Reelección, al banquillo

Según varias organizaciones de derechos humanos, cuando el alto tribunal le dio la ‘bendición’ a la norma, los magistrados desconocían del escándalo parapolítico venidero y las confesiones de la ex congresista Yidis Medina.

Aduciendo múltiples irregularidades que la Corte Constitucional no conocía en el momento de darle el visto bueno al acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata, como la firma del llamado Pacto de Ralito “para refundar la patria”, así como los casi 70 congresistas salpicados por el escándalo parapolítico y las recientes confesiones de la ex congresista Yidis Medina, ocho organizaciones de derechos humanos le pidieron al alto tribunal que revise nuevamente la constitucionalidad de dicha norma.

Según los demandantes, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005, avaló el trámite legislativo de le reelección y para entonces la justicia no tenía conocimiento del grado de infiltración del paramilitarismo en el Congreso de la República, que hoy tiene a muchos de los legisladores que resolvieron impedimentos e inhabilidades en las comisiones y que votaron favorablemente la ley, enfrentando procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Entre ellos, el ex senador Mario Uribe Escobar, ponente de la norma.

Pero, además, sostienen las ONG que tan sólo un año después del fallo de la Corte, el ex parlamentario Miguel de la Espriella confesó que el 23 de julio de 2001, 11 congresistas firmaron el Pacto de Ralito con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Don Berna; Edward Cobo Téllez, Diego Vecino, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Dicha autoincriminación derivó en un proceso judicial que actualmente tiene a cuatro ex congresistas condenados (Alfonso Campo, Eleonora Pineda, Érik Morris y Miguel de la Espriella) y cuatro más llamados a juicio por la Corte Suprema.

El documento elaborado por las organizaciones de derechos humanos fundamenta su petición en otras condenas proferidas por la justicia, como la del senador Mauricio Pimiento, Muriel Benito Revollo, Dieb Maloof, Jorge Luis Caballero, y las investigaciones adelantadas por sus presuntos nexos con grupos de autodefensas contra medio centenar de parlamentarios más que participaron en el trámite y aprobación del acto legislativo de la reelección. Los demandantes aseguran que, como lo ha señalado la Corte Suprema, “quien accede a la función pública merced al poder corrupto, se convierte en miembro de éste”.

En ese contexto, el proyecto de infiltración paramilitar en la política “se hizo a expensas de la libertad de los ciudadanos en el acto de elegir y ser elegidos” y, por tal razón, plantean los demandantes, los congresistas que fueron ‘apadrinados’ por las Auc y que apoyaron la reelección “ya no representaban los intereses de sus electores, sino de quienes los empotraron en el Legislativo”. Bajo ese argumento esencial, sumado a la condena que le impuso la Corte Suprema a la ex parlamentaria Yidis


Medina Padilla por recibir prebendas del Gobierno a cambio de su voto, las ONG sostienen que el trámite de la reelección “estuvo viciado”.

Precisamente, reiteran en su escrito de solicitud de revisión que en octubre de 2005 los nueve magistrados de la Corte Constitucional desconocían las presuntas irregularidades perpetradas por los paramilitares para infiltrar el Congreso, así como la suscripción del acuerdo de Ralito y con mayor razón las posteriores confesiones de Yidis Medina sobre la verdad de su repentino cambio de voto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 4 de junio de 2004. En últimas, dicen que “estos hechos habrían variado claramente la decisión de la Corte”.

Prueba de ello es que no se hubieran configurado las mayorías necesarias para darle trámite al acto legislativo y, de otra parte, el juego de los impedimentos e inhabilidades de los congresistas que tiempo después terminaron enredados en el escándalo parapolítico no fue definido apropiadamente por el Congreso. De hecho, el documento cita al ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny, quien en una columna publicada en este diario sostuvo que tras las confesiones conocidas de Yidis Medina, no le queda duda de que la legitimidad de la reelección quedó, cuando menos, en entredicho, y que, por tal motivo, es deber de la Corte Constitucional revisar la norma nuevamente.

La petición, respaldada por la Asociación Colombiana de Juristas, el Comité Permanente de Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la ONG Justicia y Paz, Corporación Jurídica, la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, deberá ser resuelta en los próximos días por la Sala Plena de la Corte Constitucional. El problema es que el alto tribunal podría determinar que no puede revisar la norma porque ya entró a ser cosa juzgada.