¿Y usted qué le cambiaría a la justicia?

Algunos plantean acabar con la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura, y revivir el Ministerio de Justicia.

Vientos reformistas soplan al Poder Judicial colombiano en momentos en que las posiciones del presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia se radicalizan. El primero dice que sigue adelante con su propuesta de convocar a un referendo para repetir las elecciones de 2006 ante el manto de duda puesto sobre su reelección y, la segunda, exhorta al Gobierno a que respete y acate sus fallos, cual si fueran los de cualquier juez de la República.

Inicialmente fue el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien pocos minutos después de asumir el cargo anunció que impulsaría una reforma en consenso entre las tres ramas del Poder Público, la cual, según dijo, debe desembocar en una justicia “pronta, eficaz, fluida, cordial y armónica”. Luego, el jueves pasado, en una reunión con directores de medios de comunicación, el Presidente aseguró que dicha reforma, que será presentada al Congreso el próximo 20 de julio, no estará permeada por su pelea con la Corte y dio pincelazos de los puntos que incluirá: doble instancia, aplicación del sistema acusatorio en todas las jurisdicciones y cambios en el sistema de elección y en los requerimientos mínimos para ser magistrado.

Hoy, cuando el Primer Mandatario cabalga sobre un 91% de favorabilidad tras el éxito del operativo que permitió la liberación de Íngrid Betancourt y 14 secuestrados más, todo indica que está decidido a darse la ‘pela’ y hacer realidad una meta trazada desde 2002, cuando llegó al poder, la cual, a pesar de muchos intentos, no ha podido sacar adelante, unas veces porque se han cambiado las prioridades de sus políticas y otras por la misma falta de voluntad en el Congreso. ¿Pero qué piensan los que conocen del tema? ¿Qué reformas le harían ex magistrados de las altas cortes, ex fiscales, juristas y analistas?

El Espectador consultó a algunos de ellos, quienes dividieron opiniones y se atrevieron a proponer sus propias reformas. Para el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, uno de los cambios que debería tener la Rama Judicial tiene que ver con lo que llama “la duplicidad de investigaciones” por hechos que conocen la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. “Eso implicaría despenalizar algunas conductas, porque me parece que hay una inflación en el sentido penal y de las faltas disciplinarias, por ejemplo, el abuso de autoridad”. En este sentido propone dividir competencias, al tiempo que plantea revisar la forma de elección de los funcionarios de los órganos de control, la Fiscalía y los magistrados de las altas cortes, con el fin de “aislarlos de las influencias de contenido político”.

Jorge Armando Otálora, ex vicefiscal, ahonda en el asunto del sistema acusatorio, el cual, en su concepto, está bien concebido pero si no se le respalda con más policía judicial y se le apoya económicamente “puede llegar a colapsar”. Según el ex funcionario, en los jueces de pequeñas causas se está formando un “nudo”, ya que la ley los creó, pero no se dieron las partidas presupuestales para su funcionamiento. Otro ex vicefiscal, Francisco José Sintura, plantea una reforma puntual: eliminar los beneficios y rebajas de penas para el crimen organizado. Sintura propone también modernizar la Defensoría del Pueblo, a la que llama “de los pobres”, y habla de la necesidad de capacitación de la policía judicial.

Alguien que estuvo en el primer mandato de Álvaro Uribe como viceministro de Justicia fue Rafael Nieto Loaiza. Sus propuestas son audaces: dice que hay que eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, establecer un sistema de control disciplinario de carácter colegiado —“que se podría entregar al Colegio de Abogados”—, y que la gestión administrativa pase a cargo de un consejo conformado por los presidentes de las cortes, quienes podrían nombrar un gerente. Asimismo, cree que debe haber una segunda instancia a la Sala Penal de la Corte Suprema y que se tienen que establecer mecanismos para controlar el “choque de trenes”.

