La sombra de Jesús M. Valle

En las próximas semanas, la Corte Interamericana se pronunciará sobre el caso  Jesús María Valle. La condena parece ser inevitable.

Sólo un par de sonidos secos se escucharon antes de morir Jesús María Valle. Fueron los disparos de una pistola calibre 38 que segaron la vida de uno de los máximos defensores de Derechos Humanos del país. El 27 de febrero de 1998, hacia las 2:00 p.m., dos hombres y una mujer irrumpieron en su despacho, que estaba situado donde siempre estuvo desde que se graduó como abogado de la Universidad de Antioquia: en el edificio Colón, sobre la calle Ayacucho, en pleno centro de Medellín. “Va a llegar un personaje muy importante, pero no quiere ser visto por nadie”, dijeron los desconocidos como pretexto para amarrar con cinta pegante y empujar contra el suelo a los acompañantes de Valle, su hermana y secretaria Nelly y su amigo Carlos Fernando Jaramillo Correa.

Justo un día antes de su homicidio, Valle se había presentado en la Fiscalía Regional de Medellín a rendir indagatoria. La IV Brigada del Ejército lo había denunciado por calumnia luego de que Valle asegurara públicamente que el 10 de julio de 1997, en un bus del Ejército, se movilizaban soldados junto con paramilitares. Dos meses después de esta declaración, en el marco del décimo aniversario de los asesinatos de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, Valle volvió a hacer fuertes aseveraciones: “Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde... los comandantes. Eran paramilitares, Convivir, autodefensas (...) Estamos exportando violencia para todo el país (...)”, expresó desde el paraninfo de la Universidad de Antioquia.

Valle Jaramillo, entonces concejal de su natal Ituango, comenzó a prender las alarmas acerca de la complicidad entre Fuerzas Armadas y autodefensas desde 1996, en un tiempo en que esta connivencia era una realidad soterrada. En junio de ese año, denunció la ejecución de cinco personas en el corregimiento de La Granja, y por eso tuvo que abandonar el municipio. En octubre de 1997, Valle tomó la vocería por la segunda masacre ocurrida en su municipio, esta vez en el corregimiento de El Aro, en la que murieron 14 personas. Dos años de reiteradas manifestaciones en contra de la nociva combinación Ejército-‘paras’ lo hizo merecedor del título “enemigo de las Fuerzas Militares”.

La etiqueta la recibió de quienes eran dos de las más grandes autoridades de Antioquia: el gobernador Álvaro Uribe Vélez y el comandante de la IV Brigada, Carlos Alberto Ospina. “Es absolutamente falso que personas ajenas a la patrulla hayan participado en labores militares realizadas en Ituango”, dijo en su momento Ospina, luego del incidente del bus reseñado por Valle. En el seno del gobierno departamental, las palabras del abogado eran percibidas como ataques directos a la institucionalidad. Sin embargo, el tiempo le daría la razón a Valle. El primero de julio de 2006, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana por las masacres  de  El Aro y La Granja (Ituango, Antioquia).

En espera del fallo

Poco o nada es lo que ha sucedido, en términos penales, desde el asesinato de Jesús María Valle. El expediente 26.017 de la Fiscalía resultó en el llamamiento a juicio de diez personas el 21 de mayo de 1999 por paramilitarismo y homicidio agravado,


pero el ente ni siquiera logró hacer efectivas las órdenes de captura en su contra. De la decena de sindicados, tres fueron condenados en ausencia: Álvaro Goez y Jorge Eliércer Rodríguez a 40 años de prisión y Carlos Castaño a 20. El 6 de abril de 2001, el Tribunal Superior de Medellín redujo el fallo a 25 y 9 años, respectivamente. El 19 de diciembre de 2001 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía abrió un nuevo proceso, el cual fue suspendido dos años más tarde.

En la Procuraduría nunca avanzó algún proceso disciplinario porque nunca hubo funcionarios públicos investigados por el asesinato. Sólo en el Tribunal Administrativo de Antioquia prosperó la demanda de reparación directa que fue interpuesta por una hermana de Valle. Aunque la pretensión fue negada en primera instancia, el Consejo de Estado les otorgó la razón a los demandantes, a quienes el Estado aceptó indemnizar por $1.700 millones, cifra bastante superior a la usual en estos casos. Sin embargo, varios de los integrantes de la familia Valle encontraron insignificante la propuesta oficial para reivindicar la memoria de Jesús María, por lo que se han rehusado a recibir el dinero.

En marzo de este año, las partes expusieron ante la Corte Interamericana sus últimos argumentos en torno a la muerte de Jesús María Valle. El Estado colombiano lamentó “profundamente” los delitos cometidos y aceptó que falló a la hora de brindarle protección al jurista, pero rechazó admitir la participación de agentes oficiales en el crimen. “Los lamentables hechos ocurrieron por omisión en el cumplimiento del deber de garantía”, fue su argumento. El Estado también admitió que el asesinato de Valle Jaramillo puede haber tenido relación con sus repetidas denuncias, pero reiteró que la muerte de Valle ocurrió en el marco de una violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos a finales de los años 90.

No obstante, para María Victoria Fallon, representante de los familiares de Valle ante la Corte Interamericana, es más que evidente que Jesús María fue asesinado por las actividades que realizaba y que el Estado sí participó en su ejecución. La Fiscalía Regional de Medellín comprobó que existía una lista de “eliminables”, entre los que figuraba Valle Jaramillo, y “el mismo Mancuso ha asegurado que esa lista se la entregó el general Alfonso Manosalva, pero como Manosalva murió, ahí murieron también las indagaciones”, le dijo Fallon a El Espectador. Manosalva fue el comandante de la IV Brigada del Ejército que tanto cuestionó Valle, desde diciembre de 1995 hasta abril de 1997, cuando falleció.

En la Casa de Nariño, éste es un tema espinoso. Las enérgicas confrontaciones del entonces gobernador de Antioquia con el jurista siempre han sido un asunto incómodo para Uribe cada vez que se enciende el debate por la muerte de Valle. “Yo siempre vi que había como un acuerdo tácito (...) entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño”, fue una de las afirmaciones que hizo Valle Jaramillo ante la Fiscalía de Medellín un día antes de su asesinato. Al final, será el papel de la Corte Interamericana definir, en su criterio, el papel que desempeñó el Estado en la desaparición de uno de los más destacados defensores de Derechos Humanos que conoció Colombia.

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