“La reelección rompe principios de igualdad”

El saliente Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, afirmó que un jefe supremo del Estado, con todo el presupuesto y mecanismos a su disposición, no les da oportunidad a los otros aspirantes.

Sostuvo que el país no puede volver por los fueros del ex presidente Rafael Núñez, porque éste creó una hegemonía de 40 años, por eso urgió la necesidad de revivir el esquema gobierno - oposición.  De la reforma política dijo que ésta, más que transformar, buscó hacerle daño al país. Advirtió que un mandatario no debe postular a quien lo va a vigilar y que si la Corte Constitucional termina subordinada, debe desaparecer.

Finalmente sentenció que en el caso de la parapolítica, los involucrados deben tener las mismas censuras y sanciones de quienes han cometido delitos de lesa humanidad.

El próximo 13 de enero, Edgardo Maya Villazón, culmina un período de ocho años de haber permanecido en el cargo de procurador general de la nación. Tiempo en el que desató tempestades, dejó sin fuero a congresistas y le decretó la muerte política al ex ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, uno de los principales escuderos del presidente Álvaro Uribe durante su primer mandato.

Maya Villazón dijo que creará una fundación y se dedicará a hacer análisis políticos de la situación del país. El saliente jefe del Ministerio Público, ha recibido cantos de sirena y postulaciones para aspirar a ser otro inquilino de la Casa de Nariño, ni descarta ni desecha esa posibilidad. “…Simplemente tengo la disposición de prestar un servicio al país donde me requiera y para lo que me necesita”, dijo al momento de responder una entrevista con El Espectador el jueves pasado.

¿En qué condiciones recibió la Procuraduría y cómo la dejó?

Se entrega una Procuraduría con el ideal del constituyente de 1991 realizado, un órgano de control autónomo e independiente, totalmente contrario a lo que durante más de 100 años existió en el país y que consagró la Constitución del 86, que era un órgano adscrito a la Presidencia de la República. La adscripción, supone una subordinación y ésta supone una dependencia, así se diga lo que se diga. La Constituyente quiso que fuera un órgano autónomo que no estuviera ni a favor ni en contra de un gobierno, una  administración y de los órganos que debía vigilar y controlar.

¿Cómo hizo para sustentarse una Constitución reformada profundamente?

Los principios consagrados en más de 70 artículos, ahí están. La filosofía del Estado Social de Derecho está intacta. La constitución garantista y el principio de igualdad, todos esos derechos también están ahí. Lo que hay es que realizarlos.

Pero en sus conceptos ante la Corte Constitucional estuvo reclamando esos derechos.

Hemos salido en defensa de las garantías de los trabajadores, en materia de derechos humanos, en el tema de los homosexuales y de las minorías étnicas. Para todos estos sectores la Constitución tiene garantías.

Independientemente de que sea este gobierno o no, hay quienes creen que algunos principios garantistas no se han visto.

Desde ese punto de vista yo creo que en materia de derechos humanos hemos avanzado. Todavía la crisis subsiste, aún hay temas que están latentes y en acción. Hay masacres, discriminación y falta de garantías. Se ha avanzado y por lo menos el país está hablando de derechos humanos, del derecho a la igualdad, a la tutela, a la protección de los bienes públicos, al medio ambiente, en fin, la gama de derechos civiles y de garantías constitucionales que debe tener cualquier ciudadano. 

¿Cómo pensar en que se preserven estas garantías cuando se habla de que en la Corte Constitucional  hay magistrados proclives al Gobierno?

La Corte Constitucional tiene que vivir sobre su autonomía  e independencia.  El día que se vuelva subordinada, entregada al Gobierno y que no conserve su independencia, ese día la Corte debe desaparecer. El hecho de que sea el Presidente de la República el que terne tres magistrados, la Corte Suprema otros tres  y el Consejo de Estado tres


más,  como en los casos del Procurador y del Contralor, eso no ata ni supedita la objetividad que debe tener un magistrado, un procurador o un contralor. Desde el momento que se produce la elección, tiene una libertad para actuar de acuerdo con la Constitución.  Yo creo que a uno lo que lo ata en esos cargos es la Constitución, las leyes y los principios rectores que hay aplicar, y sobre todo, aspectos éticos que también hay que tener en cuenta.

Los críticos del Gobierno sostienen que el Fiscal, el Defensor y ahora el nuevo  Procurador, son cuotas del Presidente, ¿eso tiene lógica?

Yo creo que no se pude entrar a esa satanización que quiso hacer la reforma política. Esta reforma política, más que transformar, buscó causarle daño a las instituciones. Por eso yo decía que cualquier reforma que se intentara en el momento en que había la gran controversia entre la Corte Suprema y el Ejecutivo, se entendería como una venganza. Eso de satanizar  el hecho de que el Presidente terne al Fiscal y afirmar que  es un subalterno de él, o porque el Procurador lo terna la Corte o el Consejo de Estado, es también otro dependiente, no es así.

