Por los homicidios de Luis Fernando Orozco Hernández y Mario Miguel Pineda Pérez (hermano de la condenada ex congresista Eleonora Pineda), ocurridos el 12 de octubre de 2005 en Tierralta, Córdoba, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos profirió pliego de cargos en contra de un oficial y cuatro suboficiales del Ejército Nacional, al constatar que participaron en el operativo militar que derivó en sus asesinatos.
La decisión fue tomada el pasado 16 de julio por la procuradora Sonia Patricia Téllez Beltrán y afecta al teniente coronel Hernando Herrera Zuluaga –entonces comandante del Batallón de Infantería Nº 33 Junín–, el sargento viceprimero Flavio César Sánchez, el cabo primero Albeiro Vargas Gaitán, y los soldados profesionales Luis Miguel Solano Ramos y Roberto Carlos Posada Díaz. Según el Ministerio Público, todos ellos fueron coautores del homicidio agravado de los comerciantes Luis Fernando Orozco y Miguel Pineda.
De acuerdo con el proceso, en cumplimiento de la orden de operaciones Sagaz Nº 005 de 2005 en contra de un presunto reducto de las Farc en Córdoba, se adelantó un operativo militar en el que fueron violentamente asesinados Orozco y Pineda. La versión de los uniformados implicados es que fueron atacados por ellos cuando se acercaban las tropas del Ejército a la zona. Sin embargo, la investigación estableció que no hubo un enfrentamiento y que los dos comerciantes cordobeses fueron ultimados en estado de indefensión.
Ambos, sin embargo, fueron presentados por la Fuerza Pública como guerrilleros dados de baja en combate. El expediente de la Procuraduría probó lo contrario. En principio, el sargento Flavio César Sánchez señaló que el 11 de octubre de 2005 se desplazó con el teniente coronel Hernando Herrera y un informante del Ejército llamado Donaldo Martínez a varios sitios del municipio de Tierralta, específicamente al sector conocido como Zona Seis, lugar en donde al parecer venían operando integrantes de las Farc. Al día siguiente se elaboró la orden de operaciones y volvieron al terreno.
Una vez allí, contó el suboficial Sánchez, las tropas divisaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta portando armas largas, con las cuales, según su relato, los atacaron. El Ejército repelió el supuesto ataque y como consecuencia resultaron muertos Luis Fernando Orozco y Mario Miguel Pineda. Similares versiones le entregaron a la justicia el subteniente Edwin Alberto Figueredo, Luis Miguel Solano, Roberto Carlos Posada, el cabo primero Albeiro Vargas Gaitán, Humberto Doria y el propio informante del Ejército Donaldo Javier Martínez Sotelo.
No obstante, muchas inconsistencias en sus versiones fueron probadas durante el proceso disciplinario. Se comprobó, por ejemplo, que nunca existió la mencionada orden de batalla para realizar el cuestionado operativo. En acta de visita especial realizada al batallón de Infantería Nº 33 Junín, con sede en Montería, se demostró que para la época de los hechos no existían reportes que relacionaran a los dos comerciantes como presuntos integrantes de grupos armados ilegales que operaban en la zona. Asimismo, ni Orozco ni Pineda tenían antecedentes penales.
La propia ex congresista Eleonora Pineda manifestó mediante declaración juramentada que su hermano era comerciante de ganado, que nunca perteneció a ningún grupo ilegal, que habitantes de la zona le contaron que su hermano cayó en una emboscada del Ejército y que uno de los sobrevivientes, Eleázar Fernández, incluso le dijo a su papá que lo iban a rematar. Obra también en el proceso un informe que revela que ni Orozco ni Pineda tenían residuos de disparo en sus manos, lo cual contradice la versión militar de que ellos los atacaron con armas largas.
Tampoco se hallaron huellas digitales que los comprometieran con los cartuchos y armas que incautó el Ejército durante el operativo en el que resultaron muertos. Este episodio es actualmente investigado por la Fiscalía 37 de derechos humanos de Medellín, que acusó a varios militares por el delito de homicidio y al teniente Edwin Figueredo por tratar de desviar la investigación. Todos estos elementos le permitieron a la Procuraduría concluir que los cinco uniformados, valiéndose del argumento de que estaban repeliendo un supuesto ataque guerrillero, participaron en el homicidio de dos personas en estado de indefensión.
“Los aquí disciplinados al parecer libre y voluntariamente quisieron causar la muerte de Orozco y Pineda y efectivamente materializaron su intención. Consumaron sus actos con plena conciencia de lo que hacían, los ejecutaron libres de todo apremio o coacción ajena, sin importarles que estaban violentando de manera injustificada el derecho fundamental a la vida de quienes resultaron muertos en el operativo. Sabían que el comportamiento arbitrario se apartaba de su entrenamiento como militares, el cual implica la salvaguarda de la vida”, concluyó la Procuraduría.