Un contraalmirante en apuros judiciales

<p>Por presuntos nexos con el narcotráfico, el fiscal Mario Iguarán profirió medida de aseguramiento contra el destacado oficial Gabriel Arango Bacci.</p>

Pocos minutos después de ser enterado de que la Fiscalía General de la Nación ordenó su captura, el contraalmirante Gabriel Arango Bacci, uno de los oficiales más destacados de la Armada Nacional, hizo su maleta y se presentó voluntariamente a las instalaciones del CTI en Cartagena. Diez meses después de que el fiscal Mario Iguarán lo vinculara formalmente a un proceso por sus presuntos favorecimientos al narcotráfico, profirió medida de aseguramiento en su contra.

La decisión del ente acusador fue sindicarlo de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. Es decir, que al parecer el almirante Arango Bacci tuvo contactos con narcotraficantes y recibió dineros de ellos, a cambio de entregarles información privilegiada a carteles de la droga para que se movieran a sus anchas. Además, lo sindicó de haber movido una fragata que estaba fondeada cerca de la isla de San Andrés en 2004, para facilitar un envío de droga.

El proceso judicial contra el contraalmirante Arango Bacci se empezó a gestar el 14 de marzo de 2007, cuando un informe de contrainteligencia dio cuenta de que el oficial sostenía relaciones con extraños personajes y apareció un recibo que señalaba un supuesto pago en su favor por US$115.000. El documento estaba suscrito por un desconocido que se hacía llamar “El señor de la herradura”. Los investigadores sospecharon que se trataba de alguna acción ilegal y reportaron el caso al Ministerio de Defensa.

Dos meses después, sin mayores explicaciones, el destacado oficial, con 36 años de carrera, quien se perfilaba como uno de los más opcionados para ocupar el cargo de máxima autoridad de la Armada, súbitamente fue llamado a calificar servicios. Y exactamente un mes después, y de manera misteriosa, el mencionado informe de contrainteligencia fue filtrado a los medios de comunicación, dando pie a un escándalo judicial que terminó en la investigación de la Fiscalía.

Posteriormente, la defensa del contraalmirante Arango Bacci comenzó a librar una dura batalla por desmontar los cargos en su contra. Y parcialmente lo estaba logrando. De hecho, un estudio dactilar y grafológico de la Fiscalía, fechado el 19 de


octubre de 2007, constató que la huella de Arango, que supuestamente aparecía en el recibo, resultó un montaje. Pero luego vendrían otras pruebas y declaraciones que lo volvían a comprometer en acciones ilícitas.

En esta investigación se presentaron los testigos Juvenal Serna Amarís, conocido con el alias de Blacho; Eyssin Matos Montero y Jaime Alberto Pérez Charry, quienes aseguraron haber visto a Arango en varias reuniones donde había presencia de personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Fueron 15 meses de un largo debate judicial que parcialmente terminaron ayer, cuando la Fiscalía ordenó capturarlo y, de paso, compulsó copias para investigar a los oficiales Carlos Humberto Pineda Gallo y Álvaro Echandía Durán.

Al conocer la decisión, el contraalmirante Arango insistió en su inocencia. Entre tanto, su abogado Jaime Granados calificó la determinación como “una monstruosa injusticia” y señaló que presentó cinco conceptos técnicos y evidencias de las contradicciones de los testigos. El abogado Granados se quejó de que se le negara al oficial el beneficio de la detención domiciliaria, con el argumento de que Arango Bacci constituye un peligro para la comunidad y podría obstruir a la justicia.

Reversazo en caso ‘Tasmania’

José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, está dispuesto a retractarse. El ex ‘para’, causante de uno de los capítulos más polémicos en el historial de las disputas entre la Corte Suprema y el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó temer por su vida y por la de su familia. De hecho, trascendió que en una grabación, Tasmania desmintió  que el magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez, le había ofrecido ciertas prebendas a cambio de un testimonio que comprometiera a Uribe Vélez.

El primer episodio de este pulso tuvo lugar en septiembre de 2007, cuando Tasmania escribió una carta dirigida al Primer Mandatario en la que aseguraba que dos funcionarios de la Fiscalía, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, le habían ofrecido “rebaja de condena, protección de testigo y ubicación de familia, a cambio de información sobre la autoría intelectual del Presidente (...) en un atentado contra René, ex miembro de las Auc (...) Iván Velásquez me ratificó el ofrecimiento de los beneficios”.

El documento generó una gran controversia. Iván Velásquez Gómez es el magistrado auxiliar de la Corte que coordina todo lo referente a la parapolítica, tema por el que ya hay 67 congresistas investigados. Por ello, la carta de Tasmania, según detractores del Ejecutivo, no era más que una falacia en busca de cortarle las alas a la iniciativa del alto tribunal por conocer hasta dónde llegaron los tentáculos del paramilitarismo en el país.

Uribe Vélez no lo consideró así. De hecho, el mandatario reaccionó enérgicamente ante la existencia de la carta. Apenas supo de su contenido, le solicitó a la Fiscalía que se indagara al respecto. Incluso, llamó a Velásquez para cuestionarlo por lo sucedido, a lo que la Corte respondió apoyando plenamente a su funcionario. César Julio Valencia, entonces presidente del alto tribunal, expresó que tal actitud era una posible obstrucción de justicia.

Hasta esta semana, el roce entre el Ejecutivo y la Corte Suprema por el tema Tasmania no había pasado de acusaciones y defensas. Pero ahora que parece ser un hecho que el ex ‘para’ se retractó y que Iván Velásquez nunca lo presionó para testificar contra Uribe Vélez, es la credibilidad de la Casa de Nariño, en donde las declaraciones de Tasmania nunca fueron puestas en duda, la que está en tela de juicio.