¿Cómo se pueden evitar esos cuestionamientos?

Yo estoy de acuerdo en que uno no debe candidatizar a quien lo  va a controlar. Para mí las que deben desaparecer son las facultades del Presidente para ternar al Procurador, debe mantenerse en la Corte Suprema, el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional.

¿La Procuraduría logró esa independencia con el Congreso?

Yo puedo dar fe de la independencia que ha habido. Hemos destituido parlamentarios, sancionado y multado senadores,  hemos pedidos absoluciones y condenas a congresistas que  votaron por la elección del Procurador.  Si ha habido una muestra de independencia total es durante estos ocho años en relación con el Senado de la República.

Por otro lado, ¿se puede hablar de independencia de poderes cuando en el Congreso la mayoría es uribista?

En el Congreso son factores políticos y las coaliciones los que entran a jugar. Lo que me parece viable para la democracia es el gran esquema  de gobierno –oposición. Lo válido para una democracia y eso lo practicó el ex presidente Virgilio Barco, es este esquema al cual debemos volver, porque nos garantiza  la eficiencia y la eficacia.

¿Qué concepto le merece el anuncio del nuevo procurador en el sentido de no hacer control sobre los congresistas?

Es una propuesta muy respetable que en el pasado se presentó y que yo como procurador no la compartí cuando el Congreso  quiso crear una comisión de ética para reemplazar la competencia del jefe del Ministerio Público. Pero ese es un nuevo debate que viene, y yo me he comprometido a no entrometerme, opinar, abstenerme sobre los propósitos y las decisiones de todo lo que haga el nuevo procurador, porque es un tema elemental de decencia de que uno debe tener cuando se sale de una posición.

¿Qué opinión tiene de la reelección presidencial?

Reitero lo que dije en mi concepto ante la Corte Constitucional, debemos sustraer del tema la figura del presidente Álvaro Uribe, es la institución de la reelección. Creo que la reelección presidencial rompe todos los principios de igualdad. Un jefe supremo del Estado con todo el presupuesto y mecanismos a su disposición, rompe la igualdad frente a otro candidato que vaya a postularse. Ese aspirante a la reelección por primera o segunda vez, debe tener unas condiciones tan malas y tan bajas  que sea  derrotable por  otro.

Si se da el caso, ¿tendríamos algo parecido al gobierno del ex presidente Rafael Núñez?

A mí la historia de Núñez no me agrada para el país. Núñez lo que terminó fue imponiendo una hegemonía que duró 40 años.

¿Entonces el país está recorriendo esos pasos?

Todavía estoy en el pensamiento de Alberto Lleras y prefiero a Parra (Aquileo) que a Núñez. Porque las doctrinas liberales que imperaron en el momento fueron válidas y aún siguen siendo válidas.  Los principios liberales no son


principios para ejercer la política si no una actitud filosófica y ante la vida que la necesitan los pueblos y la democracia.  Desde luego que debe haber toda forma de controles, de estructura y autoridad, pero también debe haber un respeto por las libertades públicas de los ciudadanos.

¿No cree que el partido liberal y el resto de organizaciones políticas se uniformaron y terminaron al lado del uribismo?

Yo lo he dicho muchas veces que nuestra nación, sobre todo los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales y la clase dirigente, siempre es gobiernista. Los partidos políticos siempre se alinean al lado del poder, del presupuesto, los contratos, las prebendas y al lado de toda una coalición de gobierno, y de manejar el poder. La historia de la humanidad y la lucha eterna, es la lucha por el poder, y eso es legítimo.  Así es en todas partes del mundo, desde la democracia más alta hasta la más baja.

En medio de todo esto, ¿en qué concepto queda el Partido Liberal?

El Partido Liberal ha desempeñado un poder como partido, pero tengo todavía unas limitantes (para seguir hablando del tema)  porque sigo como procurador. De todas formas creo que en las democracias deben existir y consolidarse los partidos. No estuve de acuerdo con la proliferación de partidos, de movimientos de garaje y la atomización de los partidos, porque uno de los sostenes de la democracia son los partidos, pero  partidos con principios y tradición, y sobre todo con proyectos políticos serios y sustentos éticos de todas sus actividades.

En círculos políticos se habla de que Edgardo Maya podría ser candidato presidencial, ¿le suena la idea?

Esas son bondades de la gente. Yo lo que le he hecho es  hacerle un servicio a la nación y simplemente tengo la disposición de prestar un servicio al país donde me requiera y para lo que me necesite.

Se insiste en que ha habido cantos de sirena por algunos sectores.

