico a soñar con que esta pesadilla termine, a rogar por una pronta solución a esto tan feo”.