Un drama que nos toca a todos

En la última década, más de 23.000 personas fueron secuestradas. Las Farc son, la mayoría de las veces, los autores del crimen.

La privación ilegal de la libertad, tanto por parte de grupos armados como de bandas delincuenciales, ha sido una constante en Colombia, no en los últimos 20 años, sino en los últimos 50. Cinco décadas atravesadas por este flagelo que, en Colombia, se tradujo en “la combinación de todas las formas de lucha” que prometieron las Farc desde 1982, bajo el mando de Jacobo Arenas, pero de la que  han tomado provecho también el Eln, otros grupos subversivos de menor capacidad e, incluso, los paramilitares, los cuales —supuestamente— surgieron para combatir esos métodos guerrilleros reprochables.

El primer caso más sonado de secuestro conocido en Colombia tuvo lugar en 1965: Harold Eder. El 20 de marzo de ese año, el hombre de 62 años de edad fue secuestrado en su hacienda Quebradaseca, en Corinto (Cauca). Eder, ex ministro de Fomento, era el propietario del ingenio azucarero La Manuelita, uno de los más importantes del país en ese entonces y ahora. A pesar de que la Tercera Brigada del Ejército creó un grupo élite para su rescate, el cuerpo de Eder apareció un mes más tarde en una tumba que se construyó en una capilla de su compañía.

Aunque después de Eder sucedieron muchos otros episodios similares, sólo 28 años más tarde se creó el Estatuto Nacional Contra el Secuestro. Ésta fue una iniciativa de la fundación País Libre, la primera organización civil fundada a raíz de este tema. Cabe anotar también que esta organización surgió por el impulso de varios colombianos, entre ellos Francisco Santos Calderón, hoy vicepresidente de la República, quien fue retenido en 1990, durante ocho meses, por   el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.      

El secuestro con fines políticos ha sido la cara más visible de este flagelo. Cómo no recordar casos como el de José Raquel Mercado, líder sindical detenido y asesinado por el M-19 en 1976; el de Andrés Pastrana, quien fue elegido alcalde de Bogotá dos meses después de salir del cautiverio, en 1988; o el de Álvaro Gómez Hurtado, plagiado el 29 de mayo de 1988 también por hombres del M-19; el de Juan Carlos Gaviria Trujillo, hermano del ex presidente César Gaviria, retenido por un grupo autodenominado Jorge Eliécer Gaitán. La lista continúa y es bastante extensa. 

Sin embargo, en el país, este delito no sólo adquirió forma política, sino también económica, por lo que en la última década ha tocado a miles de familias que han visto cómo guerrilleros y delincuencia común, sobre todo, secuestran a los suyos a


cambio de dinero. Cifras oficiales indican que, en promedio, los guerrilleros reciben $60 millones por cada rehén. Y las Farc, según Fondelibertad, son las ‘reinas’ del plagio extorsivo: en los últimos 10 años secuestraron a 6.484 personas con el propósito de pedir dinero por su liberación.   

Según datos de esta misma entidad estatal, entre 1996 y 2007 en Colombia fueron privadas de su libertad 23.666 personas. Las Farc fueron halladas responsables en el 29% de los casos; el Eln, en el 23%; la delincuencia común, en el 16,5% y las autodefensas, en el 5%. El 22% de las veces no se supo quién cometió el secuestro, aunque en Colombia esta práctica se ha vuelto tan perversa que si un delincuente secuestra a alguien para ‘vendérselo’ a la guerrilla, ya nadie se sorprende. Así, durante años, este crimen contra la humanidad se ha perfeccionado al punto que los secuestrados parecen haber perdido su condición humana, para ser conocidos hoy como una ‘bolsa’ de canjeables.

Porque no queremos más secuestro

A partir de este miércoles y hasta el próximo domingo 20 de julio, día para el que fue  convocada la segunda gran marcha nacional en contra del plagio, El Espectador les presenta a sus lectores una serie de informes relacionados con el drama del secuestro.

El propósito de este diario es recordar por qué éste es un flagelo que afecta a miles de colombianos. Por qué es un delito contra quienes dejan parte de su vida en las selvas, y contra toda la humanidad. Por qué retener a alguien ilegalmente es desconocer nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, las cuales consignan que “todas las personas nacen libres e iguales”.

Más allá del debate de si existe o no un conflicto interno, es claro que la guerrilla y el Gobierno tienen muchos asuntos por resolver. Pero, a pesar de esto, la dignidad de los colombianos está por encima de todo, por ser reconocida por nuestra  Constitución Política como un derecho fundamental innegociable y que no se pierde con el paso del tiempo. Por esta razón, con el especial periodístico “No más secuestro”, este diario se une al clamor de todos los ciudadanos: ¡Libertad!

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