Pruebas de la Fiscalía contra miembros de la Armada

Defensa del ex oficial le presentó un documento al Fiscal General en el que detalla, una a una, las inconsistencias en el proceso.

La orden de captura proferida el pasado viernes contra Gabriel Ernesto Arango Bacci, contraalmirante (r) de la Armada Nacional, representa mucho más que una simple medida de aseguramiento afectando a un alto oficial de las Fuerzas Militares. De corroborarse las hipótesis planteadas por el fiscal Mario Iguarán, ya cuestionadas públicamente por la defensa, el caso abriría un enorme escándalo judicial que no se limitaría a resolver únicamente la conducta particular del procesado, sino que podría afectar a otros integrantes de la institución.

De hecho, en su providencia, el fiscal Iguarán lo reconoce: “se presenta entonces como verídico que miembros activos de la Armada Nacional, desde finales de la década de los 90, muy probablemente hasta el día de hoy, se ocupaban y ocupan de la labor de vender cartas de navegación y reportes de la ubicación de barcos guardacostas, con la finalidad de facilitar ese ilícito tráfico a nivel nacional e internacional a organizaciones dedicadas al narcotráfico y agrupaciones armadas al margen de la ley en la Zona Norte de Colombia”.

En otras palabras, según se desprende de las conclusiones parciales del Fiscal General, el caso del almirante Arango Bacci es apenas un capítulo de una desconocida historia aún por aclarar. Una secuencia de hechos ilegales que tienen como eje central a la organización del narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, hoy preso en Estados Unidos, y al propio Salvatore Mancuso, jefe de las autodefensas, también extraditado y beneficiario del manejo de la droga en la Costa Atlántica durante muchos años.

Obviamente, la extensión de estas investigaciones pasa primero por aclarar el caso particular del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, hoy detenido en una unidad militar pero convencido de poder revertir la medida de aseguramiento en su contra. Su abogado, Jaime Granados, advierte  que las sindicaciones del Fiscal están sostenidas en dudosos testigos y que aún no hay pruebas suficientes que permitan concluir que el ex oficial de la Armada estuvo incurso en los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho.

Más allá de las inconsistencias técnicas sobre algunas pruebas referentes a la evaluación de huellas dactilares, la controversia principal está centrada en el valor y la credibilidad de los testigos que comparecieron a la investigación. De ser ciertas sus afirmaciones, no solamente el contraalmirante Arango estaría implicado en las acusaciones que se le imputan. Pero, de verificarse debilidades en el valor probatorio de los testimonios aportados, según allegados a la defensa, podría pensarse que se está sindicando a un oficial para eludir una investigación a fondo.

El primer testigo es Juvenal Serna Amaris, alias Blacho, quien manifestó en 2007 que desde un año atrás sostenía relaciones con sujetos que se dedicaban a la venta de cartas de navegación para facilitar la droga que salía hacia Estados Unidos, México y Europa. Dicha documentación permitía develar la posición en mar y altamar de naves y aeronaves encargadas de


neutralizar el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con este personaje, a través de un tercero, igualmente involucrado, supo que para sacar la droga del país había contactos con miembros de la Armada de Venezuela y de Colombia.

Un segundo testigo, Eduardo Uejbe, quien declaró en noviembre de 2007, admitió que supo de la negociación ilegal de las cartas de navegación y que parte de estos diálogos se realizó en el hotel El Velero, de Cartagena. Según la Fiscalía, es claro que el testigo conoció a fondo sobre la existencia de una organización dedicada al comercio ilegal de información reservada y cartas de navegación, conformada por civiles y miembros activos y retirados de la Armada, y por eso su testimonio fue clave para capturar a personas vinculadas a este ilícito.

Sin embargo, ninguno de los dos testigos mencionados señaló directamente al contraalmirante Arango Bacci. Uejbe Jaramillo, conocido como El Cóndor, sostuvo que nunca habló con él. No obstante, el Fiscal considera que la negativa de ambos testigos para reconocer la participación del contraalmirante Arango en la actividad ilegal se explica porque se trata de una solidaridad perversa, utilizada para desviar la atención de la justicia hacia otras personas, organizaciones y situaciones ilegales. Lo único cierto es que sí fueron personajes con gran conocimiento del bajo mundo del narcotráfico.

 Un tercer testigo fue Eyssin Miguel Matos Montero, quien aseguró haber trabajado para Santander Lopesierra, hoy preso en Estados Unidos, y que de hecho, él fue su mentor para ingresar a la Armada en 2003. Este testimonio sí referencia directamente al contraalmirante y sostiene que le vendía los reportes de las cartas de navegación a un narcotraficante conocido como Mike y a otro sujeto identificado como Víctor Palmera, de quien dijo era un jefe paramilitar que trabajaba con Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y con Salvatore Mancuso.

