Cuando el Ejército afronta uno de los más grandes escándalos que lo ha sacudido en los últimos años, por la posible muerte de civiles que fueron presentados como falsos positivos, la Fiscalía General llamó a juicio a 10 oficiales en servicio y uno retirado por su presunta responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó, cometida el 21 de febrero de 2005. Se les imputan los delitos de homicidio en persona protegida, acto de barbarie y concierto para delinquir.
Con la decisión judicial fueron cobijados el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño, los tenientes Alejandro Jaramillo y Édgar García y los suboficiales Ángel María Padilla, Sabaraín Cruz, Henry Agudelo, Guasamayán Ortega, Ricardo Bastidas y Darío José Brago. Asimismo, fue acusado el subteniente en retiro Jorge Humberto Milanés Vega. Según la declaración entregada por el capitán (r) Guillermo Armando Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada por este crimen, 50 paramilitares del bloque Héroes de Tolová patrullaron con más de un centenar de uniformados que pertenecían a dos batallones de la Brigada XVII.
Afirmó que el coronel Espinoza como el mayor Castaño coordinaron con las autodefensas para desarrollar la Operación Fénix, durante la cual fueron asesinados cinco adultos y tres niños en zona rural de San José de Apartadó (Antioquia) y de Tierralta (Córdoba). “Lo que se ha probado dentro de la investigación es que hubo acompañamiento de miembros de las autodefensas en ese momento”, sostuvo el jefe del ente acusador. Por este caso se acogieron a sentencia anticipada los ex ‘paras’ Húber Darío Yáñez, alias Comandante 21; Joel José Vargas Flórez, alias Pirulo, y Jorge Luis Salgado David, alias Kiko.
En Mulatos Alto (Antioquia) fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, su compañera Beyanira y su hijo Deyner Andrés, de 11 años de edad. En La Resbalosa (Córdoba) fueron masacrados Alfonso Bolívar Tuberquia y su esposa Sandra Muñoz. Sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente, fueron degollados. En diciembre pasado, la Procuraduría solicitó que estos uniformados fueran llamados a juicio. Recién ocurridos los hechos, las autoridades responsabilizaron a las Farc y el Ejército negó haber tenido cualquier participación en los asesinatos.