A juicio ex ministros de Estado

Luis Carlos Valenzuela y Luis Fernando Ramírez presuntamente sacaron provecho indebido de un cliente. Según el Fiscal General se debieron haber declarado impedidos para adquirir acciones de una empresa de gas.   

En una determinación que marca un duro precedente jurídico en materia de manejo de información reservada en el mundo empresarial en Colombia, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, llamó a juicio, en segunda instancia, a los ex ministros de Estado Luis Carlos Valenzuela y Luis Fernando Ramírez Acuña y al ex viceministro Felipe Riveira Herrera. Como ya lo había revelado  El Espectador, los hechos que tienen en problemas jurídicos a los ex funcionarios se remontan a 2002 cuando el empresario Armando Lloreda Zamorano, quien fungía como accionista de Transgas de Occidente S.A., decidió que quería ampliar su participación en la firma adquiriendo las acciones que las empresas Gasoriente, Spie Capag Jersey Ltda., Fluor Daniel de Colombia e Ismocol de Colombia S.A. tenían en Transgas.

Esta empresa conformada por firmas nacionales y extranjeras, en 1995 ganó una licitación abierta por Ecopetrol para traer el combustible, a través de gasoducto,  de los campos de producción en el norte y oriente de Colombia, hacía los mercados del centro y sur occidente del país. Como de tiempo atrás Lloreda conocía al ex ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela, quien era socio de la banca de inversión Sumatoria que presta asesoría en estos casos, y había trabajado con él en Corfivalle, le dio a conocer su plan, hasta ese momento secreto, a través del cual buscaba adquirir las acciones. Para ese fin ya había adelantado conversaciones con accionistas de Transgas. Intuyendo que el negocio era prometedor Lloreda, consultó también a expertos como Hernán Mejía, presidente de Correval, y a Juan Cristóbal Romero, del Ingenio La Cabaña, compañía que también tenía interés en comprar acciones a través de uno de sus mayores accionistas: David Seinjet Neirus.

Además, contrató a la banca de inversión Invercor S.A. y a varios abogados que evaluaron a Transgas S.A. y crearon un cuarto de datos para posibles compradores de acciones. Cuando Lloreda obtuvo la opción de compra de las acciones que Fluor Daniel de Colombia Ltda. poseía en Transgas de Occidente, en octubre de 2002, se reunió con Luis Carlos Valenzuela y sus socios en Sumatoria, Felipe Riveira y Luis Fernando Ramírez y se acordó que ésta vendería las acciones de Fluor Daniel a un precio de US$1,15, con lo cual esa firma ganaría una comisión del 8% del valor de la venta.

Pero sabiendo que había más posibilidades de negocio, según la providencia del Fiscal General, los ex funcionarios del Estado fueron tras las acciones que la firma internacional Spie Capag Jersey Limited tenía en Transgas y en las que también estaba interesado Lloreda. Para ese fin crearon dos empresas, Portgas S.A. y Gasolar S.A. en enero de 2003 en la Notaría sexta de Bogotá. Ese día comparecieron  Valenzuela, Ramírez y Riveira con el fin de constituirlas con un capital de un millón de pesos. “El gerente general de Transgas de Occidente certificó mediante oficio de noviembre 13 de 2003 que a mayo 31 de 2003 figuraba aún como accionista Spie Capag Jersey y a  junio 10 de ese año en su lugar figuraba Portgas y Gasolar S.A.”, señala la providencia.

En últimas, Valenzuela, Ramírez y Riveira terminaron siendo socios de la empresa de gas -según la Fiscalía- aprovechando o valiéndose de información confidencial    que conocieron mientras asesoraban al empresario que los buscó para que le ayudaran a comprarlas.

Por eso, el Fiscal confirmó el llamado a juicio contra Ramírez Acuña, Valenzuela Delgado y Riveira Herrera por el delito de utilización indebida de información privilegiada.

“La responsabilidad de los socios de Sumatoria deriva del acuerdo de confidencialidad firmado con anterioridad a la compra de las acciones y no excluía a los sindicados del conflicto de intereses para la negociación de las acciones mencionadas tantas veces, porque debieron declararse impedidos para adquirirlas en su beneficio y en el del señor Seinjet”, afirma Iguarán. Aunque en primera instancia el empresario David Seinjet, había sido llamado a juicio por divulgación y empleo de documentos reservados, Iguarán aseguró que su rol fue el de comprador de unas acciones, que  Lloreda mantenía como opción de compra, que al final no realizó debido al vencimiento de dicha facultad y de negociación del precio.

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