Este testigo ubicó al contraalmirante en Turbaco, en abril de 2006, supuestamente en una reunión con un narcotraficante, quien previamente lo había llamado por celular para que acudiera al sitio porque se había presentado un problema con un guardacostas. Según la defensa del oficial, éste sí estuvo en Turbaco, y así lo ratificaron sus escoltas, pero lo hizo para asistir a una reunión en el colegio de sus hijos. La Fiscalía cree que es una coartada y que el oficial sí se reunió con el narcotraficante.

El cuarto testigo es el más comprometedor, pero al mismo tiempo, el más dudoso. Se trata de Jaime Alberto Pérez Charris, también testigo en algunos procesos de la parapolítica. Este personaje aseguró que él perteneció a la organización liderada por Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, y que ésta se dedicaba al transporte de la cocaína que producían los paramilitares del Bloque Norte, en cabeza de Jorge 40 y Salvatore Mancuso. Y que además, este tráfico era posible adquiriendo los reportes de la ubicación de los guardacostas.

Según Pérez Charris, para garantizar el paso de las naves cargadas de cocaína hacia Haití y las Bahamas, con destino final a la Florida, se tenía un miembro activo de la Armada, a quien conocían como El Capitán. Y añade que a finales de 2001 se presentó un problema por la ubicación de un guardacostas que suscitó enfrentamiento entre alias Boliche y un alto mando paramilitar. Para solucionar este problema, El Capitán fue citado en Santa Marta y, aunque la reunión fue muy tensa, terminó de manera amigable, solucionando el error.


Este testigo sostuvo que cuando vio al contraalmirante Arango en la televisión, la cara se le hizo conocida y lo recordó en la reunión mencionada. No obstante, la defensa del ex oficial afirma que dicho testigo miente, porque en otros procesos ha dicho que desde agosto de 2000 viajó a Venezuela a encontrarse con su patrón Boliche y que nunca más regresó a Colombia. La Fiscalía tampoco cree en esta tesis y más bien asevera que las actividades ilícitas del contraalmirante Arango, según los testigos, se prolongaron por lo menos desde 1997 hasta el año 2006.

Es una controversia que va para largo, pero lo único claro es que la Fiscalía deberá resolver hasta dónde y quiénes participaron en el negocio de la venta de cartas de navegación y ubicación de los barcos guardacostas durante casi una década, hecho que les permitió al narcotráfico y a las autodefensas consolidar un multimillonario negocio. El propio Salvatore Mancuso, antes de ser extraditado, así lo reconoció: “A Jorge Luis Hernández, alias Boliche, se le vendía clorhidrato de cocaína en las zonas de coca que nosotros controlábamos. Una de las zonas en que narcotraficaba correspondía al manejo del Bloque Norte de las Autodefensas”.

Mancuso dijo que no supo nunca si Pérez Charris perteneció a las autodefensas y que jamás se mencionó el nombre del contraalmirante Arango, pero aclaró: “Nosotros teníamos a una persona encargada para el contacto, no sólo con la Armada sino con todas las Fuerzas Militares, era un hombre bajo el mando directo del comandante Carlos Castaño, lo conocí con el alias del Cholo, y más tarde el Cholo le entregó ese manejo al ex comandante Andrés Angarita, por orden directa del comandante Castaño. Con ellos teníamos información de las operaciones militares que se fueran a dar en nuestras áreas de manejo”.

La medida de aseguramiento contra Gabriel Ernesto Arango Bacci, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho propio, es apenas la punta de un iceberg. Tres oficiales más tendrán que comparecer en los próximos días para aclarar su situación frente a hechos conexos. Lo único claro, por ahora, es que todo empezó porque a la Dirección de Contrainteligencia de la Armada Nacional llegó un reporte de que oficiales activos y retirados estaban incursos en actividades al margen de la ley. Hoy empieza a aclararse que los nexos eran con el narcotráfico y las autodefensas. ¿Hasta dónde llegarán estas pesquisas?

Las contradicciones

El contraalmirante Gabriel Arango Bacci tiene un sinnúmero de condecoraciones y medallas por su servicio en la Armada durante sus 36 años de servicio. Su defensa argumenta que el proceso que se le adelanta es un montaje, que las conversaciones que reposan en el expediente en donde delincuentes mencionan el nombre del ex oficial son ambiguas y no refieren delito alguno. Además, cuestiona que la Fiscalía le hubiera dado credibilidad al documento en el que aparece la huella de Arango en un recibo de la mafia, aun cuando está demostrado que dicha huella fue alterada. Por último, refiere múltiples contradicciones de los testigos en contra de Arango.