A uno le susurran al oído, sobre todo cuando tiene tanto poder, puestos e incidencia en muchas cosas, pero vamos a esperar eso después del 13 de enero (el día que deja su cargo), cuando es más válido todo. A mí no me gusta que se confunda la investidura que uno tiene como procurador con la condición personal. Vamos a ver cuando el 14 de enero sea un ciudadano común y corriente, para ver cuáles son las perspectivas y ahí si comenzamos a pensar en el futuro.

¿Cómo observa el tema de la parapolítica?

Eso le ha hecho gran mal a las instituciones. Aquí han existido dos grandes actores vulneradores de los derechos humanos: la guerrilla, que son los campeones y  los máximos depredadores, y las atrocidades y los horrores de los paramilitares que han tenido igual censura, y deben tener el mismo tratamiento criminal que se debe aplicar con quien actúa en la violación de los derechos humanos, sobre todo en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Pero algunos de sus críticos dicen que usted hizo poco frente al tema.

No señor. Se constituyó una unidad y ahí están todas las sanciones, destituciones e inhabilidades por más de 20 años para senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.  Ahí están las decisiones e investigaciones que se están adelantando. Están también las posiciones de la Procuraduría en las audiencias públicas en los procesos por paramilitarismo con relación a la dirigencia política. Por encima de todo, hemos defendido el estado de derecho y el orden jurídico frente a estas actividades que desdicen de una democracia.

Hay quienes afirman que el proyecto era crear un estado paramilitar, ¿usted cree en eso?

Eso era lo que se intentaba y creo que hubo una ruptura muy grande. Se ha desvencijado y desmantelado esa estructura. Yo he sido partidario de la extradición de los jefes paramilitares y se aisló esa dirigencia hasta mandarla a


las cárceles de los Estados Unidos,  todo porque no teníamos la capacidad para manejar la situación con relación a esos personajes.

¿Por qué terminó sancionando más  políticos costeños que en otro lugar del país?

Creo que el nivel de sanciones a nivel  municipal, departamental y nacional ha sido parejo. Lo que pasa es que se presentó la situación del paramilitarismo y la vinculación de los dirigentes políticos y ahí hubo que intervenir en ese sector.

¿Qué lectura le hizo a ese fenómeno en su región?

Ese es un fenómeno político que se produjo y hay que reconocerlo que se originó en la ausencia del Estado, pero llegó a unos niveles que no justifican esa existencia. A mí me gustan más las acciones preventivas, que no ocurran los hechos, pero una vez sucedidos, las acciones deben ser ejemplarizantes.

¿Le afectó lo sucedido con sus hermanos?

Quedó demostrado que en la responsabilidad individual que cada uno tiene de su conducta, no tuve ningún involucramiento, cosa que no me hubiera perdonado el país. Estaría procesado, pero creo que la pulcritud y la forma como he actuado, me permiten  tener la frente en alto y sobre todo, mantener las manos vacías pero limpias.

¿Qué tanto daño le han hecho al país los falsos positivos?

Yo creo que frente al éxito de las Fuerzas Armadas, que es demostrable y además ha sido saludable para el país, está ese lunar. Me complace la actitud que ha tomado el Gobierno, con el ministro Santos a la cabeza,  el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla; el director de la Policía y demás miembros de la Fuerza Pública, adversos al más mínimo patrocinio de esto.  Pienso que debe haber la obligación con el país, por parte de la Procuraduría y la Fiscalía,  de entregarle  resultados de estos procesos. Y no es solamente a los colombianos sino al mundo entero.

¿Cuántos procesos de estos tiene la Procuraduría?

Son 930 procesos y 2.300 miembros de la Fuerza Pública que están involucrados en ellos, sobre los cuales hay que decidir si son responsables o no.

¿No le quedó una frustración por el caso de los procesos de privatización de empresas del Estado?

Ha habido un proceso de privatización alto. Yo comparto el criterio de que el Estado no debe tener ese carácter empresarial. El tema de las empresas de energía eléctrica, sobre todo las ventas que hacen falta en los santanderes, Boyacá, Meta y Cundinamarca, debe ser muy bien vigiladas porque esas empresas no se pueden regalar. Insisto en que llegó el momento de que el Estado tiene que participar accionariamente en esas empresas para recibir los grandes provechos que tienen los privados. Es una ironía muy grande, cuando todas las empresas de servicios públicos son improductivas y pasan a manos de los particulares, se vuelven de gran producción.

¿No piensa que la privatización generó corrupción?

Las privatización desplazó la corrupción que existía en las empresas de servicios públicos, pero hay unas acciones privatizantes que no se pueden admitir, como es el caso de los recaudos, porque esa es una de las atribuciones sobre las cuales el Estado no  puede desprenderse. Por eso hemos sido opuestos a esa política, porque llegará un día en que terminemos privatizando a la DIAN.

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