Pero además, el ex viceministro señala que se debería crear la oralidad en lo contencioso administrativo y piensa que la función de la Procuraduría en materia penal no tiene sentido. Propone también revivir el Ministerio de Justicia y tener un Consejo de Política Criminal que actúe y coopere con el sistema, “porque hoy no funciona”. Por último, propone una edad


mínima de entrada para ser magistrado. “Creo que se debe subir la edad mínima a 50 años y eliminar la edad de salida que hoy es de 65. Eso no tiene sentido. La edad promedio de quienes integran la Corte Penal Internacional es de 71 años”.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se declara también partidario de una reforma a fondo de la justicia. “Hay que simplificar los procedimientos para tener pronta justicia”, indica, y tras hablar de la supresión del recurso de casación, pone sobre la mesa una propuesta que para algunos es la más agresiva: “Hay muchas cortes y estaría bien tener máximo dos: la Constitucional y el Consejo de Estado. El Poder Judicial hoy es muy grande, tiene muchos jueces y los procedimientos se hacen lentos. Menos órganos significan más rapidez. Necesitamos una justicia contemporánea, porque la que tenemos es todavía del siglo XIX”, enfatiza.

En la otra orilla de estas concepciones está la posición de Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien piensa que dentro del debate actual no es procedente adelantar las reformas que se están planteando, las cuales, indica, “están orientadas a neutralizar la actividad de la Corte Suprema en relación con las personas involucradas con grupos paramilitares, especialmente políticos cercanos al gobierno Uribe”. Sin embargo, es partidario de reformas en la administración de justicia, las cuales deben estar orientadas a garantizar la realización de los derechos de las personas en forma rápida y ágil. En esa misma línea se mueve el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, quien cree que en las actuales circunstancias, introducirle una reforma más a la Constitución en materia de justicia es algo “absolutamente inoportuno”.

Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, apunta hacia otro lado y dice que la primera reforma que se debe hacer es “suprimir la Comisión de Acusaciones de la Cámara por inoperante” y el ex senador Darío Martínez, experto en la materia, lanza una sentencia: “El sistema judicial en Colombia está en crisis”. Y entrega sus tesis: hay que suprimir la facultad de los tribunales y de las cortes para la elaboración de ternas de algunos funcionarios de control; se debe establecer la carrera judicial para acceder a las altas cortes; es necesario modificar algunas competencias de la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la revisión de los actos legislativos expedidos por el Congreso; hay que acabar con la función judicial del Legislativo y se deben modificar las mutuas competencias para investigar y juzgar a los altos funcionarios del Estado.

Propuestas van y vienen. Sin embargo, extramicrófono, otros consultados se atreven a tocar la llaga sin revelar sus nombres. “Una verdadera reforma es aquella que impulse un severo régimen de inhabilidades para los magistrados de las altas cortes; que establezca mecanismos económicos y jurídicos para que después de cumplir sus períodos, los magistrados no salgan a litigar ante los organismos que pertenecieron; que después de ejercer sus cargos queden impedidos por un buen lapso de tiempo para aspirar a puestos políticos y que se diseñe un mecanismo para acabar de una vez por todas con el nepotismo judicial”. Como quien dice, falta ver quien le pone el cascabel al gato en este nuevo pulso que tendrá como escenario el Congreso y como telón de fondo a la justicia.

Reforma  buscaría segunda instancia

En la próxima legislatura, el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un proyecto de reforma a la justicia, una de las prioridades del nuevo ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, anunciada desde su posesión. La iniciativa incluye la creación de una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.

Hasta ahora, las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia a los altos funcionarios tienen única instancia, por lo que sólo los magistrados de la Sala Penal son los encargados del juzgamiento, por ejemplo, de congresistas, los cuales no tienen la opción se solicitar otra revisión.

Para evitar esa situación, varios legisladores, cuando se han percatado de investigaciones en su contra por supuestos nexos con grupos paramilitares, han preferido renunciar a sus curules para que sea la Fiscalía y los jueces especializados los encargados de llevar sus procesos. Allí pueden acudir al recurso de apelación.

Algunos senadores y representantes han intentado introducir esta reforma vía Congreso, pero sus iniciativas han fracasado.